SI CABLEVISION NO REESTABLECE EL SERVICIO A SUS ABONADOS ORDENARAN MULTAS Y PODRIA SER DETENIDO EL PRESIDENTE DE LA FIRMA MONOPOLICA

La empresa Cablevision tiene hasta mañana para restablecer el servicio a los abonados a los que les cortó el cable porque pagaron el abono básico de $ 116 que fija la normativa legal, en lugar de la tarifa de $ 160 que estableció la compañía.
La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, decidió aplicarle la Ley de Abastecimiento a la empresa Cablevisión del Grupo Clarín con el fin de obligarla a que restituya el servicio a un grupo de abonados a los que la empresa les cortó el cable.
Según consta en la resolución de Comercio Interior –a la que Tiempo Argentino tuvo acceso en exclusiva–, la decisión oficial se tomó a partir de la presentación pública que hicieron varios abonados de Cablevisión, en la que denunciaron que la empresa les interrumpió el servicio porque pagaron el abono básico de $ 116 –como fijó Comercio Interior en una resolución– en lugar de los $ 160 que estableció Cablevisión de forma unilateral.
En el artículo 1, la resolución indica expresamente que “la firma Cablevisión deberá, en un plazo máximo de 24 horas restablecer el servicio interrumpido de televisión paga a aquellos usuarios que hubieren abonado en tiempo y forma los precios” establecidos en distintas resoluciones (36/11, 65/11, 92/11, 123/11, 141/11 y 10/11) por la mentada secretaría.
Además, Comercio Interior también subraya que “la reconexión deberá ser efectuada respetando todas y cada una de las condiciones pactadas oportunamente” entre el usuario y la empresa.
La compañía recibió ayer la notificación en su domicilio ubicado en General Hornos 690 (Ciudad de Buenos Aires) y el plazo de 24 horas comenzó a correr desde la horas de hoy y vence mañana a la misma hora.
Esa resolución es un eslabón más de la batalla legal que el gobierno mantiene con Cablevisión por el precio de las tarifas del servicio básico. La pelea comenzó el 9 de marzo de 2011 cuando Comercio Interior estableció los parámetros a los cuales debían ceñirse a la hora de definir su servicio básico las empresas de cable y fijó un valor de $ 109 retroactivo a enero del mismo año.
Sin embargo, la compañía de cable del Grupo Clarín desconoció dicho criterio y se negó en sucesivas oportunidades a respetar los precios para el abono básico determinados por Comercio Interior.
Una vez que superó el área administrativa, la pelea entre el multimedios y la Secretaría de Comercio llegó a los estrados judiciales con fallos contradictorios en los que algunos jueces le dieron la razón a la empresa y otros magistrados al gobierno. Lo cierto es que gracias a distintos recursos de amparos, la empresa siguió cobrando la tarifa según su criterio e hizo caso omiso a las resoluciones de la Secretaría de Comercio que fijaban una tarifa más baja.
En Cablevisión, en cambio, repiten que aumentan sus tarifas porque también se incrementan sus costos operativos (servicios laborales, de programación y gastos generales) y también se amparan en la libertad de mercado.
Los principales damnificados de estas diferencias de criterios de la empresa con el gobierno fueron los 4,5 millones de usuarios de Cablevisión que por este diferencial de precio le pagaron en su conjunto alrededor de $ 1500 millones extras a la empresa de cable del Grupo Clarín.
Además, los que pagaron la tarifa que fijó Comercio Interior sufrieron las consecuencias. “A raíz de las diferencias entre la tarifa oficial y la que cobra efectivamente Cablevisión, Adecua recibió muchos reclamos de usuarios, pero nosotros no sabíamos qué recomendarles porque en muchos casos aquellos que dejaron de pagar sufrieron el corte del servicio”, reconoció a Tiempo Argentino la titular de esta entidad, Sandra González.
Ayer, una altísima fuente de la Secretaría de Comercio Interior aseguró que “van a ir a fondo” contra la empresa Cablevisión para asegurarse que la empresa restablezca el servicio a aquellos que sufrieron la baja y que, de lo contrario, van a aplicar todo el peso de la Ley de Abastecimiento (20.680).
La normativa prevé duras sanciones económicas para aquellos que violen la ley “atendiendo la dimensión económica de la empresa”.
La Ley de Abastecimiento también le da potestad a las autoridades de realizar clausuras preventivas e incluso en un caso extremo “solicitar a la autoridad de aplicación la detención preventiva de los presuntos responsables por el término de hasta 48 horas cuando fuere necesario para el esclarecimiento de la infracción”.
En Comercio Interior fueron taxativos y le enviaron un mensaje claro a la empresa: “queremos que se cumpla la ley y si es necesario vamos a mandar a detener al presidente de Cablevisión.”