LA INDUSTRIA DEL JUICIO

* Matias Frati
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Para este año se estima que se iniciarán 62.000 nuevos juicios por accidentes laborales. Las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo están en el ojo de la tormenta. La provincia de Córdoba es el "bastión" de la industria del juicio. En Mar del Plata, ya quedan menos de una veintena de compañías. Reclaman un marco normativo que dé seguridad jurídica a la actividad.
Existe una gran preocupación en el mercado de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. Porque a un año de la implementación del nuevo régimen, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 1694, se elevaron los topes indemnizatorios pero sigue profundizándose el problema de los últimos años: la industria del juicio.
La situación es concreta. La doble vía del reclamo (por la justicia laboral y por la justicia civil) genera inseguridad jurídica, dado que por un mismo accidente las ART pagan indemnizaciones que luego siguen cursando contra los empresarios en la vía civil.
Un dato completa el escenario, y es que los valores quedan obsoletos por el fuerte incremento del costo de vida. Hasta hace pocos años, un obrero que moría en su puesto de trabajo significaba una retribución de $ 50.000. Luego se extendió hasta llegar a los $ 200.000. Pero la vida no tiene precio. La de nadie. Y la ley está incompleta, porque deja librado el accionar al reclamo civil, toda vez que la cobertura de las ART se queda corta para los deudos.
Así, en algunas provincias se ve cómo crecen año tras año las expectativas judiciales. Y para el 2010 se cree que en nuestro país habrá más de sesenta mil nuevos juicios iniciados por este tema.

Mercado local

En Mar del Plata el mercado está compuesto por unas 18 empresas que brindan servicios de ART, aunque no están en todas las actividades. Un ejemplo claro es lo que pasa en la actividad del puerto, donde son pocas las empresas que se arriesgan a prestar servicios en la pesca.
Es que la actividad tiene alta frecuencia de siniestros, y en ocasiones son catastróficos. Los especialistas dicen que es la peor combinación: alta siniestralidad y pagos muy caros. Pero eso se convierte en una alternativa para algunas compañías que están más dispuestas que otras a tomar ciertos riesgos. Sucede que al superar en un determinado porcentaje los cánones habituales de siniestralidad, la ley prevé que la actividad quede desregulada y que las empresas puedan cotizar por encima de las tarifas corrientes, debido al alto riesgo que implica la actividad.
Daniel Riera, uno de los referentes locales en el segmento de las ART, nos explicó que "desde noviembre del año pasado a esta fecha, todas las compañías incrementaron sus precios en el mercado; se estima que entre el 20 y 25%". Esto coincide con dos hechos puntuales: la entrada en vigencia del DNU que reguló por la fuerza el bache que dejaba la ley, y el porcentaje que las consultoras privadas entienden que rige en la inflación actual.
El especialista también hizo varias referencias acerca de lo que hace falta en el contexto de la actividad: "una nueva ley que de certidumbre al mercado, para que las compañías puedan dar cobertura en un marco sólido", explicó Riera. Para él, la ley debería contener cuatro aspectos muy precisos, como “poner énfasis en la prevención, determinar indemnizaciones equitativas y previsibles, propender a prestaciones de primer nivel, y que no deje baches para la libre interpretación judicial sobre la materia”.
Es evidente, además, y se da en el caso de nuestra ciudad, que las tarifas dependen mucho de lo que se asegura en la relación costo-beneficio que representa el bien a asegurar.

Números impactantes

Hay un dato que es simplemente impactante: desde 2003 a la fecha, la cantidad de asegurados casi se duplicó, pasando de 4.716.556 a 7.909.240 personas. Esto se produce en un marco de recuperación del empleo formal y reducción de la desocupación. Sin embargo, la relación de juicios iniciados cada 10.000 trabajadores cubiertos creció más fuertemente, pasando de un índice de 6,2 por 10.000 a 78.3 por 10.000.
Con estos datos, las estimaciones indican que con una fuerte tendencia alcista, la “industria del juicio” producirá 62.000 nuevas demandas para fin del año. En la evolución correspondiente a las provincias más importantes, Córdoba aparece como la que más presencia tiene en la "industria del juicio", con una evolución cada 10.000 trabajadores cubiertos muy acelerada, pues pasó de 21 casos en 2002 a 292 en 2010.
Nuestra provincia, Buenos Aires, evolucionó más levemente. Pasó de 6 juicios iniciados cada 10.000 trabajadores cubiertos en 2002, a 48 en el corriente año. Este dato se encuentra por debajo de la media nacional, que para el 2010 marca 78 casos.
El panorama también se complementa con un importante fraude laboral. Riera explicó que “los días lunes son los de mayor incidencia de recepción de denuncias en la semana”. ¿A qué se debe esto? A que muchos de los accidentes que se señalan como producidos en el trayecto de la casa al trabajo suelen ser falsos, y a veces provocados durante el fin de semana con actividades extra laborales.
Este tipo de fraude laboral, que es de poco valor económico, sumado a todo lo anterior, provoca grandes pérdidas para las compañías. Y es una de las preocupaciones del sector a la hora de procurar mejoras en los controles de gestión.

Causan inflación

La agenda sigue marcada por la inflación. La mayoría de las consultoras habla de un Índice de Precios al Consumidor (IPC) del orden del 2 al 2,5% en octubre. Pero desde el INDEC es muy probable que el reflejo de la inflación ronde del 0,8% al 0,9%.
Al respecto, existe una real puja por los bienes y servicios que consume el mercado argentino. Más gente que en los últimos tiempos se volcó al consumo, con una misma cantidad de productos fabricados (o a veces menos); es el caso de la carne, que genera una lógica distorsión de precios.
Sólo en el último año se perdió el 65% de los cortes que se exportan al exterior, lo que perjudica directamente al mercado interno. En tres años, el stock se redujo en más de nueve millones de cabezas de ganado.
Aunque no se haga cargo de lo que ocurre, éste también es un problema del Gobierno. La falta de inversión en el sector privado, tanto agropecuario como industrial, hace que la mayoría de los sectores estén alcanzando el tope de la capacidad instalada para producir.
Entonces, si no se puede fabricar o producir más y la demanda del mercado es sostenida o se incrementa, ¿qué pasa? Los productos que componen la oferta aumentan, por una mayor vocación de la demanda.
En la última semana, y aunque su tema principal no es la economía, el ministro Florencio Randazzo se quejó de esta situación ante los empresarios y les pidió que produzcan más porque el mercado creció.
Muy básico pero muy concreto, Randazzo no puso las excusas que suele mencionar su colega de Economía, Amado Boudou. Pero perdió de vista que la inversión, en parte, depende de la confianza; y esto es lo que hoy el Gobierno no está generando en el sector privado.
Para colmo de males, el Gobierno anunció que flexibiliza la entrada de alimentos del exterior. Esta política no sirve para reducir la inflación, como pretenden mostrar, porque se importan productos de gran valor agregado que nada tienen que ver con lo que consume el mercado interno. Los fideos que llegan desde Italia se comercializan por encima de los 16 pesos, el aceite de oliva extra supera los $ 45.
Como se puede notar, el anuncio de apertura de mercados en alimentos es sólo una medida de maquillaje para equiparar la balanza comercial y mostrar que la Argentina no está cerrada al mundo.