Por iniciativa de la Mesa contra la Violencia Institucional más de 40 mujeres privadas de su libertad pudieron hacer o renovar su documento nacional de identidad, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas y el Ministerio de Justicia bonaerense.
Bajo la premisa de que el acceso al Documento Nacional de Identidad es un derecho básico de cualquier persona, y que permite el acceso a beneficios sociales, salud y educación, desde la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata se programaron dos jornadas de documentación en las unidades penales 50 y 15 de Batán, en coordinación con el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Ministerio de Justicia bonaerense.
Lucía Ivorra, como representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación, acudió esta mañana a la Unidad Penal 50, destinada a mujeres, donde se realizó la primera jornada, junto a integrantes de la Fiscalía Federal; Roberto Falcone, director provincial de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia; y representantes de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad. Allí lograron hacer el trámite más de 40 mujeres, algunas de ellas carecían de cualquier tipo de documentación personal. “La idea surge de la Mesa contra la Violencia Institucional a raíz de implementar la Universidad en la cárcel. Cuando empezamos a hacer los trámites nos dimos cuenta que había muchos detenidos que no tenían el DNI y por eso no podían hacer el trámite de inscripción”, explicó la joven abogada.
Por ello, en marzo se realizó un relevamiento voluntario tanto en la Unidad Penal 15, como en la 50, “pabellón por pabellón”. “De 1094 personas encuestadas, 304 no tenían DNI, y 165 no lo actualizaron a los 16 años. A raíz de eso, se coordinó tanto con el Registro Nacional de las Personas como con el Ministerio de Justicia, y se acordó la toma de trámite del DNI”, detalló Ivorra.
Uno de los puntos de la encuesta, en caso de que la persona manifestara no tener su DNI, consultaba el motivo. Y las respuestas fueron diversas: “Un porcentaje nunca había tenido DNI, otro tanto lo había perdido en traslados de unidad a unidad, y había quienes dijeron que lo tenía retenido la policía desde el momento de la detención”, mencionó la abogada.
“Nos parece como Mesa una acción muy importante, dado que no puede ser que el Estado condene personas que no tienen DNI”, expresó luego.
Enseguida, mencionó que “la propuesta es no quedarnos en esta acción sino avanzar”. La intención, dijo, es diagramar un proyecto para la implementación de un mecanismo que facilite en todas las unidades penales una delegación que haga el trámite del DNU, y que también en cada juzgado los magistrados tomen nota de esta situación “y hagan las gestiones necesarias y arbitren los medios para garantizar la tenencia de los DNI, ya que es una herramienta que habilita muchos derechos”.
“Es un derecho humano porque garantiza materialmente el acceso a la identidad, y también es un derecho llave, porque también permite acceder al derecho de la educación, de la salud y a los beneficios de la seguridad social”, destacó Ivorra.
En tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia, expresaron: “Este es un mecanismo muy importante de ampliación de derechos, ya que hace a la dignidad de la persona que cada interno tenga su DNI y pueda ser un ciudadano con todos los derechos que le asisten como tal. Tenemos que entender que la persona privada de su libertad el único derecho que pierde es el derecho a la libertad, pero todos los otros derechos tienen que serle permanentemente concedidos”.
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