*Carlos Tortora
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En marzo próximo vencerán los mandatos de cuatro años de los actuales integrantes del Consejo de la Magistratura. La elección de los nuevos miembros será la llave maestra en la relación Poder ejecutivo-Justicia, que empieza a entrar en crisis. En su nueva composición de 13 consejeros -antes eran 20- el kirchnerismo consiguió mantener el control a través de los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, los senadores María Laura Leguizamón y Nicolás Fernández, el representante del Ejecutivo Joaquín da Rocha y las posturas -a veces fluctuantes- de Mario Candioti, representante del sector académico, Luis Bunge Campos, de los jueces, y Santiago Montaña y Pablo Mosca, en nombre de los abogados.
El alma del organismo es la Comisión de Disciplina y Acusación, la que levanta la espada de Damocles sobre la cabeza de los jueces y le aseguró al gobierno -hasta ahora- la buena voluntad de la casi totalidad del Poder Judicial. Esta comisión tiene la iniciativa para acusar a los jueces y promover el proceso de remoción y la manejan Carlos Kunkel, Diana Conti y, en menor medida, el sucesor de Marcela Losardo, el Secretario de Justicia Héctor Masquelet, un peón del CELS y Horacio Verbitsky.
Un punto de inflexión
Los incipientes fallos contrarios a la política oficial marcan un cambio en la tendencia. Por ejemplo, la decisión del juez civil Edmundo Carbone de suspender la aplicación de la ley de medios y el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que dejó sin efecto la resolución de la Secretaría de Comercio que anuló la fusión entre Cable Visión y Multicanal. Para no hablar de la sentencia que se resistió a cumplir Aníbal Fernández en el Sindicato de Aeronavegantes. Si la mayoría opositora en Diputados y, posiblemente en el Senado, avanza sobre la composición del Consejo, la presión política sobre los jueces se diluiría. La pérdida del control del Consejo por parte del gobierno es probable, porque es dudoso que, por ejemplo, los abogados voten hoy a representantes del oficialismo. Y lo mismo vale para los jueces.
En el fuero federal, si el kirchnerismo es derrotado en el Consejo, alrededor de 70 causas por corrupción contra funcionarios nacionales se activarían a toda velocidad.
La ansiedad del matrimonio presidencial para que Norberto Oyarbide los sobresea en la causa por enriquecimiento ilícito se explica claramente. Aunque Oyarbide firme, el fiscal se vería obligado a apelar y la Cámara es difícil que se pronuncie de inmediato. En el medio, el Gobierno podría perder la batalla por el Consejo y entonces sería casi imposible que los camaristas ratifiquen el sobreseimiento.
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