Un grupo de participantes del concurso organizado por el gobierno de Pulti para seleccionar personal para el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias ocupó este jueves la banca 25 del Concejo Deliberante y profundizó sus denuncias por irregularidades en el proceso. En la oportunidad, consideraron que se trató de una selección “sujeta al libre albedrío” y la calificaron de “parodia a la legalidad”. También cuestionaron duramente al secretario de la Oficina para la Descentralización y Mejora de la Administración, Santiago Bonifatti, a quien acusaron de “hacer política” con la convocatoria. “Este gobierno utilizó a 6 mil personas en época de campaña y después acomodó con el dedo a la gente que quiso”, dispararon.
Tras denunciar durante varias semanas las irregularidades que tuvo el concurso abierto y público convocado por el Departamento Ejecutivo local con el fin de seleccionar personal para ocupar cargos en distintas áreas del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEMA), un grupo de participantes ocupó este jueves la banca 25 del Concejo Deliberante y profundizó los reclamos. La primera en dirigirse al Honorable Cuerpo fue Romina Pinilla, aspirante a cubrir un puesto administrativo en el establecimiento sanitario.
“Yo, al igual que todas las personas que me acompañan y otras que no pudieron venir, participamos del concurso esperanzados de conseguir trabajo y confiando en la transparencia del mismo, pero nos vimos agraviados en la forma en que este se ha desarrollado, sin garantizar en modo alguno la transparencia del concurso ni la igualdad de los aspirantes al cargo. Aún cuando la Constitución Nacional garantiza en su Art. 16 el ingreso a la función pública, en igualdad de condiciones y sin otra condición que la idoneidad”, comenzó diciendo.
En esa línea, señaló que “el concurso estuvo reglamentado por el decreto1219/2011, pero en la puesta en práctica del concurso nos hemos encontrado con que no se ha dado cumplimiento a varias cuestiones de esta reglamentación”, y especificó: “El decreto establecía dos instancias de pruebas de aptitud: el examen escrito a través del cual se seleccionarían los 200 con mejor puntaje para pasar a la segunda instancia; y la entrevista personal (pudiendo participar de esta última un psicólogo evaluador). De estas dos instancias surgirían los 22 seleccionados para cubrir los cargos, pero al momento de implementarlo nos encontramos con que al concurso se le agregó una etapa más, llamada entrevista psicológica, que no sólo no figura en el decreto sino que no estuvo acompañada de una reglamentación que la regule”.
“El Sr. Bonifatti argumenta que esta no ha sido una etapa agregada sino una división de la parte oral en personal y psicológica, de ser así las 201 personas deberíamos haber pasado por ambas instancias ya que no se puede seleccionar sin que haya concluido completamente la instancia de evaluación. Pero muy por el contrario lo que hicieron fue seleccionar en la entrevista personal a 70 personas que pasaron a la instancia psicológica”, agregó.
Además, sostuvo que “como también establece el decreto, el jurado debía calificar a cada postulante, estableciendo orden de mérito y labrando el acta correspondiente, pero la realidad es que no se elaboró un orden de mérito en cada instancia de evaluación, conforme al puntaje obtenido por cada uno de los participantes y se desconoció el puntaje obtenido en las entrevistas, como así también los ausentes a las mismas”.
“El día 27 de julio se publicó en Internet el listado de las 70 personas seleccionadas en la etapa de la entrevista personal por orden alfabético y sin puntaje. Nunca se dio a conocer el valor asignado a cada etapa y Bonifatti plantea que eso fue aceptado por los participantes al concursar porque está establecido en el decreto, lo cual no es así. Es a raíz de esto que muchos de los que no fuimos seleccionados, pedimos, por medio de nota, a la Oficina de Descentralización que nos mostraran las actas labradas en las entrevistas personales y nos informaran que criterios fueron tenidos en cuenta a fin de evaluar las entrevistas, dado que se trata de un concurso público y abierto, también los resultados deberían ser de carácter público. Nunca obtuvimos respuesta de parte del Sr. Bonifatti, motivo por el cual presentamos ante la Secretaría privada un recurso jerárquico en subsidio, a fin de que sea el Intendente como superior inmediato quien intervenga y realice una revisión del acto administrativo, sin obtener tampoco ninguna respuesta hasta la fecha”, añadió.
Asimismo, remarcó que “además de cumplir con las presentaciones correspondientes hemos solicitado entrevista personal con el Intendente el cual nunca nos recibió ni contestó nuestra petición. En el caso del Secretario de Salud como así también del Secretario de la Oficina para la Descentralización pudimos obtener las entrevistas a partir de interceptarlos en sus oficinas. Evidentemente estamos en presencia de funcionarios que no entienden que tienen la obligación de responder a la petición de cualquier ciudadano en positivo o negativo”.
“Y peor aún, hemos visto y sabido por personal del Concejo de ciertas maniobras para imposibilitarnos la banca 25, lo cual pone de manifiesto una violación a la división de poderes. Cuando no les conviene alegan que no les compete y cuando les conviene invaden un poder que no les pertenece, pero ya nos tienen acostumbrados a esto, pues la hermana de Bonifatti que es empleada del Concejo está trabajando en el Ejecutivo y participó de las entrevistas del concurso”, advirtió.
“EN UNA CIUDAD DONDE LA DESOCUPACIÓN CRECE, TENER UN TÍTULO NO ES GARANTÍA DE TRABAJO”
En otra parte de su alocución, Pinilla subrayó que “otra cuestión que no está en el decreto y luego nos enteramos, es que aquellos que poseen un estudio universitario avanzado o un título habilitante, eran considerados sobrevaluados para el cargo (hayan o no terminado su carrera) y se les restaba puntos”. “El decreto establece que el curriculum es una prueba complementaria al examen y la entrevista, a partir del cual se evaluará la formación máxima alcanzada, pero nunca dice que restará puntos al que tiene algo más que un secundario. De la misma manera, establece que se evaluarán los conocimientos y uso de PC, las experiencias laborales y los conocimientos vinculados con las labores administrativas, pero sobre estos aspectos no fueron dirigidas las entrevistas, sólo versaron en averiguar cuánto falta para que uno termine su carrera. El mismo Ferro manifestó que no quieren profesionales en la administración pública, para que el día de mañana no pidan el traslado a otro sector vinculado con su carrera, de la misma manera expresó que eso no lo podían poner como requisito del concurso ya que sería discriminar, como si hacerlo luego no fuera una discriminación”, aseveró.
En ese orden, la aspirante cuestionó que “en una ciudad donde la desocupación lejos de disminuir crece, tener un título no es garantía de trabajo” y apuntó: “Parece que uno no pudiera tener autodeterminación para elegir si privilegia el título o conseguir un trabajo aunque este no este vinculado con sus estudios. Como si además uno tuviera la obligación de tomar un cargo público y allí quedarse eternamente sin posibilidad de progreso. Me gustaría que nos digan a cuántos de los aquí presentes nos les interesa progresar en su trabajo; por qué, por ejemplo, el Dr. Ferro no siguió ejerciendo la medicina, ya que ellos mismos se jactan de no querer que haya movilidad dentro de la municipalidad”.
Y enfatizó: “No se están respetando libertades y derechos consagrados en nuestra Carta Magna que implican principios tales como la autodeterminación de las personas, el derecho de aprender y enseñar, y la libertad civil, ya que ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe”.
“El concepto de “sobrevaluados”, lejos de ser un halago, es más bien una falsa justificación para dar respuesta a algo que no les conviene responder, ya que varias de las personas seleccionadas para cubrir los cargos tienen un título habilitante: hasta donde pudimos averiguar, hay una licenciada en nutrición, una profesora de inglés, algunos abogados, graduados de la Facultad de Humanidades y seguramente debe haber otros con título profesional que no hemos llegado a conocer aún”, puntualizó.
UNA SELECCIÓN “SUJETA AL LIBRE ALBEDRÍO”
Por otra parte, Pinilla evaluó que “en todo proceso de selección compuesto de distintas etapas, estas se encuentran vinculadas unas a otras, estableciéndole a cada instancia un valor, para llegar a un resultado final”, pero, “en este caso hubo una disociación manifiesta entre el examen escrito (basado en un módulo de 129 páginas cuyo contenido mayoritario revestía las características de un perfil administrativo de neto corte jurídico) y el desenlace improvisado en la metodología de forma y fondo que se observó en la etapa de las entrevistas personales”.
“No se tuvo en cuenta el puntaje del escrito y se depositó la selección en los tribunales, compuestos por empleados municipales sin identificación, que no se controlaron a fin de brindar transparencia, ya que no hubo un solo veedor. Se depositó la selección en personas que no están capacitadas para realizar entrevistas, que no establecieron criterios y que entrevistaron a gente que honestamente se ha esforzado por competir para el acceso a los cargos; pero también a los familiares y amigos de sus propios compañeros de trabajo, con los cuales tuvieron ciertos privilegios”, denunció más adelante.
También dijo que “con respecto a la falta de criterios, tomamos conocimiento que el día 21 de julio, día en que se terminaron de hacer las entrevistas personales, los miembros de los tribunales se reunieron para aunar criterios de selección, esto demuestra claramente que el concurso no se basó en ninguna reglamentación, sino los criterios hubieran estado establecidos previo a la realización de las entrevistas, como debe ser en un concurso transparente y legal”.
“Es por esta falta de criterios que la conformación de los 70 seleccionados para la tercera etapa, agregada por fuera de lo reglado en el decreto, fue el resultado de la elección de 14 participantes por cada uno de los tribunales evaluadores, sujeta al libre albedrío, sin seguir un criterio común, ni llevar a cabo las deliberaciones conjuntas tendientes a elegir a los mejores para la instancia final. Está claro que si uno pretende seleccionar a los 70 mejores debe reunir el puntaje que obtuvo cada uno y a partir de allí seleccionar a los 70 que mejor puntaje hayan obtenido, no 14 de cada tribunal, pero el mismo Bonifatti manifestó que se realizó así porque cada tribunal tenía criterios diferentes, que quizá uno evaluaba algo que el otro no, que era muy subjetiva esa instancia”, criticó.
“En definitiva, de la forma en que se llevó a cabo dicha entrevista se advirtió que la pretendida selección se había tornado en una parodia de legalidad, en la que se pretendió sustituir la presentación de antecedentes y la aprobación de examen por la mera voluntad de esa administración con el objeto de justificar la incorporación discrecional de agentes con una clara finalidad clientelista, propia de la época electoral en que se desarrolló el supuesto proceso de selección de postulantes”, disparó.
“BONIFATTI HIZO POLÍTICA CON LA SELECCIÓN DE PERSONAL DEL CEMA; UTILIZÓ 6 MIL PERSONAS”
En consecuencia, Pinilla afirmó que los participantes se vieron “agraviados por este acto administrativo” y que consideran que “los vicios substanciales que se pusieron de manifiesto en el desarrollo del proceso de selección tornaron ilegítimo el proceso de selección de aspirantes y desnaturalizaron la finalidad perseguida por los procedimientos establecidos en la ley 11.757”.
“Consideramos que esta gestión jugó con la ilusión, el tiempo y la necesidad de muchas personas. El Sr. Bonifatti dice que la oposición está haciendo una utilización pólítica del tema y el único que hizo política con la selección de personal del CEMA fue este gobierno que utilizó 6000 personas que se anotaron para 22 puestos para mostrar a la sociedad, en época de campaña, que hacían un concurso público y abierto, dándole la oportunidad a todos los marplatenses y después acomodó con el dedo a la gente que quiso ya que las únicas dos personas a las que les subieron la nota del escrito en 7 y 8 puntos porque no llegaban con lo que se habían sacado a quedar entre los 200 primeramente seleccionados, quedaron seleccionadas entre los 22 y hay varios apellidos vinculados con cargos jerárquicos. Está claro que si hubiera querido designar directamente a las 22 personas lo hubieran hecho, porque es lo que hacen siempre, pero esta vez les sirvió hacer un concurso no con el fin de seleccionar a las personas más capacitadas, sino pura y exclusivamente para ganar votos con la pantalla de un concurso público y abierto”, subrayó.
“Estamos cansadas de las excusas baratas: que no sabemos perder, que no estamos preparadas para recibir los resultados que arrojan los test psicológicos, que tenemos mucha capacidad para enfrentarnos a un papel en el anonimato y realizar un excelente escrito pero un bajo rendimiento al enfrentarnos a una mesa evaluadora. Una persona que no puede enfrentarse a una mesa evaluadora no enfrenta una entrevista con Bonifatti, con Ferro, con Cristaldi, no pide una entrevista con el mismo Intendente o se manifiesta a través de la banca 25. Esas excusas que las deje para otros, no para nosotros”, aseguró.
A su vez, indicó que “otra excusa que pone es que el personal político no participó de las instancias de evaluación, pero eso no quiere decir que no haya dado directivas respecto de quien debía quedar, de hecho una persona que participó de uno de los tribunales evaluativos expresó que ‘hubo gente que acomodar’”.
“La forma de mostrar transparencia es mostrar las actas, los puntajes de todos y los criterios de evaluación que se utilizaron, los cuales el Sr. Bonifatti no pudo mostrarnos en la entrevista porque nunca los encontró y si bien nos manifestó que esta semana nos los daría por escrito pero aún estamos esperando. Sólo algunas en el día de ayer hemos recibido una notificación para poder ver los expedientes, claro que para ello algunas tienen que esperar hasta el mes que viene, que dos meses después de lo solicitado, cuando los plazos están más que vencidos, aparezcan las actas y nos dejen acceder a ellas deja mucho que desear ya que con tantas irregularidades nada nos garantiza que esas actas no estén adulteradas”, sugirió.
Y sentenció: “Como verán hay muchas dudas y mucho silencio por parte de aquellos que deberían evacuar nuestras dudas. Si existen explicaciones a todo lo planteado es necesario ponerlas en palabras, de otra manera el concepto de transparencia se esfuma. No nos queda más que agradecer esta posibilidad de exponer nuestro caso, y solicitamos desde nuestro humilde lugar, se revise lo actuado, revocando lo actuado en forma viciada”.
PIDIERON LA ANULACIÓN DEL CONCURSO
Por su parte, Ariana Albouy, quien se postuló para obtener un puesto en el área de Servicios del CEMA, también ocupó la banca 25, desde donde manifestó que el proceso “no tuvo nada de transparencia” pero sí “varias irregularidades”.
En ese sentido, enumeró que “el cuerpo evaluador en las entrevistas no estaba identificado; se suprimió una de las etapas sin previo aviso (entrevista grupal); no se profundizó en los currículum; ninguna de las personas que estaban en la entrevista anotaba nada; no se publicaron las notas de las entrevistas ni de los currículum y cuando quedaron en la página web todos los postulantes a ingresar al CEMA, desaparecieron mágicamente las notas restantes de los otros concursantes”.
“Teniendo en cuenta todos estos puntos que nombré y al no quedar seleccionadas siendo que tuvimos muy buenos puntajes en el examen escrito enviamos varias notas a la Oficina para la Descentralización y al despacho del señor Intendente para que nos den alguna respuesta pero no la tuvimos”, relató.
Inclusive, mencionó: “Hace dos semanas atrás nos encontramos sorpresivamente al señor Bonifatti y le pedimos una reunión pero, si bien nos la concedió, no obtuvimos ninguna respuesta satisfactoria ya que Bonifatti, a todas nuestras preguntas, respondía que él había manejado el concurso, que había sido muy transparente y que a todos nuestros reclamos y acusaciones a él no le constaban”.
“También nos dijo que nos iba a informar por escrito a cada una cuando nos teníamos que presentar para visar nuestro expedientes. Nos parece que es una falta de respeto, muy poco ético y muy poco creíble que nos muestren los expedientes dos meses después de las entrevistas. Tranquilamente podemos pensar que esos papeles fueron alterados o inventados al no haber escrito nadie en las entrevistas”, coincidió con su antecesora.
Asimismo, hizo hincapié en que “a dos compañeras no se les mandó la notificación para visar sus expedientes y que a otra le dieron turno para el 30 de octubre”.
Por último, aclaró: “Nosotras no formamos parte de ningún partido político ni de ninguna organización, simplemente somos ciudadanas comunes y corrientes y el pedido que le queremos hacer es que sea anulado este concurso por todas las irregularidades que tuvo”.
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