En una nueva audiencia del debate oral y público en el que son juzgados diez civiles y un militar retirado, como integrantes de una asociación ilícita en el marco de la Concertación Nacional Universitaria (CNU), este lunes declaró el sociólogo Abel “Cacho” Ayala, quien sostuvo que los crímenes cometidos en la antesala del golpe de Estado fueron “muertes por cuestiones políticas”.
“Cacho”, hoy jubilado y director de la primera consultora de Mar del Plata, recordó que a principios de los '70 había conformado el Grupo Lealtad dentro del peronismo, junto a José Nicoló y Jorge López, entre otros. En su declaración, subrayó que cuando asumió como normalizador Josué Catuogno al frente de la Universidad Provincial, supieron que Eduardo Cincotta, entonces secretario general de la Universidad, quería hablar con ellos. “Había una reticencia porque se decía que iba al Gada (Grupo de Artillería de Defensa Aérea)”, explicó el testigo, por lo que se reunieron con quien era el secretario académico: Gustavo Modesto Demarchi.
El pedido fue que se hagan cargo de la Facultad de Humanidades para evitar supuestos enfrentamientos con grupos de izquierda que estudiaban y militaban allí. “Cuando Demarchi nos ofreció eso, Jorge López le preguntó ‘A cambio qué’. Había que hacer una limpieza de los sectores más radicalizados”, aseveró.
Consultado sobre cómo interpretaba los asesinatos cometidos en la denominada noche del 5x1, fue claro: “En términos crudos, fue la venganza por el asesinato de Piantoni”, quien lideraba entonces la CNU.
Dentro de su grupo de militancia, pensaron en que uno debía ir al velatorio. “Fue Nicoló y volvió un poco alarmado. Le dijeron (en la sala velatoria) que se iba a producir el cinco por uno y que ya estaban viajando desde La Plata”, apuntó Ayala.
¿Venganza de quién?, le preguntó el fiscal. “De los sectores más afectados, más ligados a Piantoni. Obviamente era la CNU, después había sectores de derecha como CDO y otros”, respondió el testigo.
Cuando lo interrogaron acerca de si los imputados que le leyeron al inicio de la audiencia eran parte de esta organización de ultraderecha, Ayala señaló: “Estábamos informados que esa gente estaba en CNU”.
De Raúl Arturo Viglizzo, dijo que le constaba su pertenencia a CNU, lo mismo que Juan Pedro Asaro –a quien visita en el penal de Batán-, y José Luis Granel. De Roberto Justel dijo que se enteró después de esos años, y de Mario Durquet mencionó que él no negaba su participación en la agrupación. Respecto a Demarchi sostuvo: “Para mí no”.
Después de repasar su actividad profesional ligada al gremialismo, ahondó: “Por una razón de personalidad, no admitía persona por encima de él, sino mandaba él, no servía”.
Ayala también se refirió a los crímenes de María del Carmen Maggi, de Daniel Gasparri y del psicólogo Roberto Sanmartino. ¿Dónde enmarca estos asesinatos?, le preguntaron. “En el marco de la locura que vivíamos”, señaló. Dijo además que eran “muertes por cuestiones políticas”. “Era la derecha contra la izquierda, y la izquierda contra la derecha también”, mencionó, aunque ante la consulta de uno de los jueces por algún posible respaldo del Estado reparó: “Se decía que algunos grupos tenían apoyatura de las Tres A”.
"Un crimen por su actuación política"
Juan Diego Gasparri, actualmente tiene 62 años y se desempeña como ingeniero agrónomo. Cuando estudiaba, en 1975, le tocó viajar de Balcarce a Mar del Plata para reconocer a su hermano asesinado.
“Daniel trabajaba en la Municipalidad, era delegado en Inspección General; estaba recién recibido de contador, y hasta había realizado un curso de aviador”, relató Juan Diego, quien agregó: “A mi hermano lo mataron y lo quemaron en el asiento trasero de su auto”.
El 25 de abril de 1975, sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo, se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero, se encontraba el cuerpo calcinado del contador Gasparri. A unos metros, yacía Jorge Alberto Stoppani con innumerables impactos de bala.
Ese día, cuando llegó a la ciudad, Juan Diego acudió, junto con Susana Salerno –quien entonces era la pareja de Gasparri-, a la comisaría. “Yo pregunté qué había pasado y nadie supo darme ninguna explicación”, relató en el juicio que -40 años después- busca echar luz sobre el crimen de su hermano.
¿A qué lo atribuye?, le preguntó el fiscal de Distrito, Daniel Adler, acompañado por las fiscales Laura Mazzaferri y Eugenia Montero. “Siempre lo atribuí al terrorismo de Estado, desde un primer momento”, respondió el testigo.
“Él estaba en la JP y gobernaba López Rega con Isabel. Fue un crimen por su actuación política”, explicó luego y añadió: “Todos los comentarios, por las características de los crímenes, hablaban de la Triple A o alguna organización paraestatal”.
Respecto a la actuación de la justicia, dijo que nunca nadie se comunicó con su familia. Tiempo después, supo que el fiscal era el imputado Demarchi.
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