En el final de un año signado por la tirante relación entre el Gobierno y los medios de comunicación independientes, un grupo de diputados y dirigentes enrolados en la denominada Concertación K presentó en el Congreso un proyecto de ley de radiodifusión que amplía el control del Estado sobre los medios masivos.
La iniciativa establece, además, severos controles en el otorgamiento de futuras licencias de radio y televisión, por aire y por cable.
La radical K Silvia Vázquez (Concertación-Buenos Aires) es la autora del proyecto, que también acompañaron los kirchneristas Sylvestre Begnis (FPV-Buenos Aires) y Claudio Morgado (FPV-Capital). Si bien la diputada se esforzó por aclarar que no se trataba del proyecto del Poder Ejecutivo, reconoció a que su pensamiento es "parecido" al del interventor en el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), Gabriel Mariotto.
En la presentación del proyecto, alternativo al que está preparando el Gobierno, estuvieron el subsecretario general de la Presidencia, Gustavo López; la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), María José Lubertino, y un grupo de intendentes radicales, liderados por el jefe comunal de Vicente López, Enrique "Japonés" García.
Nuevo organismo
El proyecto propone terminar con la intervención del Comfer y establecer en su lugar un nuevo órgano de control, denominado Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conarte).
Su conducción sería de nueve miembros: tres designados por el Poder Ejecutivo, tres por la Cámara de Diputados y otros tres por el Senado. En los hechos, y según el sistema de mayorías y minorías de cada cámara, el oficialismo retendría siete de los nueve miembros del organismo.
Se establece la figura del defensor del usuario para "garantizar" la independencia de los medios, y "combatir cualquier forma de presión, ventajas o sanciones" a los comunicadores.
En cuanto al otorgamiento de licencias, un tema que Vázquez y López consideraron fundamental, el proyecto establece que ningún grupo empresario podrá acumular más de diez licencias de radiodifusión en todo el país. El titular de una licencia de TV abierta no podrá, como en la actualidad, ser dueño a la vez de una señal de cable destinada a abonados en la misma área de cobertura. También se determina la apertura de las licencias para las cooperativas y las universidades.
Control de contenidos
La norma también intenta establecer controles sobre el origen de los contenidos incluidos en los medios audiovisuales. Se obliga a emitir un mínimo del 70% de producción nacional en la programación, y en lo que hace a la difusión musical, un mínimo de 35% de las obras compuestas o ejecutadas deben ser interpretadas por autores argentinos.
"Nuestro fin es garantizar la pluralidad, que la diversidad tenga lugar en los medios. Es necesario que haya una nueva ley que surja de un gobierno democrático", afirmó Vázquez. López, en tanto, afirmó que la actual legislación "me avergüenza porque está firmada por [Jorge] Videla" y sostuvo que "con este proyecto estamos saldando una de las grandes deudas de la democracia".
Para Lubertino, "es importante que las cooperativas estén en igualdad de condiciones con los grandes medios para obtener licencias" y destacó el compromiso del proyecto "con la pluralidad en los contenidos".
El texto se presentó en momentos en que el Gobierno trabaja en la redacción de un proyecto propio y luego de que la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertó sobre la apelación al Observatorio contra la Discriminación en Radio y Televisión como "un mecanismo de vigilancia de los medios de prensa" y sobre "el repentino interés por modificar la ley de radiodifusión".
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