"JUAN GARIVOTO HA ESCAPADO A SUS RESPONSABILIDADES PENALES DESDE 1985, MANTENIENDOSE PROTEGIDO POR LOS FUEROS"

Escribe Jose Luis Jacobo
Director del Semanario Noticias y Protagonistas

El peso de la disputa política en la ciudad está impactando fuerte. Angustiado porque puede tener fecha de caducidad su impunidad de larga data, Juan Garivoto, hoy un desconocido para el ciudadano promedio de la ciudad, salió a agitar las aguas: “está vigente el acuerdo que Néstor Kirchner hizo con Gustavo Pulti”. Ergo, Garivoto deviene albacea político del legado del extinto ex presidente. Muy curioso, por decir algo urbanamente aceptable.
La histeria de Garivoto es explicable por primera vez en 20 años: la marcha de los negocios políticos del PJ local no lo incluyen. Con dos candidatos definitivamente lanzados, Carlos Cheppi y Diego Garciarena, y habiendo manifestado este último, en la conversación que mantuvimos en la 99.9, que irá hasta el final y que no hay negociación antes de la interna del FPV, la situación de desesperación de Garivoto es totalmente razonable.
Juan Garivoto ha escapado a sus responsabilidades penales desde 1985, manteniéndose protegido por los fueros que ostenta como diputado en una causa por dádivas (coima) que data de cuando era secretario de Turismo provincial. Ser funcionario público evitó que la causa prescriba. La impunidad es un hecho establecido en el ambiente de los funcionarios políticos. Nada parece afectarlos; lejos de la sociedad, sólo atienden demandas esporádicas si éstas adquieren un volumen mediático fuerte.
Es un escándalo lo que está ocurriendo en la ciudad en materia de inseguridad. Un relevamiento de CAMECO entre comerciantes reveló que de cada 10 consultados, 7 dicen haber sido víctimas de un hecho de inseguridad (asalto, escruche, salidera, etc). Según el abogado Martín Ferra, se roban en Mar del Plata unos 300 autos por mes, es decir, la notable cifra de 3.600 vehículos por año. Y hay en esto dos componentes: uno, el que claramente ubica a un sector de la sociedad que no teme mancharse las manos con sangre comprando vehículos o partes a precio vil; el otro, la complicidad de sectores del poder. Aún aguardo la investigación que me anunció el presidente del Colegio de Magistrados Juan Manuel Fernández Daguerre, que se realizaría a partir de lo dicho en el programa de Chiche Gelblung por un ex integrante del grupo criminal conocido como “Los 12 apóstoles”, que señaló que personalmente había traído $50.000 a un juez marplatense para pagar una libertad. Las revelaciones de Ariel “el Gitano” Acuña fueron concretas: entrevistado en este medio, el periodista Luis Beldi confirmó lo dicho por Acuña sobre los pagos por libertades el 22 de agosto de 2008. Han pasado ya casi tres años, y ninguna investigación ha arrojado nada de nada. Sólo hay un silencio cómplice.
La situación es grave desde todo punto de vista. El ex subsecretario de Seguridad de la Provincia, el fiscal federal Martín López Perrando, señaló que en la provincia de Buenos Aires hay unos 50.000 o 60.000 delincuentes. Una extrapolación ubicaría el universo delictual local en alrededor de 1.000 a 1.500 sujetos, muchos de ellos nietos de delincuentes, cuyos padres fueron también delincuentes, y que le llaman a lo que hacen “trabajar”.
Un tópico interesante lo aporta Gustavo Agustoni, titular de una de las empresas de alarmas monitoreadas de la ciudad. La reciente seguidilla de asaltos a viviendas inutilizando alarmas al ingresar por los techo, lleva a preguntarse qué más hay que hacer para protegerse. Según Agustoni, en el grupo que actúa hay alguien que conoce la materia, por lo que reclama por un registro matriculado de operadores e instaladores de sistemas monitoreados o no.
La línea que cruza el mal vivir de la vida ordinaria y común de cada ciudadano de bien es cada vez más vidriosa.