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El Tribunal que juzgará sus crímenes estará integrado por Víctor Bianco, Elvio Osores
Soler y Luis Imas. Quiénes son los civiles y el militar retirado acusados de asociación
ilícita, privaciones ilegítimas de la libertad y homicidios. Las víctimas de esta primera
parte de la causa.
La Cámara Nacional de Casación Penal conformó el Tribunal que juzgará los crímenes
cometidos por la Concentración Nacionalista Universitaria (CNU), por los cuales –en
esta primera parte- deberán responder once imputados, diez civiles y un militar
retirado,encabezados por el ex fiscal Gustavo Demarchi. Estará integrado por los
jueces Víctor Bianco, Elvio Osores Soler y Luis Imas –los dos primeros son de San
Martín y el último de Capital Federal- y se estima que se concretará en 2015.
Los casos por los que serán juzgados, a partir de una investigación promovida por
el Ministerio Público Fiscal, incluyen a ocho víctimas. En la madrugada del 21 de
marzo, a horas del sepelio del líder de la CNU Ernesto Piantoni, un grupo armado
irrumpió en la vivienda de España 856: la venganza por la muerte del líder había
comenzado. Enrique “Pacho” Elizagaray era el referente de la Juventud Universitaria
Peronista (JUP) y esa noche estaba en la casa de sus tíos, la familia Videla. Cuando
llegó el grupo armado intentó escapar por los techos, pero una ráfaga de balas lo alcanzó
y murió de inmediato, tras recibir 23 impactos. Jorge Enrique Videla Yanzi y sus hijos
Jorge Lisandro y Guillermo Enrique fueron subidos a los autos que esperaban en la calle
. Sus cuerpos fueron hallados en el paraje Montemar. Jorge Lisandro tenía 57 heridas de
bala, su hermano Guillermo –de apenas 16 años, cursaba quinto año en el Colegio Mariano
Moreno- 27, y su padre Jorge, 33.
Esa misma madrugada, un grupo de personas jóvenes armadas con ametralladoras secuestró
al cirujano Bernardo Goldemberg de su casa ubicada en Falucho 3634, en presencia de su
esposa. Su cadáver fue luego hallado en las afueras de Mar del Plata con 42 heridas de bala.
El 25 de abril de 1975, sobre la avenida Edison, a unos tres kilómetros de Mario Bravo,
se encontró un Peugeot 504 gris íntegramente quemado. En el asiento trasero se
encontraba el cuerpo calcinado del contador público Daniel Gasparri. A unos metros,
estaba tendido el cuerpo sin vida de Jorge Alberto Stoppani con innumerables
impactos de bala.
La fuerte posición tomada y la ferviente defensa de una casa de estudios con perspectiva
social le costaron la vida a María del Carmen Maggi, conocida como Coca. Un grupo
armado de civil secuestró a la decana de la Facultad de Humanidades y secretaria
general de la Universidad Católica el 9 de mayo de 1975, a las 2:15 de la madrugada,
en su casa ubicada en Maipú al 4000, donde vivía con sus padres. Cuando apenas
había pasado un mes de su secuestro, y aunque el cuerpo aún no había aparecido,
se ordenó el archivo del sumario judicial. Y aunque su cadáver fue encontrado –de
manera casual- en cercanías de la laguna de Mar Chiquita un día antes del Golpe Militar,
la investigación no prosperó. Demarchi era entonces fiscal federal.
Acusados por asociación ilícita unos y otros como ideólogos y asesinos de estudiantes,
profesores y profesionales, deberán sentarse en el banquillo Juan Pedro Asaro y Raúl
Arturo Viglizzo, representados por Horacio Insanti; Juan Carlos Asaro y Luis Roberto
Coronel, defendidos por Andrés Barbieri; Raúl Rogelio Moleón, representado
por Martín Morillas; Mario Ernesto Durquet, el militar retirado Fernando Alberto Otero
, Roberto Justel y Marcelo Arenaza, representados por los defensores oficiales Paul
a Muniagurría y José Galan; mientras que Gustavo Modesto Demarchi y José Luis
Granel ejercerán su propia defensa.
Por el Ministerio Público Fiscal actuarán el fiscal de Distrito Daniel Adler, la fisca
l federal de primera instancia Laura Mazzaferri y Eugenia Montero, en reemplazo
de Juan Manuel Pettigiani, quien se excusó de intervenir en la causa. Cabe recordar
que en este caso el fiscal Pettigiani había entendido que estos crímenes no debían
ser juzgados porque estaban, según su dictamen, prescriptos por no considerarlos
de lesa humanidad.
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Una delegación de la Policía Metropolitana se presentó esta mañana en el edificio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los policías llevaban una orden de presentación firmada por el juez Claudio Bonadio para obtener las declaraciones juradas de impuestos de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y de su familia. Según fuentes judiciales, los procedimientos se están realizando en estos momentos.
El juez también solicitó la documentación impositiva presentada ante AFIP de Máximo y Florencia Kirchner, hijos del matrimonio presidencial. Y pidió las declaraciones juradas del fallecido ex presidente Néstor Kirchner entre el año 2008 y octubre de 2010. Hizo lo mismo con el empresario de la construcción, principal beneficiario de contratos de obra pública en la Patagonia desde 2003 en adelante, Lázaro Báez.
El pedido de información a la AFIP permite deducir que Bonadio investigará las relaciones entre la empresa Hotesur, propiedad de la familia presidencial, y el grupo empresario de Báez. Y que el caso avanzará más allá de las irregularidades que cometió Hotesur ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por la falta de presentación de balances.
En 2013, el diario La Nación reveló que el empresario alquilaba habitaciones de los hoteles de los Kirchner que no eran ocupadas. Y que Valle Mitre, la gerenciadora de hoteles de Báez, le pagó a la familia Kirchner 14,5 millones de pesos entre 2010 y 2011, por los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y Los Sauces.
