Fraude inmobiliario | Leve condena a las abogadas de una banda de
 usurpadores que vendían propiedades falsificando la documentación
 que les otorgaba derecho. Para el denunciante, ellas son sólo la cara
 visible de lo que nadie quiere investigar. Los datos salieron del Estado.
Baratísimo les costó a estas dos abogadas, que fueron parte de la estructura
 que vendía propiedades cuyos dueños habían muerto o no vivían en la
 ciudad. Muchísimos fueron los damnificados, y las cifras del desfalco,
 francamente asombrosas. Pero de todas maneras, la pena que les tocará
 cumplir será casi insignificante, a pesar de que a nadie escapa que todos
 los datos que usaron salían de un organismo estatal.
Se trata de María Melina Evaristo, a quien le cayeron cuatro años y medio
 de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación para ejercer la profesión de
 abogada, y de Paula María Bahlcke, a quien condenaron a tres
de prisión y la misma inhabilitación. Aunque se diera por acreditado
 que constituían una asociación ilícita, y que cometieron más de treinta
estafas con propiedades inmuebles, lo cual implicó uso de
 instrumento privadofalso, estafa procesal, uso de documento público falso.
Casi como sise hubieran robado una gallina: así lo entendieron los jueces
 del Tribunal en lo Criminal n°3, Mariana Haydée Irianni, Juan
 Manuel Sueyro y Fabián Luis Riquert.
El abogado Walter Llona expuso su punto de vista en su entrevista 
con la 99.9, y explicó cierta disconformidad por la suavidad de esta condena.
 Señaló además que estas dos abogadas son simplemente la cara visible de 
una banda ya que hicieron falta muchos integrantes más para obtener tanto
 éxito durante un período de tiempo prolongado: “Sin estructura funcional,
 sin contactos políticos dentro de la municipalidad o en el registro de la
 propiedad, sin una vista poco sagaz de algún juez de Mar del Plata
, estas cosas no pasan”. De hecho, en la misma causa surgió que los datos 
provenían de organismos estatales.
Llona agregó además que  —si bien la labor fiscal había sido encomiable
— la cuestión de la complicidad estatal fue tomada de soslayo, y también
 se dejó pasar de largo el cuestionable accionar de algunos jueces civiles, 
que aún ante lo evidente no investigaron nada. Y relata un caso a modo 
de ejemplo, pero oculta intencionalmente los nombres de los protagonistas
 de la historia. Parece ser que un juez civil de esta ciudad, aun sabiendo 
que una persona había fallecido en 1978, no se sorprendió de que hubiera 
un boleto de compraventa que la misma persona había firmado en 1997.
 Cuando se presentó su heredero —que encima era juez retirado— con
 el acta de fallecimiento de su papá a reclamar la falsedad de ese boleto
,el magistrado lo mando a cumplir un requisito administrativo: el pago de
 una tasa para la presentación judicial. Ni siquiera pensó en hacer una
 denuncia.

La red

Tras conocerse la condena, el abogado aseguró que si bien la sentencia no
 resultaba del todo satisfactoria, sin embargo era sí un primer paso.  Afirmó:
 “Casi 30 hechos, 23 víctimas, estafas que superan 100 mil dólares por
 víctima, creo que es barato estafar en Mar del Plata”.
Sobre los pasos a seguir y la futura apelación que se hará en febrero dijo:
 “Es un derecho la apelación, pero el fallo sabe a poco. Tenemos como 
sociedad la oportunidad de llegar a otros responsables que no son sólo
 las colegas”.
En relación con la investigación agregaba: “Respeto el trabajo de la fiscalía,
 fue difícil, la mayoría de las víctimas eran personas fallecidas”. También
 agregó que, como resulta evidente, las demandadas no fueron las únicas
 beneficiarias, porque quedó al descubierto que el monto del daño ocasionado
 no se condice en absoluto con su enriquecimiento. “De hecho”, agrega,
 ”ese fue parte de su alegato de defensa”.
Pero la cuestión se había dado a conocer tres años y medio atrás, cuando se 
supo que un grupo de personas había formado una verdadera red dedicada a
 ocupar viviendas y lotes, simular su venta, y hasta hacer juicio a los 
verdaderos dueños de bienes que detectaban como desocupados.
Las dos abogadas —Paula María Bahlcke y María Melina Evaristo—
 fueron condenadas por una veintena de hechos, pero hay otros dos imputados
 que aún están a pendientes de que se valide el juicio abreviado. Habría más
 imputados, que firmaron suspensiones de juicio a prueba con reparaciones
 para los damnificados de las mencionadas operaciones.
Así, dicen los jueces, Evaristo, Bahlcke, Luis Alberto Rodríguez y Carlos 
Alberto Guarde: “conformaron y participaron en una organización estable
 y permanente, para lucrar y enriquecerse ilícitamente bajo la simulación
 fraudulenta de compraventa de inmuebles, intentando y en algunos casos
 logrando perjudicar a sus verdaderos titulares o derechohabientes”.
Con estas afirmaciones, el tribunal dio lugar a la hipótesis del fiscal
Javier Pizzo.

Los dateros

Pero si bien la investigación se había iniciado cuando una vecina de Punta 
Mogotes denunció la posible usurpación de su propiedad, desde un comienzo 
llamó la atención que los imputados tuvieran acceso a datos tan precisos de
 los inmuebles. Se trata de una información que no resulta accesible a
 cualquier interesado. Fue entonces que comenzaron a hilarse las primeras
 conclusiones inquietantes: Evaristo se desempeñaba en la asesoría letrada
 de Obras Sanitarias Mar del Plata, de lo cual se desprende que es
seguramente la punta de un ovillo cuya trama puede llegar a otros altos
 funcionarios.
Si es verdad que Rodríguez y Guarde fueron intermediarios que acercaban 
compradores, o compraban en su nombre, es evidente que María Melina
 Evaristo y Paula Balhcke fueron las asesoras jurídicas que representaban
 a los compradores en las demandas judiciales. Así, lograban quedarse
 definitivamente con los bienes. Guarde y Rodríguez  averiguaban el
 estado de las cuentas de los inmuebles que no tenían una ocupación 
permanente, con titulares fallecidos o que vivían fuera de Mar del Plata.
 Luego se apoderaban de esas propiedades, y los transferían por medio de
 boletos de compraventa falsificados. Para eso, utilizaban sus propios datos,
 o los de terceras personas que brindaban sus datos personales, aunque aún
no se ha podido verificar su participación efectiva en el ilícito.
Pero aún hay más: en cierto momento, los derechos que supuestamente 
emergían de esos boletos de compra venta falsos eran transferidos. 
Se realizaba una cesión de derechos ante un escribano público de la 
ciudad a nombre de un cómplice o un tercero de buena fe. Pero, además, 
se acordaba que el registro de la propiedad a nombre del comprador
 requeriría una demanda judicial de escrituración, que iba contra quienes 
figuraban como vendedores en el boleto de compraventa y contra los
 posteriores cedentes. Toda esta maniobra no llamó la atención de ningún
 juez civil de la ciudad. En ningún caso se alertaron por una estrategia 
permanente de escrituración conflictiva con idéntica representación legal.
Ahora, los resultados judiciales se comunicarán a OSSE, a ver qué es lo
 que consideran sobre las tareas de su asesora legal. Y al Colegio de 
Escribanos, a ver si tienen algo que preguntarles a sus matriculados.
 Pero parece que no, parece que todo el mundo prefiere hacer como que
 no ve nada. Total, en esta ciudad, las estafas con la doble o triple 
escrituración de bienes son y siguen siendo la forma más barata y rápida
 de hacerse rico sin que nadie parezca escandalizarse.



Fuente: Noticias y Protagonistas (noticiasyprotagonistas.com)