CRIMINALIZACION DE LA POBREZA

*Juan Carra
http://www.diarioelatlantico.com/

El problema de la inseguridad tiene diferentes aristas para analizar. Una de ellas es la desigualdad social como base del delito y las deficiencias del sistema carcelario para lograr la reinserción social de las personas que fueron privadas de su libertad.-
Uno de los temas centrales que ocupa gran parte de la pantalla televisiva, el aire radial y/o el espacio redaccional de los diarios es la inseguridad.
Constantemente desde los medios de comunicación masivos se alienta la idea de que existen “olas de inseguridad” que aquejan a la sociedad provocando una psicosis colectiva que será utilizada como caldo de cultivo de las más reaccionarias visiones a la hora de buscar solución a estos problemas.
En este sentido, debemos decir que la instalación mediática del tema oculta el verdadero problema por el cual el índice de delitos ha aumentado y, por lo tanto, no pone sobre el tapete ningún tipo de debate sobre cuáles son las formas de terminar con el delito, ni tampoco cuál es la responsabilidad del Estado en esto.
Actualmente, en la Argentina, más de 63.000 personas se encuentran privadas de su libertad en establecimientos carcelarios federales y provinciales. En la provincia de Buenos Aires, hay alrededor de 25.000 presos, de los cuales el 96% son hombres. De estos, el 61% está entre los 18 y los 30 años de edad; el 67.84% están encarcelados por robo, hurto y sus tentativas. El 85% de estos presos están procesados y el 75% de ellos no tienen sentencia en primera instancia.
Si se analizan las estadísticas proporcionadas por la Dirección Nacional de Régimen Correccional – Dirección Judicial, o las del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, puede verse que el aumento de la población penal anual está directamente relacionado con una merma importante del aparato productivo en la República Argentina. Mientras que en 1997 en la provincia de Buenos Aires había 11.527 presos, en el año 2003 el número ascendió a 22.983, es decir a casi el doble en un lapso de seis años. En ese mismo periodo fue cuando se notó de manera más evidente el impacto del modelo económico en la sociedad, generando una masa de excluidos y una minoría concentrada que ampliaba su riqueza. Esa brecha entre ricos y pobres, entre pertenecientes y excluidos, no sólo debe medirse en términos económicos sino que, también, tienen un correlato cultural fundamental a la hora de analizar el crecimiento del delito.
En primer lugar hay que tener en cuenta que la existencia del delito -y por lo tanto del delincuente- es una responsabilidad social y no individual ya que el sistema jurídico-político, es el que determina que es punible y que no.
En este sentido, se debe tener en cuenta que la Constitución Nacional -como ley de leyes- está basada en la lógica de la protección de la propiedad privada. Si se tiene en cuenta este elemento, es interesante analizar qué tipo de delitos son los que sobresalen en la estadística. Según un informe realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, “Las cárceles en Argentina”, publicado en el 2006, el 45.7 % de los condenados corresponden a delitos contra la propiedad. Por otro lado, en el informe de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires sobre la superpoblación y sus consecuencias respecto de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, se afirma que las características socioeconómicas de las personas privadas de libertad en esta provincia evidencian la selectividad del sistema penal al que ingresan jóvenes integrantes de los sectores pobres de nuestras sociedad, en su mayoría por imputaciones de comisión de delitos contra la propiedad.
Basta cruzar estadísticas para comprender que el creciente grado de exclusión social deja como único camino de subsistencia a una gran parte de la sociedad el delito, generándose de esta manera lo que se llama criminalización de la pobreza.
Situación carcelaria y reinserción social
Al tomar en cuenta lo antes dicho, se puede analizar cuál es el rol y el estado del servicio penitenciario actualmente en la Argentina y cuál es el destino de aquellos que ingresan a este sistema.
Michel Foucault sostiene que el sistema penal se modifica en el siglo XVIII, abandonándose el cuerpo del delincuente como objeto de la penalidad en su forma más severa –el suplicio- para pasar a un sistema punitivo donde el “Alma” –entendida como subjetividad- es el centro del castigo. Esto nos remite a pensar que en la actualidad un sujeto que ingresa al sistema penitenciario, luego de cometer un delito, será sometido a una “reeducación”que será determinada por el estado del sistema que lo aprehende.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), plantea que la actual situación del sistema carcelario imposibilita una verdadera reinserción del preso y evalúa este déficit como un elemento que deteriora la cultura democrática del país. La ausencia de controles efectivos, la –supuesta- creciente “militarización” de las instituciones penitenciarias, la centralidad que adquirieron las actividades y recursos destinados a la custodia de detenidos en detrimento de las lógicas de “resocialización”, así como el uso cotidiano de diversas formas de “violencia ilegal como mecanismo de disciplina carcelaria”, y articulación de “redes ilegales” como medios para la gestión de la vida cotidiana en las cárceles, son parte del panorama que se sintetiza en un sistema carcelario colapsado.
En palabras de los propios presos, el encierro lo único que hace es aislar más al individuo, que en situaciones de infrahumanidad, como las que se viven en los diversos penales del país, sólo llevan a pensar en la forma de sobrevivir para lo cual deben adaptarse a los códigos “tumberos” y, por lo tanto, se alejan cada vez más de la posibilidad de una verdadera reinserción. El juez Zafaroni opina respecto a este tema que intentar resocializar a una persona aislándola de la sociedad es como jugar al fútbol en un ascensor.
La propia Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, luego de un relevamiento del sistema penitenciario provincial, sostiene que la actual situación de dicho sistema imposibilita el cumplimiento del tratamiento de rehabilitación de la mayoría de los presos. Esto se debe, según dicha secretaría, a un déficit presupuestario que no permite garantizar a la totalidad de la población carcelaria el acceso al trabajo y a la educación, terminar con el hacinamiento y la violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad.
De todas formas los organismos gubernamentales siguen sin preguntarse qué es lo que lleva a un ser humano a jugarse el todo por el todo a la hora de cometer el delito. Quizás la respuesta está a la vista y el hecho de reconocerla implique el fin de sus privilegios.
Libros para ser libres
Tomando en cuenta la definición que da Foucault respecto del castigo del “Alma”, es interesante analizar cuál es el rol que juega la lectura en el interior de los penales.
Si entendemos que el principal efecto, aunque no el único, de la privación de libertad repercute en la subjetividad, constituyendo un sujeto con grandes dificultades a la hora de resocializarse, es fundamental lograr que el detenido mantenga la cabeza libre para algún día recuperar la libertad total.
Según un trabajo del ministerio de Justicia hecho en la cárcel de Devoto sobre presos que cursaron carreras universitarias durante su estadía en prisión, de cada 100 reclusos que lograron estudiar y que luego de cumplir su condena se reinsertaron socialmente a través del trabajo, sólo tres vuelven a delinquir. Esto no es un dato menor, ya que si se lograra que la mayoría de la población carcelaria acceda a un estudio que le permita no sólo hacerse de las herramientas técnicas necesarias como para reinsertarse en el campo laboral, sino que también les posibilite no “institucionalizarse”, es decir poder romper con los códigos y las prácticas que el propio sistema penitenciario construye, quizás las famosas olas de inseguridad disminuyan.
Obviamente para esto es fundamental considerar que dentro de los penales hay seres humanos, que en su mayoría son víctimas de un sistema social que se funda en la desigualdad de oportunidades y que se sostiene mediante la institucionalización de la violencia.Por otro lado la inquietud individual o colectiva de los presos para conseguir lecturas que no le son proporcionadas dentro de las bibliotecas que por ley deben funcionar en los penales, configuran un hecho de resistencia ante la institución que los oprime que permite romper con la institucionalización del recluso. De esta manera se crea un saber-poder que en la mayoría de los casos promueve una subjetividad alternativa a la impuesta dentro de los penales.
Sin duda, esta no es la salida definitiva, pero es importante revalorizar los hechos de resistencia individual que algunos reclusos realizan para deshacerse de la degradación humana a la cual los condena el Estado.