Un juzgado de Buenos Aires suspendió hoy el pago de deudas de Argentina con reservas del Banco Central, como reclamaban en un recurso de amparo las principales fuerzas políticas de la oposición, informaron fuentes judiciales.
La resolución de la jueza María José Sarmiento sostiene que corresponde al Parlamento decidir sobre el uso de fondos del Banco Central, por lo que suspendió el decreto que la presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó a mediados de diciembre para pagar deudas con reservas monetarias, indicaron.
El asunto es motivo de un conflicto que este jueves desembocó en la destitución, también por decreto de Fernández, del presidente del Banco Central, Martín Redrado, por su negativa a poner en práctica esa decisión del Ejecutivo.
El fallo de la jueza Sarmiento, del fuero en lo Contencioso Administrativo, será notificado en breve a quienes presentaron el recurso de amparo, la Coalición Cívica, tercera fuerza parlamentaria, y la alianza conservadora Propuesta Republicana (PRO), entre otras fuerzas opositoras.
El diputado Federico Pinedo, de PRO, confirmó a radios locales el revés judicial para el Gobierno, si bien matizó que aún no está al tanto de los detalles del dictamen de la jueza.
Pero aseguró que "se han respetado" las potestades del Parlamento para entender en materia de política monetaria y sobre el pago de deudas soberanas.
Martín Redrado ratificó hoy que no está dispuesto a renunciar como le pidió el miércoles el Gobierno, y al día siguiente la presidenta lo destituyó mediante un decreto que además firmaron todos los ministros y motivó una áspera polémica con la oposición.
"Las reservas (del Banco Central) son de todos los argentinos y si hay que darles algún destino alternativo al respaldo de la moneda corresponde que el tema pase por el Congreso", afirmó al salir esta mañana de su casa.
"Yo no provoqué esta situación", remarcó Redrado al confirmar que apelará a la Justicia el decreto presidencial que lo destituyó y que entró en vigor hoy, por lo que el Banco Central quedó en manos de su vicepresidente, Miguel Ángel Pesce, un economista afín al Gobierno.
En sintonía con la oposición, Redrado se ha negado a aplicar el decreto por el que Fernández dispuso la creación de un fondo en el Banco Central con reservas monetarias por valor de 6.569 millones de dólares para pagar vencimientos de la deuda soberana este año.
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