NUEVAS NORMAS PARA COMBATIR EL LAVADO DE DINERO

Escribe Adrián Ventura para el Diario
La Nacion

Presionado por las duras críticas que le formuló el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) por la laxitud con la que la Argentina combate el lavado, el gobierno de Cristina Kirchner puso en marcha una batería de medidas para ejercer un mayor control sobre todo tipo de operaciones comerciales y financieras.
La compra de un departamento o de un automóvil, una transferencia bancaria, la firma de un contrato de seguro o incluso las apuestas en los bingos y casinos que superen determinado monto serán examinadas más rigurosamente por el Estado.
Las nuevas normas, que fueron publicadas en los últimos siete días en el Boletín Oficial, comenzarán a regir, a más tardar, en abril.
A partir de entonces, los bancos, las aseguradoras, las empresas de transporte de caudales y profesionales, como escribanos y contadores, deberán tener listos los procedimientos de control para fiscalizar operaciones tales como la compra de un automóvil por un valor superior a 200.000 pesos o transferencias bancarias que superen los movimientos habituales del cliente.
"Estas medidas tendrán impacto no sólo en la gente, sino también en la economía formal", evalúa Félix Marteau, ex titular de la Oficina de Coordinación de Lavado de Dinero.
En octubre último, en París, el GAFI formuló muy duros cuestionamientos contra la Argentina, porque no respeta 47 de las 49 normas que dictó ese organismo internacional para combatir el lavado de dinero.
Desde entonces, la Argentina quedó sometida a un "proceso de revisión y seguimiento intensivo" y, en un plazo inusualmente breve, el titular del GAFI, Luis Urrutia Corral, tomó una medida que normalmente se demora varios meses: visitó de alto nivel al país en diciembre.
En esa oportunidad, la Argentina presentó su plan de acción para mejorar el combate contra el lavado pero ese programa, que prometía dictar varias leyes y resoluciones a lo largo de todo 2011, no satisfizo al GAFI. Urrutia Corral, en reuniones con el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y con el ministro de Justicia, Julio Alak, dejó en claro que el Gobierno debía hacer correcciones a su plan de acción, que será evaluado por el GAFI en el próximo plenario, que se hará entre el 21 y el 25 de febrero próximos.
Por eso, para intentar satisfacer esas expectativas y evitar una nueva amonestación de GAFI, el Gobierno dictó una batería de normas que les exige a los bancos, aseguradoras, casinos, bingos, contadores, escribanos -en general, a todas las personas que están incluidas en la ley 25.246, de lavado de dinero- desarrollar mecanismos más rigurosos de control.
Esos organismos y profesionales, dicen las nuevas normas, deberán conocer a fondo el perfil de sus clientes y llevar legajos de cada uno de ellos; dictar un manual de procedimientos para prevenir ese delito; analizar las operaciones inusuales y reportar aquellas donde los clientes no puedan justificar el origen del dinero.
En esas resoluciones, la UIF dispuso:

Aumentar los controles que ejercerá la Dirección de Propiedad Automotor. Así, cuando adquiera un automóvil de más de doscientos mil pesos, no sólo deberá llenar una declaración jurada sobre el origen lícito de los fondos sino que, además, deberá presentar la documentación que la respalda: por ejemplo, deberá acreditarse la existencia de una cuenta bancaria donde estaban esos fondos o una escritura de venta de inmuebles, automóviles, cereales o ganado por cantidades suficientes para adquirir el nuevo vehículo. En la actualidad también se deberían exigir esos controles, pero con las nuevas normas se busca que efectivamente se lleven a cabo.
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Uno de los sectores más neurálgicos y difíciles de controlar es el del juego, porque está muy extendido: en el país existen, según un relevamiento de la UIF, 61 bingos; 67 casinos; 89 locales de máquinas tragamonedas y 115 agencias de carreras de caballos. Y, además, operan empresarios cercanos al poder político.
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Por ejemplo, en la Capital Federal operan el Casino Flotante, propiedad de Compañía de Inversiones y Entretenimientos-Ciesa, y el del Hipódromo Argentino, del que son titulares Casino Club, de Cristóbal López, e Hipsa, de Federico de Achával. En diciembre, la UIF realizó una inspección en ambos y les requirió información.
Quienes conocen el sector dicen que es mucho mas complejo controlar a los propietarios de los casinos y bingos que a los clientes. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, las máquinas tragamonedas están conectadas on line a la agencia de recaudación (ARBA), pero en otras provincias no ocurre eso. Esas máquinas mueven mucho dinero en negro.

También se intensifican los controles sobre las Personas Expuestas Políticamente (PEP), una categoría que abarca a presidentes, ministros, funcionarios, presidentes de partidos políticos, legisladores, jueces, fiscales, sindicalistas y directores de cámaras empresariales. También alcanza a las esposas o parejas, hijos y sobrinos y a los militares, diplomáticos y funcionarios extranjeros.
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El Banco Central de la República Argentina deberá ejercer más control sobre los bancos y entidades financieras, aunque las facultades sancionatorias estarán en cabeza de la UIF, para determinar si hay clientes que usan el sistema para lavar dinero.
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Y hay nuevas exigencias para la Superintendencia de Seguros de la Nación; la Comisión Nacional de Valores; los escribanos, los contadores, las empresas de auditoría y las transportadoras de caudales, que deberán reportar cualquier actividad sospechosa que realicen las empresas de cada sector.
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CLAVES DE LA MEDIDA
Mayor control. El Gobierno dictó un conjunto de resoluciones que le permitirán ejercer mayor control sobre las operaciones comerciales (compra de autos y casas, por ejemplo); transacciones financieras, los seguros y el juego.
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El juego se extendió. Uno de los sectores más difíciles de controlar es el de las apuestas. En todo el país hay 61 bingos, 67 casinos, 89 locales tragamonedas y 115 agencias de apuestas de carreras de caballos.
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Lavado de dinero . El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en octubre último criticó a la Argentina porque no cumple ninguna de las normas para combatir ese delito. Ante la inminencia de una sanción, el Gobierno reforzó los controles.