INCREIBLE E IRRACIONAL

* José Luis Jacobo
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Suele decirse que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, y a diario hay situaciones que así lo establecen. En la presente semana, en tanto continúan prófugos los asesinos de Brian Haik, Emiliano Disalve y el ex boxeador César Leiva, una vez más Prefectura evita dar la cara. Lo hizo al faltar a la reunión de la mesa de seguridad municipal el pasado lunes, anunciando, el prefecto mayor Raúl Esteban Lezana, a sólo minutos del inicio, que no concurriría. Propuso, en cambio, una visita a Chapadmalal, lugar donde funciona la base operativa de la fuerza.
Tal como puede apreciarse en la entrevista que publicamos en esta edición realizada al comisario inspector Gustavo Salvá, el criterio de inutilidad del personal de Prefectura en referencia a su aporte a la seguridad de los marplatenses es un dato objetivo, y no una crítica por razones políticas espurias. Prefectura hace a su propio demérito al actuar del modo en que lo hace y no sumándose a un ejercicio de control urbano que contribuya de manera decidida a acotar los márgenes de impunidad con que los criminales se mueven en Mar del Plata. La presencia de Prefectura en la ciudad, amén de inhábil para la materia que la ocupa, es ya un escándalo en ciernes. El edil Guillermo Schütrumpf ha presentado un requerimiento para formar una comisión investigadora que revise las cuentas de los 13.800.000 pesos que el Ejecutivo Nacional entregó a la comuna para dar lugar a un plan de seguridad que nunca jamás se ha puesto en marcha. Todo indica que los números no cierran: mil litros de gasoil por día para diez unidades tipo “van” que despliega Prefectura en dos turnos, movilizando cinco en cada turno, no es una cantidad razonable de combustible para consumir. Además, nadie sabe dónde están las 200 baterías que anunciaron que habían comprado, y menos aún la gigantesca flota de Nextel que formaría parte de un plan de alerta temprana del delito en poder de choferes de taxis y remises.A este conjunto de decepciones ciudadanas, hay que agregar el comportamiento de algunos fiscales. Un caso es el del fiscal Paulo Cubas, quien ordenó la detención de un individuo de nacionalidad uruguaya, Leonardo Enrique Manse Quintana, al cual el dueño de un ciber café ubicado en Belgrano al 2300 denunció por pedófilo. Hay detalles en relación a la conducta de este sujeto, que utilizaba Facebook y Messenger para establecer contactos e intercambiar fotos de menores, criaturas, niñas y niños. Hay abundante prueba, y está establecida de manera fehaciente en la investigación preliminar la conducta de este sujeto que alternativamente hace de “trapito”, vendedor artesanal o albañil. Dos horas después de su detención y comunicación a los medios, Quintana fue dejado en libertad. El fiscal Cubas, luego de acordar con el personal de la DDI la detención, entró en pánico, pidió que se hiciera consulta con la fiscalía de flagrancia en turno, que respondió negativamente a la solicitud de hacerse cargo de la detención, y exigió que soltaran al sujeto en cuestión. Este individuo, sin domicilio fijo, no estará aquí para cuando el Departamento de Crimen Informático de la Policía de la provincia de Buenos Aires haya concluido las pericias de la máquina secuestrada en el ciber. Los insultos del denunciante a las autoridades policiales son irreproducibles, no hubo manera de explicarle lo que está ocurriendo: que el sentido común en esta comunidad está ausente y enterrado.