El proyecto de ley anunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsa el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el que el régimen de reparto administrado por el Estado absorbe al sistema de capitalización (AFJP).
Esta medida se enmarca en las distintas decisiones que se realizaron para la protección del ingreso de los jubilados desde el 2003 a la fecha. Así, a 1.500.000 personas, que por diferentes razones no percibían ningún aporte del Estado, se les facilitó el acceso al derecho previsional.
Se estableció recientemente un régimen de movilidad que garantiza dos subas anuales transformando el reajuste en política de Estado.
Se elevó el mínimo de las jubilaciones desde 220 pesos a 680, trece veces más de lo que nuestros abuelos y abuelas cobraban en 2003.
El anuncio de la Presidenta, y el envío del proyecto de ley al Congreso (dando una muestra más de seriedad institucional y respeto a la división de poderes), se inscriben en este panorama de recuperación de la seguridad social solidaria como un pilar fundamental en las políticas de nuestro gobierno.
Se pasa de un sistema que tiene como base la acumulación individual a otro cuya base es un fondo común de respuesta solidaria a partir de un "acuerdo entre generaciones" que suma racionalidad a un esquema previsional que "previene".
Pero además esta decisión no obedece a un dogma filosófico sino a la comprobación empírica de los resultados del sistema de capitalización; desfinanciamiento del sector público, jubilaciones por debajo de la mínima, bajo nivel de aporte voluntarios y concentración de fondos en pocas empresas.
La realidad de las promesas ficticias lleva a una decisión de Estado clara, contundente y que tiene como beneficiarios a la gran mayoría de los argentinos que trabajan.
Era de esperar que frente a tamaño acto de soberanía y justicia social, los agoreros de siempre de la oposición política, sumados a los "generales multimediáticos" y a los sectores concentrados del sistema financiero, se conviertan en un solo grito en contra de este proyecto y esta decisión del gobierno de avanzar sobre las estafas de las AFJP. Pero la verdad de la milanesa es que ese sistema fracasó.
El dinero de los trabajadores que aportan a las AFJP es invertido por estas empresas en la "timba financiera" o es prestado al mismo Estado. No generan trabajo, ni infraestructura, ni aportan al desarrollo del país. Incluso son responsables del desfinanciamiento del sector público, que concluyó en la hecatombe del 2001.
La escasa rentabilidad actual de estas empresas sumadas a la crisis mundial les dificulta hacer frente a sus obligaciones para con sus afiliados. Es un sistema previsional que no previene. Es una estafa.
Actualmente es el Estado el que garantiza el haber mínimo del 77 por ciento de los jubilados por AFJP. Si, leyó bien.
Es importante mencionar que esta burocracia empresarial generó increíbles costos administrativos, llegando al 23%, mientras en Canadá o Japón apenas supera el 2%, cobrando comisiones que siempre superaron el 30%.
Por otro lado, es importante enfatizar que desde que se instauró el sistema de capitalización en 1994, de las 26 empresas que funcionaban en ese momento sólo quedan 10. Lo que demuestra el fracaso del sistema instaurado por Domingo Cavallo y señala un grave proceso de concentración.
La decisión de terminar con las AFJP está garantizando los ahorros previsionales de todos los trabajadores. Se asegura también el control y seguimiento de los recursos, y la independencia de la ANSES que, por otro lado, ha demostrado ser un organismo del Estado ejemplar en su gestión y administración.
Además se plantea el seguimiento por parte de un equipo legislativo, con lo cual se ahondan los controles. Los agoreros del "no se puede" y la "destrucción de lo público" desestiman estos mecanismos sin ponerse a trabajar para ser parte de la solución.
Varias ilusiones acerca del sistema de capitalización estallaron ante la realidad concreta; una de ellas aseguraba que el sistema generaba "incentivos" para el cumplimiento de los aportes, sin embargo la cobertura de la Población Económicamente Activa (PEA) bajó hasta 15 puntos desde el ´94. En ese marco, mientras los quintiles de ingresos más altos continuaron aportando, los sectores más pobres fueron excluidos del sistema.
A su vez la cobertura provisional en los adultos mayores cayó y muchos de ellos se vieron obligados a realizar contraprestaciones en busca de algún tipo de ingreso.
El proyecto establece que los aportantes de las AFJP estarán en iguales condiciones que los de reparto en el sistema único, como si hubieran aportado durante diez años el 11% de su sueldo. Pero la realidad marca que durante la crisis el aporte del sistema de capitalización estaba determinado en 5 % y más tarde en 7%, hasta enero de este año cuando volvió al 11%. Por lo que el aportante de la AFJP saldrá ganando en su traspaso al Estado.
El año pasado nuestra presidenta nos decía a través de los afiches: "Sabemos lo que falta. Sabemos como hacerlo". Esta decisión era algo que hacía falta. Sabemos cómo y debemos hacerlo.
El gobierno ha tomado una decisión estratégica que es un paso más en la construcción del país que todos soñamos y que todos podemos hacer realidad. Un país para TODOS, sin olvidados ni excluidos.
Fuente BAE Economico
No hay comentarios:
Publicar un comentario