* Belen Cano
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El secretario de Gobierno se refirió a la reglamentación de la ordenanza que posibilitará a inspectores comunales avanzar en clausuras preventivas de lugares donde se adviertan indicios de explotación sexual y trata
La reglamentación de la ordenanza que buscaba poner límites a los locales nocturnos donde se fomenta la explotación sexual y la trata de mujeres, votada por unanimidad en el Concejo Deliberante, llegó con demora y algunas modificaciones. El Ejecutivo se tomó ocho meses para delinear el proyecto de reglamentación que terminó siendo redactado por el Procurador Municipal en unos veinte días.
Finalmente el intendente Gustavo Pulti firmó el decreto reglamentario, a través del cual un cuerpo de inspectores municipales –especialmente conformado, que podrá actuar en todo el Partido de General Pueyrredon y recibirá una capacitación especial- podrá determinar clausuras preventivas de locales nocturnos donde se “adviertan situaciones que presuntamente puedan vincularse con la explotación de la prostitución ajena o la trata de personas”.
Ariel Ciano, secretario de Gobierno, señaló en diálogo con El Atlántico, que los indicios pueden ser claros y evidentes como la existencia de camas en los lugares. Incluso, señaló que tanto los avisos clasificados de los diarios como los panfletos que se reparten en la vía pública que promocionan estos bares nocturnos, cabarets o wiskerías, y ofertan tragos y mujeres, pueden ser indicios suficientes. “Ese es otro indicio, si hay un ofrecimiento de prostitución que coincide con un local, es otro indicio a tener en cuenta claramente”, sostuvo el funcionario.
“Es clausura preventiva porque tiene que dar derecho al titular de esa explotación comercial a que se defienda. No queremos en pos de proteger derechos, violar derechos”, indicó.
La intención, señaló, es avanzar. Reparó en que, de acuerdo al principio de progresividad, se podrá ir mejorando, en consonancia a lo mencionado por Martín Colombo, procurador municipal, quien presentó el anteproyecto de ordenanza, que la Comuna respetó al cien por ciento para elaborar el decreto reglamentario.
“Es decisión del Municipio trabajar fuertemente contra la trata de personas”, sostuvo Ciano. “La idea que está plasmada en este proyecto de decreto se fundamenta en el eje central de combatir este flagelo. Para ello, desde el ámbito municipal tendrán competencia específica inspectores en todo el ámbito de General Pueyrredon para unificar justamente los criterios en este sentido”, añadió.
“Por otra parte –indicó-, se habla de trabajar en forma mancomunada, concatenada, con otros organismos como la Fiscalía Federal, la Fiscalía de la Provincia, que tienden a trabajar en ello. Y hay un capítulo importante que estaba en la ordenanza y está en el decreto reglamentario, que es la asistencia a las víctimas de trata. Que es otro eje fundamental para nosotros”.
“Porque se advierte que muchas veces no se les da el cobijo necesario a las víctimas, por eso esto lo trabajamos con la Secretaría de Desarrollo Social y de Salud”, determinó Ciano.
De todas maneras, aún no habría una partida presupuestaria adicional destinada para la Dirección de la Mujer, que este año abrirá un Hogar para víctimas de Trata, a través de un convenio con el Centro de Protección a la Víctima de la Provincia, que cederá el edificio, tal como lo adelantó El Atlántico en su edición del domingo. Sin embargo, el área municipal deberá afrontar los gastos de personal y funcionamiento. Para este 2011, se le otorgó una partida extra de 500 mil pesos que se destinará a la entrega de sólo 60 becas para asistir a los programas de atención a las víctimas para violencia y trata.
Sin embargo, el secretario de Gobierno, dijo que es decisión de este gobierno “ir a fondo” contra esta problemática: avanzar con campañas y fortalecer los programas tendientes a dar contención a las víctimas.
Ciano excusó la demora en la reglamentación. “Queríamos sacarla para que tenga efectividad”, mencionó y destacó la labor de Colombo en el estudio sobre la temática que interpuso. “A veces sucede que salen ordenanzas que son más declamativas, y cuando las vas a aplicar, tenés complicaciones”, contempló.
El titular de la cartera política dijo que de esta manera se logró que la normativa “tenga relevancia para inspeccionar y, llegado el caso, sancionar a los lugares donde se exploten mujeres o se fomente la este delito, o bien colaborar con la investigación judicial, que sancione este flagelo que es la trata, que somete los derechos más básicos de una persona”.
Grupo de trabajo
En la normativa se contempla la creación de un grupo de trabajo que estará integrado por representantes de la Dirección General de Inspección General y la Secretaría de Desarrollo Social, para evaluar periódicamente los resultados de la implementación de la Ordenanza 19.798 y proponer ajustes y modificaciones.
“Podrá invitarse a participar a otros órganos y entes de la Administración municipal, a integrantes del Departamento Deliberativo y a representantes de entidades públicas y privadas con competencia o experiencia en la materia”, indica.
Principios
Uno de los artículos centrales de la ordenanza, está compuesto por siete principios básicos a los cuales, señala, deberán ajustarse las acciones de la autoridad de aplicación. Son los siguientes:
1. Proactividad en todas las actuaciones que emprenda vinculadas con la prevención y la sanción de la trata de personas
2. Eficiencia y celeridad en las actuaciones.
3. Confidencialidad y reserva en el manejo de información y en las actuaciones que emprenda.
4. Centralización, propendiendo a mantener la competencia vinculada con el cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza 19.798 entre la menor cantidad posible de órganos y funcionarios.
5. Cooperación y coordinación intra e interinstitucional, requiriendo y ofreciendo la colaboración necesaria.
6. Protección a la víctima de trata, como bastión principal de todas las actuaciones que emprenda.
7. Vigilancia del marco general de respeto de derechos humanos de todos los sujetos involucrados en sus actuaciones.
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