Especialistas en derecho constitucional afirmaron que es cuestionable la validez del decreto de necesidad y urgencia por el cual se destituye a Martín Redrado de la presidencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Entre las razones mencionadas, remarcaron que la medida dispuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con la firma de todos los ministros del gabinete incumple los procedimientos establecidos por la carta orgánica del BCRA, desconoce la autoridad del Congreso de la Nación y viola los derechos y garantías que Redrado tiene en virtud de su cargo.
"Un decreto que remueva al presidente del BCRA sin cumplir con los procedimientos que manda su carta orgánica tiene dudosa validez constitucional.", dijo el constitucionalista Gregorio Badeni, quien precisó que el Poder Ejecutivo está obligado a consultar la opinión de una comisión bicameral y exponer los fundamentos de su decisión de destituir al titular de la entidad monetaria como paso previo.
"Si bien el Presidente no está obligado a aceptar la opinión de la comisión, sí debe pedirla como requisito previo a la destitución. En este caso no se requirió un informe de la comisión antes del dictado del decreto y ahí está la falla", sostuvo Badeni, y además afirmó que el hecho de que el Poder Legislativo esté en receso no impide que se siga el procedimiento de la carta orgánica: "Al Congreso se lo puede convocar en cualquier momento para pedir el informe".
Respecto del artículo 2° del decreto, que establece una excepción en el caso de Redrado a la obligación de la carta orgánica de pedir la opinión de la comisión bicameral, Badeni afirmó que un decreto no puede decidir sobre la aplicación de una ley. "Una ley es creada por el Congreso, y que un decreto haga excepciones a su cumplimiento es desconocer la autoridad del Congreso", señaló el especialista.
"Hace lo que quiere". Mientras tanto, Félix Loñ cuestionó públicamente la manera en la que se llevó a cabo la destitución de Redrado. "Este gobierno hace lo que quiere. La Presidenta debería acusar a Redrado ante el Congreso Nacional" manifestó Loñ, y también advirtió: "Si ella pretende remover al presidente del Banco Central sólo con la firma de todos los ministros del gabinete y desconociendo el procedimiento que establece la carta orgánica del BCRA, está incumpliendo groseramente con la Constitución y con los deberes de funcionario público".
Andrés Gil Domínguez, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires, sostuvo que el decreto viola las garantías y derechos que Redrado tiene por ser presidente del Banco Central. "Se ha violado su derecho de defensa, porque tenía un cargo con estabilidad del que sólo podía ser removido por ciertas causales, y en casos como éste tiene derecho a hacer su descargo y defenderse", señaló Gil Domínguez, y afirmó que la presidenta Fernández de Kirchner ha violado la garantía del debido proceso.
Asimismo, Gil Domínguez consideró que el decreto es "arbitrario e irracional" por estar aplicado a la situación personal de Redrado: "Si un decreto de necesidad y urgencia viene a ser una suerte de ley temporaria hasta que el Congreso lo trate, ¿cómo puede usarse una norma de alcance general para tratar un caso concreto y particular?".
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