Se realizó la reunión de la Mesa de Concertación en la sede del Colegio de Abogados Departamento Judicial Mar del Plata, la que se abocó al tratamiento de dos temas propuestos por el presidente de la institución Dr.Fernando Román González. Se explicó la "visión crítica" que la entidad tiene sobre el servicio de Justicia de este Departamento Judicial expuesta en un documento que se entregó. Además, se expusieron las principales novedades ocurridas sobre la puesta en marcha de la ciudad judicial.
El Dr. Román González habló sobre el diagnóstico del Colegio sobre el sistema Judicial refiriéndose también a la actualidad de la construcción de la Ciudad Judicial
Al respecto, destacó: “Hace mucho tiempo que estamos hablando de esta crisis y creemos que hay que profundizar ese discurso, para obtener con el resto de los integrantes de la Justicia, un diagnóstico común que enmarque este fenómeno en forma colectiva dado que la Justicia no se resume a la labor del Juez, sino también a la labor de los empleados y también los abogados”.
Y agregó: “De esta crisis que nos rodea a todos, debe considerarse que la principal víctima es el ciudadano y desde esa óptica, considerarse que los resultados no son los deseados. En definitiva, nosotros queremos llamar a un momento de reflexión al resto de los integrantes de la Justicia para que entre todos, y mancomunadamente, podamos tomar algunas decisiones, propias de este departamento judicial y proponer otras a los poderes públicos, para que podamos encontrar un cauce para que el justiciable y el ciudadano que recorren tribunales puedan encontrar una solución acorde a sus intereses”.
Para finalizar, sostuvo la importancia de la Ciudad Judicial: “Por ese motivo nosotros estamos intentando ajustar algunas acciones de los poderes públicos para que se pueda iniciar la construcción de la Ciudad Judicial, tan prometida por quienes tienen la responsabilidad de encararla. En ese plano se avanzó, mucho, pero creemos que ahora estamos transitando nuevamente tiempos de letargo".
"Estamos en víspera de la sanción de la Ley de cesión definitiva de las tierras, pero se necesita un sustrato o fundamento financiero que no estamos viendo hoy; una decisión propia del Poder Ejecutivo de la Provincia y de la Nación para tornar sustentable esta esencial obra pública”, finalizó.
En un documento, desde el Colegio de Abogados se indicó que a esta institución “le corresponde velar por la defensa del estado de derecho, la justicia, el decoro y dignidad de los abogados, principios que están orientados fundamentalmente a garantizar al ciudadano común, el justiciable, el acceso irrestricto al servicio de justicia, obligación del Estado Provincial y Nacional para con todos los habitantes (art. 19 y concord. de la Ley 5177). Frente a esta situación se presenta como ineludible preguntarnos si los primeros responsables de la administración de justicia, Jueces, funcionarios, empleados del Poder Judicial, de todos los fueros, Civil y Comercial, Familia, Laboral, Penal, etc., y nosotros mismos los abogados, estamos satisfechos con el resultado de esta labor, medida abordada desde la óptica de los prestadores del servicio, los receptores y los abogados”.
Y se agregó que “con absoluta sinceridad creemos que todos los sectores involucrados debemos respondernos que no. Y si esto puede parecer una exageración, o puede provocar en alguno de los alcanzados resquemor o disidencia, bastaría con preguntarle al hombre común de la calle su opinión sobre la justicia y en su respuesta hallaremos escepticismo, descrédito, decepción y en suma una valoración profundamente negativa que nos debe conmover e impulsarnos a generar los cambios necesarios. Con pesar leemos encuestas de opinión pública al respecto y observamos que la percepción de confianza hacia este esencial servicio, no alcanza a los dos dígitos, desde hace ya muchos años. Nuestro compromiso institucional y personal nos obliga a dar a conocer a los miembros de la mesa de concertación y a la población, cuáles son las limitaciones y disfuncionalidades, que sirven de causa o concausa de esta crónica crisis”
En ese sentido, se puntualizó: “Déficit edilicio: No solo los que estamos habituados a recorrer o permanecer en los edificios de Tribunales, sino cualquier persona que asiste a estos inmuebles donde funcionan los órganos de nuestro Departamento Judicial advierte que en su inmensa mayoría son inadecuados, y en algunos casos presentan deficiencias que los convierten en inaceptables para las funciones que en ellos se cumplen. Éste Colegio ha dado muestra acabada de una conducta coherente desde hace más de treinta años, reclamando a los poderes públicos la construcción de un Complejo Judicial que permita concentrar todos los Fueros en ámbitos adecuados y diseñados especialmente para esta actividad. Hasta tanto esa situación sea alcanzada es imprescindible que los ámbitos donde se cumplen las diversas funciones inherentes al Poder Judicial se ajusten a los principios de inmediación y concentración, respetando básicos principios de seguridad e higiene, la dignidad y decoro de magistrados, funcionarios, abogados, empleados judiciales. Inequitativa asignación de recursos: Los recursos económicos afectados por el presupuesto general de la Provincia y ejecutados por la SCBA y Procuración a nuestro Departamento Judicial se asignan de manera inequitativa entre los distintos fueros, haciendo primar a unos por sobre otros, generando distintos estándares de justicia. Ello se demuestra claramente en el dato estadístico que refleja la dispar cantidad de órganos que han sido creados para el Fuero Penal en comparación con el Fuero Civil y Comercial y el de Trabajo. Para ello basta con referenciar que la cantidad de los órganos del Fuero Penal (incluyendo dependientes de la Procuración General) se han incrementado notablemente en los últimos diez años, mientras que respecto del Fuero Civil y Comercial, sólo se creó el Juzgado Nº 14, los Tribunales de Familia y se puso en funcionamiento la Sala III del órgano de Alzada. Asimismo no podemos dejar de resaltar que el Departamento Judicial de Mar del Plata se encuentra entre los tres de mayor índice de litigiosidad de toda la provincia, excediendo incluso en determinado órganos (Por ej. Fuero Civil y Com. y del Trabajo) hasta en un % 100 la cantidad de expedientes que deberían estadísticamente abordar cada uno de ellos para lograr un funcionamiento adecuado. Mora judicial: Este es otro aspecto que está afectando gravemente el funcionamiento. Los abogados y ciudadanos, sufren en carne propia la lentitud y la demora en la tramitación de los juicios. Y nunca menos cierto que una justicia lenta no es justicia. ¿Cómo podemos explicar a nuestros clientes que cualquier juicio pueda demandar para su tramitación cuatro, cinco, o más años?, convirtiendo el proceso en un vía crucis. No hay respuestas aceptables frente a esta patología”.
“Estos tres déficits afectan directamente el derecho de nuestros representados y frustran las legítimas expectativas de los abogados, lesionando la dignidad y el decoro del ejercicio de la abogacía, lo que repercute en el justiciable, en la medida en que se retarda la respuesta a sus reclamos, en muchos casos con negativas consecuencias patrimoniales, con créditos que se actualizan con tasas de interés, que la inflación termina por consumir, y cuyo resultado final se convierte en un premio para el deudor y un castigo para el acreedor legítimo, situación comparable a la afectación que sufre el honorario de los abogados, ya que a mayor tiempo profesional empleado para la resolución de un asunto menor será la retribución por la tarea efectuada. Debemos asumir que la situación debe ser revertida, en el más breve lapso posible, con las más profundas medidas, y con el compromiso de todos los sectores, redoblando esfuerzos y traduciendo ello en medidas concretas”, se añadió.
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