Nos equivocamos los que creímos que el política y jurídicamente disparatado Memorandum de
entendimiento con Irán no iba a tener ningún efecto: nunca imaginamos que deberíamos
considerar entre ellos la muerte de Alberto Nisman. Porque a no dudarlo: la tragedia final
en la vida del fiscal es un eslabón más de una cadena penosa de impunidad que rodea a
la causa AMIA desencadenada por ese pacto. Sea cual sea la causa: suicidio, instigación
a cometerlo u homicidio.
La investigación judicial dolosamente ensuciada por 20 años, el entorpecimiento abierto de
la teocracia iraní para darle escondite a los imputados, la firma de un tratado que pactó con
esa misma nación que se rió de la Justicia argentina creando un órgano violatorio de los
jueces naturales para “cuidar” a los iraníes que jamás declararon (amén de ser el gobierno
que, con ejercer una sutil memoria y verdad, se descubre que lapida mujeres supuestamente
infieles, tortura homosexuales o destierra a opositores entre sus “derechos humanos”), son
estrategias de impunidad que, cuando se desafía ilegalmente a las instituciones, suelen
terminar con hechos de muerte. Nisman es el ejemplo. Nisman es la consecuencia de
pactar de esa forma.
Nuestro país está mucho más pobre desde lo institucional. Mucho. No sólo por la
muerte de un fiscal que pronto se intentará amortiguar sumándola a la perversidad de
las estadísticas, sino por la reacción ante ella.
Es inadmisible que la titular del Poder Ejecutivo haya dictaminado por carta que
el caso es un suicidio. La división de los poderes todavía existe en la república y no hace
falta haber cursado Derecho para saberlo. En Instrucción Cívica, los de nuestra generación,
lo aprendimos. ¿Quién dijo que Nisman se suicidó? Anoche, cuando se conoció la
epístola de la Presidente (hoy día, una metáfora anacrónica más propia del modo de
expresión de los que sumaban el poder público hace 6 o 7 siglos) apenas había una
expresión periodística arrancada en la vereda a la fiscal de la causa que aseguraba
que no parecía haber habido otra persona en el departamento del fiscal. ¿Desde cuándo
una declaración semejante cierra una causa? ¿Quién dijo que un parecer del Ministerio
Público es sentencia? En una república, se insiste, la causa de la muerte se determina
luego de un amplio plexo de pruebas (y más en este caso de gravedad institucional) por
sentencia de un juez.
Esto debería saberlo quien no sólo sentenció (sic) suicidio en abierta intromisión de
poderes sino que especuló con instigaciones mafiosas (¿nunca antes las supo y tampoco
las denunció?). ¿Y ahora que no apareció pólvora en las manos de Nisman? ¿Piensa el
Ejecutivo, algún diputado oficialista u opositor o algún “opinador” cambiar diametralmente
la sentencia y sus argumentos? ¿Nadie cree que hay que esperar el resto de las pruebas
científicas, el cotejo de cámaras de seguridad, el padrón de inquilinos recientes y permanentes
del mismo edificio de Puerto Madero, la decodificación del sistema de apertura de puertas de
la vivienda y tantas otras pruebas más que permitan a un juez (no a un mezquino político que piensa más en octubre de 2015 que en este trágico enero) saber qué ocurrió?
Lo mismo de una de las cúspides del otro poder del estado y la jefe del bloque de
diputados del oficialismo que repitieron 9 veces en 10 minutos (no hay metáfora) “la
trágica decisión”, “el sector mafioso” y “el corte de las vacaciones de Alberto Nisman”.
Julián Dominguez y Juliana Di Tullio no merecían, dada su trayectoria y capacidad
intelectual, haberse sometido a ese recitado pueril, casi ofensivo, a la hora de resaltar
el calendario turístico. Anoche, hoy mismo, sólo deberían haber expresado dolor por la
muerte, análisis de conciencia por haber defendido como un “River- Boca” el memorándum
y deseo republicano de que la Justicia dictamine antes de querer imponer hipótesis
personales sin fundamento.
Es cierto que parte de la oposición (y, cómo no, de nosotros los periodistas)
tampoco entendimos la tragedia y algunos especularon jugando a poner grietas
entre el oficialismo que cree en el suicidio y la oposición en el homicidio. Si hasta da
escalofríos y vergüenza escribir semejante disparate. Pero muchos actuaron de esa forma.
¿Cómo sabe, por ejemplo, Elisa Carrió que a Nisman lo mataron como “señal mafiosa”?
Murió el fiscal que sostuvo una hipótesis de gravedad institucional a la hora de desentrañar
el mayor atentado de la historia argentina. No es hora de repartir opiniones o pareceres
(“a mí me parece que no puede ser”, “No opino que luciera como un suicida” y tanto más).
Por eso, fue muy digno lo dicho por la ex esposa del fiscal respecto de no hacer conjeturas.
Eso podría reservarse para el ciudadano corriente sin responsabilidad institucional o pública
. Se trata, esencialmente, de saber qué pasó en ese piso 13 (porque hoy, por las dudas,
no se sabe si hubo suicidio, instigación u homicidio) con seriedad y rigurosidad de Estado,
sin intromisiones de los otros poderes, sin invocaciones permanentes y aburridoras a casos
de la historia personal de los que hoy ocupan ese poder y sin jugar al “chiquitaje” del
aprovechamiento político.
Hay un fiscal muerto luego de un acto del Estado que cerró un acuerdo con Irán
que no surtió otro efecto (sic) que esa muerte. Hay un juez que en 10 días deberá analizar
las 350 fojas firmadas por Alberto Nisman a quien hay que defender institucionalmente.
Hay un país que transita con peligro la delgada línea que separa el Estado de Derecho
de las autocracias en donde una muerte del que piensa distinto puede quedar impune.
La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kichner, señaló hoy que está "convencida" de que la muerte del fiscal Alberto Nisman "no fue un suicidio", en una nueva carta colgada en su blog.
