EL GOBIERNO PAGO EL PRECIO DE LA OBSTINACION Y DE LA SOBERBIA

Sería injusto no reconocer que en el mensaje pronunciado ayer por Cristina Kirchner hubo un giro, por cierto leve pero determinante. Al menos, el tono con el que se dirigió a los hombres de campo que protagonizaron la mayor medida de fuerza que sufrió el kirchnerismo desde que llegó al poder evidenció diferencias con el tono empleado el martes último desde el atril de la Casa Rosada. No es común encontrar en los discursos de la presidenta la expresión "por favor", a la que anoche recurrió para pedirles a los productores agropecuarios que levantaran la medida de fuerza. Aunque cueste rescatarlo en medio de la cerrada defensa de las medidas impositivas que afectan al campo, de las críticas al "lock out patronal" y de los intentos por dividir al frente agrario, el cambio de actitud existió. Hubiera sido una muestra de ingenuidad imaginar que la Presidenta podía convocar al campo a negociar sin imponer condición alguna. Resulta más que lógico que la jefa del Estado haya exigido el levantamiento del paro del campo para sentarse a negociar. Como ella señaló, está obligada a hacer eso por una cuestión de responsabilidad institucional y en virtud de que ningún corte de rutas es constitucional, al margen de la legitimidad que pueda tener la demanda que lo motiva. Pese a eso, el cambio existió. Por cierto, es difícil creer que este giro de la primera mandataria se basara en fuertes convicciones sobre las bondades del diálogo. Más bien fue el fruto del reconocimiento tácito de gruesos errores políticos. La primera equivocación del Gobierno fue subestimar la capacidad de movilización y presión de un sector que, paradójicamente, es el que le dio y le sigue dando de comer al actual modelo económico. El segundo error de cálculo pasó por impulsar una medida impositiva que unió ante el espanto a los grandes terratenientes con los pequeños y medianos productores agrarios, agrupados en una entidad rural, como la Federación Agraria Argentina (FAA), que en otro momento no dudó en apoyar al gobierno kirchnerista. La tercera equivocación fue dejar fuera de toda discusión a los gobernadores de las provincias más representativas del agro. No pocos mandatarios distritales ganaron las últimas elecciones con la ayuda de los votos del sector rural. Y no pocos de ellos viven de explotaciones agrícolas. No menos desacertado fue que Cristina Kirchner pronunciara el martes último un discurso que, a los oídos de mucha gente, pareció sembrar el odio de clases. Un defecto que buscó corregir anoche cuando enfatizó que el peronismo "nunca planteó la lucha de clases ni la guerra entre ricos y pobres". El último error fue pensar en piqueteros y camioneros como socios para disuadir a los manifestantes, sin tomar debida nota de que el accionar de esas malas compañías sólo provocaría más irritación en el campo y la solidaridad de vastos sectores medios con los productores, además de alimentar una escalada de violencia. El Gobierno pagó el precio de la obstinación y de la soberbia. Porque ninguno de sus funcionarios imaginó semejante reacción del campo al anunciarse el nuevo esquema de retenciones a las exportaciones. Hoy, todos ellos y hasta el propio maestro mayor de piquetes Luis D Elía admiten que se equivocaron al meter en la misma bolsa a grandes y pequeños productores. El señalado como responsable es ahora el ministro de Economía, Martín Lousteau, obligado en los últimos tres días a recorrer los medios de comunicación para explicar lo que no supo transmitir en su momento. Más allá de los errores cometidos por el Gobierno en estos días, hay un pecado original del matrimonio presidencial que podría ser la madre del conflicto. Ese pecado guarda vinculación con la calidad institucional de la que tanto habla la Presidenta y por la que tan poco se han venido preocupando ella y su antecesor. Se relaciona con la forma en que se toman grandes decisiones, entre cuatro paredes, sin la más mínima consulta a los sectores involucrados y a un Congreso convertido en una simple caja registradora del Poder Ejecutivo. Se vincula con una fenomenal delegación de facultades legislativas en la Casa Rosada y una notable falta de vocación por un diálogo que ahora se proclama pero nunca se practicó.
Escribe Fernando Laborda,publicado en el Diario La Nacion de Buenos Aires