En una entrevista exclusiva con LA CAPITAL, el juez federal Daniel Rafecas habló de todos los temas que tramitan en su juzgado como la "megacausa" por delitos de lesa humanidad y el juzgamiento del jefe del Ejército, Milani.
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para el Diario La Capital de Mar del Plata
"La 'megacausa' en la que se juzgan los crímenes cometidos por integrantes del Primer Cuerpo del Ejército en Capital y el Gran Buenos Aires durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983, es la más importante de la Argentina por la cantidad de imputados (más de 200) y víctimas (su número supera las mil), por la extensión territorial y la densidad poblacional. Además, ya hay cerca de 130 condenados por delitos de lesa humanidad".
De esta forma lo expuso el juez federal porteño Daniel Rafecas, durante una entrevista exclusiva con LA CAPITAL. El magistrado conocido por ser el juez de causas resonantes como los sobornos en el Senado, el caso de la calcográfica "ex Ciccone" y el procesamiento del jefe del Ejército, César Milani, por presunto "enriquecimiento ilícito", vino a Mar del Plata, como se anunció, para dar sendas conferencias en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y en el Colegio de Abogados, sobre un tema en el que se ha especializado: la matanza durante el régimen nazi de Alemania de casi 3 millones de personas, en su mayoría judíos, que se conoce históricamente como "el Holocausto" (Shoá).
Rafecas, que es docente titular del seminario "Derecho y Holocausto" en la Universidad de Buenos Aires, presentó el año anterior su libro sobre este mismo tema "Historia de la solución final", una indagación de las etapas que llevaron, entre 1942 y 1944, al exterminio de los judíos. La obra es de editorial "Siglo XXI", y ya va por su quinta edición.
El juez capitalino se hallaba acompañado del director del seminario, "Violencia, Genocidio y Holocausto" que se dicta en Mar del Plata, doctor Andrés Gil, y de los docentes del ciclo, doctores Gabriela Rodríguez Capece y Ramiro René Rech.
Más de 200 imputados y 9 años de investigación
Al referirse a la "megacausa" del Primer Cuerpo del Ejército, tras señalar que se trata de una investigación que nos demandó, hasta ahora, nueve años, refirió que los delitos que se le endilgan a los más de 200 imputados son por "apremios ilegales", "torturas" y hasta "homicidios", por lo que se realizaron diez elevaciones a juicio.
Y ante preguntas, precisó que "tenemos muy pocos civiles procesados. Uno de ellos era, por esa época, titular de la Comisión Nacional de Valores, Juan Echevarne. Tenemos probado que concurría a los centros clandestinos para asesorar a los represores en los casos de torturas".
Después, recalcó que "el 98% son militares de las distintas fuerzas, policías federales y provinciales, integrantes del servicio penitenciario, gendarmería y de los servicios de inteligencia".
Asimismo, puntualizó que "en los más de 20 centros clandestinos que relevamos no aparece ningún miembro de la Iglesia Católica. El único caso que tuvimos perteneció al 'Olimpo', claro que se trataba de un oficial de inteligencia disfrazado de sacerdote que iba a ver a los detenidos y torturados aconsejándoles que confesaran. Lo detuvimos en España, lo trajimos, lo juzgamos y ya está condenado".
Y tras señalar que "tampoco detectamos médicos, pero no descartamos que los hubiera ni lo afirmamos", explicó que "lo que sí había eran personas que ejercían la medicina a modo de colaboración. Pero se trataba generalmente de detenidos ya quebrados".
El Poder Judicial estaba totalmente al margen
Con respecto al Poder Judicial, enfatizó que "estaba totalmente al margen. Cuando los jueces pedían por alguien detenido o desaparecido a través de un habeas corpus, el Ministerio del Interior respondía negando que supiera algo sobre su paradero. En cambio en provincias como Córdoba, Mendoza o Santa Fe, había secretarios y otros integrantes de juzgados interrogando directamente a detenidos.
Y resaltó que "a todos se los juzga aplicando el Código Penal que estaba en vigencia en 1976. Por ejemplo el delito de tortura sufrió una importante modificación en 1984, que no se aplica en estos juzgamientos, que tenía una pena de 3 a 10 y en ese año pasó de 8 a 25. Es el principio de legalidad que consiste en respetar todos los derechos y garantías como corresponde, y que ellos nunca lo hicieron con sus víctimas".
"La semana que viene voy a firmar el procesamiento de un prófugo de la causa del centro 'Olimpo'. La semana pasada sacamos un procesamiento por 'Puente 12', otro centro feroz. Además, la Cámara Federal confirmó dos homicidios en la causa del Hospital Posadas.
Finalmente, anunció que "en diez días me voy a Johannesburgo (Sudáfrica) donde hay una reunión del Centro Mandela para el diálogo internacional y me han designado para referirme a todo el caso argentino y como nuestro país está resolviendo su pasado traumático de violencia de Estado, cosa que naciones centrales y poderosas todavía no lo han hecho".
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