En una audiencia maratónica que se extendió durante cinco horas, las partes expusieron sus fundamentos sobre la responsabilidad de los ocho jóvenes imputados por una docena de hechos de amenazas, ataques contra inmuebles, lesiones y de conformar una organización para cometer estos delitos en función de proclamas neonazis. Las defensas cuestionaron el fallo de primera instancia y pidieron la libertad de los seis acusados que se encuentran encarcelados. Por su parte, el Ministerio Público Fiscal sostuvo la acusación y argumentó que “existe riesgo procesal concreto y no abstracto”.
Durante su alocución, el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones Daniel Adler, quien estuvo acompañado por los fiscales Laura Mazzaferri y Nicolás Czizik y el secretario Carlos Martínez, cuestionó que se hable de peleas “entre dos grupos antagónicos”. “Es inadmisible comprar un grupo con otro, como se ha querido hacer acá. Las ideas nazis o de apartheid territorial han sido condenadas no sólo internacional y nacionalmente, sino también vernáculamente cuando esta Cámara se expresó en la causa por un video de apología del nacional socialismo”.
Enseguida, desestimó que haya detrás de la causa una discusión política –como introdujo uno de los abogados defensores-, y señaló: “Acá, hay una discusión por graves violaciones a los derechos humanos. Hay víctimas golpeadas, dejadas en el piso inconscientes, grupos que salen de noche de cacería como las SS en los años ’40. Esto no se puede permitir, porque justamente estos grupos no tienen tolerancia hacia el otro”.
El fiscal general destacó la “profunda raíz democrática” de la ley antidiscriminatoria, imputada a los jóvenes en concurso ideal con el artículo 213 bis. Más adelante, pidió a los jueces Alejandro Tazza, Eduardo Jiménez y Jorge Ferro, revisar con racionalidad el auto de procesamiento firmado por el juez Santiago Inchausti.
A continuación, planteó la necesidad de sostener el procesamiento. “Las pruebas son contundentes”, dijo. Por otro lado, cuestionó otro de los dichos de las defensas: “¿Escuché que las manifestaciones de las víctimas no sirven? Esa ha sido justamente la estrategia de impunidad”, sostuvo. Y refirió que las causas fragmentadas en la Justicia Provincial evidenciaban “una visión mínima de este conflicto”. “Con la posibilidad de acumular los hechos y tener una visión de conjunto, afloró la verdad: la persecución de las minorías por parte de este grupo organizado, minorías que deben ser protegidas por el Estado”, añadió.
Como segundo punto central, pidió que se sostenga la denegatoria de excarcelaciones porque, sostuvo, existe “riesgo procesal concreto”. Por un lado, señaló que la causa se sigue instruyendo, detrás de la identificación de algunas personas. “Es obligación del Estado no sólo investigar con seriedad a los autores materiales de los hechos, sino también a sus instigadores”, apuntó. E hizo hincapié en que hubo testigos amenazados, que hay una persecución a la comunidad trans, y también testigos con temor que se negaron a acudir al reconocimiento de los imputados
Fuente: loquepasa.net
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