El órgano, que depende de la OEA, pidió a las autoridades que determinen si el fallecimiento del fiscal está relacionado con su tarea profesional. También expresó su preocupación por las supuestas amenazas que al periodista Damián Pachterr
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que depende la OEA y cuya sede está en Washington, exigió hoy al Estado argentino que "investigue y esclarezca las circunstancias en las que tuvo lugar" la muerte de Alberto Nisman, "así como su posible relación con la causa sobre el atentado contra la AMIA".
En un comunicado, la CIDH llamó a las autoridades "a continuar con las investigaciones de oficio garantizando que sean conducidas con debida diligencia y de manera exhaustiva e imparcial, y siguiendo diversas líneas de investigación que tengan en cuenta si la muerte de Alberto Nisman podría estar vinculada a su labor como fiscal", advirtió.
En este sentido, "la Comisión urge al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de las defensoras y los defensores de derechos humanos, incluyendo de los operadores de justicia".
La nota también se hizo eco del caso del periodista Damián Pachter, el primero que informó sobre la muerte de Nisman en Twitter, quien abandonó la Argentina días atrás acusando haber sido objeto de amenazas.
"Posteriormente, en la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada, sede de la Presidencia argentina, se difundió la información sobre los vuelos contratados por el periodista, la cual fue proporcionada por la estatal Aerolíneas Argentinas a la agencia oficial Télam. El Gobierno sostuvo que la divulgó para mayor seguridad del periodista, cuyo paradero se desconocía hasta ese momento", recordó la CIDH.
Al respecto, la comisión "exhortó al Estado a adoptar medidas de protección efectivas destinadas a garantizar la vida e integridad del periodista, a investigar los hechos denunciados, y a garantizar el trabajo de la prensa en el contexto de la cobertura de este caso de tan alto interés público".
Apuntó que "el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento" y señaló que "los funcionarios estatales tienen la obligación de repudiar de manera clara, pública y firme los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, y abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente incrementen la vulnerabilidad de periodistas en situación especial de riesgo".
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