ACUERDOS DE PRECIOS

No existen recetas mágicas ni medidas salvadoras en economía. Los  acuerdos-congelamientos de precios son una herramienta más de la política  económica. Por Alfredo Zaiat Es una iniciativa que necesariamente debe ser complementada con otras, al  tiempo de ir ajustándola según los obstáculos que se vayan presentando.  Para ello tiene que haber una intensa y efectiva intervención del Estado en  diferentes frentes tras el objetivo de lograr la desaceleración de los aumentos  de precios de alimentos y bebidas. Este es el rubro principal para atender el  problema de la inflación, porque esos bienes integran la canasta básica que  los hogares de ingresos medios y bajos destinan gran parte de su  presupuesto para adquirirla. El impacto inicial de un control de precios  es indudablemente una mejora del poder adquisitivo de la población con  ingresos fijos. Así lo demuestran las experiencias de congelamientos  en Argentina como también muchas otras en la historia económica mundial,  entre las que se destaca la de Estados Unidos, liderada por John Kenneth  Galbraith, uno de los más grandes economistas del siglo pasado, encargado  del control de precios en Estados Unidos durante los años cuarenta del siglo  pasado. Conociendo el resultado del congelamiento en la preservación e incluso  aumento del poder de compra ha sido extraño el descreimiento, la crítica  o la indiferencia de dirigentes sindicales debido a que son las mismas  observaciones que expresan analistas y economistas del establishment.  Mencionan las dudas sobre lo que puede pasar el “día 61”; afirman  confundidos que los controles nunca funcionaron; que al final pierden  los trabajadores; o que es una medida compleja porque el Estado  quedó disminuido en su capacidad de intervenir en la vida económica  del país. La explicación de la ortodoxia a esta reacción apunta a que los sindicalistas  saben que los controles no funcionan y, por ese motivo, actúan como si  no existieran para presentar sus demandas de ajustes salariales.  Reclaman entonces por la inflación pasada y estimada, que eso ya es  todo un juego sombrío por la inconsistencia del índice de precios al  consumidor del Indec y de las consultoras privadas. Así los dirigentes  sindicales quedan atrapados, algunos involuntariamente y otros en forma  entusiasta, por la lógica de grupos conservadores que protegen  intereses del poder económico. De acuerdo con la evolución del salario  de los trabajadores formalizados y de los aumentos acordados en  las paritarias en los últimos años, los ingresos reales fueron  positivos en relación con cualquier índice de precios, oficial o privado. El factor que ha alterado la dinámica de la puja distributiva –a favor de  los trabajadores– fue el anuncio del congelamiento de precios debido  a que ha colocado a la defensiva a la ortodoxia, que rápidamente  planteó problemas de desabastecimiento e instaló interrogantes  sobre lo que puede pasar el día 61. Si el sindicalismo duda sobre  la efectividad del control, la estrategia esperable en defensa de  los intereses de los trabajadores es exigir mejoras en su  implementación en lugar de debilitarlo con los tradicionales  cuestionamientos del mundo empresario. El dato distintivo  es que las empresas involucradas prefirieron el silencio como  resistencia, comportamiento comprensible porque son las afectadas.  En esta oportunidad tienen como aliados, además de sus voceros  tradicionales, el escaso entusiasmo de dirigentes sindicales  en la defensa del congelamiento. Organizaciones sociales y políticas vinculadas con sectores  vulnerables tampoco han mostrado mucho activismo en apoyar  una medida que han reclamado en más de una oportunidad.  Este vacío político a una herramienta de mejora de los ingresos  por parte de quienes son los principales beneficiarios es un misterio  del actual escenario político-mediático. El Gobierno tiene su cuota de responsabilidad porque no ha  convocado a agentes sociales y sindicales como socios  en esta puja, que es política y también de poder con los  formadores de precios. De ese modo corre riesgos, porque  se trata de una medida que no puede ser reiterada  inmediatamente si no tiene efecto positivo. Tampoco ha  diseñado ni publicitado listas de precios orientativos, y no ha  formalizado el congelamiento ni definido políticas coordinadas  con otras áreas de la gestión económica para articular una  estrategia de intervención sobre las expectativas sociales,  ámbito donde se desarrolla con intensidad la actual disputa  política-mediática. Varios son los determinantes de los precios  de la economía como para pensar que la inflación puede ser  atendida por una sola persona o enfrentada exclusivamente  con un esquema de congelamiento de precios. Son muchos los antecedentes de programas de control de precios.  Algunos fueron exitosos (por ejemplo, el israelí en la década  del ’80) y otras comenzaron con resultado favorable para  culminar con saldo negativo (el Plan Austral de Alfonsín). Otros  controles aplicados por gobiernos peronistas tuvieron un inicio  positivo y luego por factores políticos tuvieron un recorrido  sinuoso no atribuible a los acuerdos de precios, como explica  el sociólogo Artemio López, detallando las experiencias de  1952, 1973 y 2006. Varios países y diferentes proyectos  económico-sociales decidieron en algún momento aplicar  una fuerte intervención del Estado en el mercado con el  objetivo de frenar la inercia inflacionaria. El congelamiento no  es un fin en sí mismo ni una medida de carácter permanente,  sino que es una herramienta de política de ingresos para ser  aplicada en determinadas circunstancias. Es un ingrediente  esencial de una estrategia económica destinada a combinar  creación de empleos con estabilidad. La confluencia de intereses del poder político y los trabajadores  para cuidar el poder adquisitivo de la población hace necesaria  la generación de señales contundentes de que los precios dejarán  de subir. El objetivo del congelamiento es evitar la receta recesiva  de la ortodoxia para atacar los aumentos de precios, que consiste  en limitar la demanda. Por eso ha resultado llamativa la  coincidencia argumentativa de dirigentes sindicales con  representantes de la ortodoxia económica. La intervención  del Estado en el control y administración de precios es uno de  los instrumentos para evitar el abuso de empresas con posición  dominante en cadenas de producción y comercialización que  perjudican a los eslabones más débiles, siendo el último el consumidor-trabajador. Después de tantos ensayos estudiados de congelamiento de  precios, aquí y en otros países, la conclusión es que resulta una  ilusión suponer que pueda extenderse indefinidamente. O que  sea una medida mágica. Factores internos y externos impactan en  forma permanente en la economía, lo que demanda flexibilidad  en la utilización de las herramientas que brinda la política económica.  Por eso mismo el congelamiento es necesario en una primera etapa  para detener la inercia inflacionaria, para luego pasar a una  estrategia sofisticada de administración de precios y de  coordinación de la política monetaria y fiscal. El actual cuadro  de la situación económica, con una deuda pública manejable  y contratos que no están indexados formalmente, está más despejado  que en períodos pasados, cuando la inflación era más alta y el grado de  inercia más alto. Se despliegan de ese modo condiciones para que el  congelamiento y la posterior administración de precios no sea sólo  una medida de voluntarismo político para consolidarse como una efectiva  herramienta de la política de ingresos.