URGE RECUPERAR EL MODELO CONSTITUCIONAL

El interrogante ineludible que una serie creciente de conflictos ha planteado a la sombra del recurrente pasado que se remonta al anacrónico debate entre unitarios y federales es cómo se vuelve al imperio de la Constitución. La confrontación por la carga fiscal y la asignación del gasto estatal tuvo entonces definición en la Constitución histórica de 1853, cuando se remitió al Congreso su discusión entre los representantes del pueblo y de las provincias. Finalmente, la Nación era un estado federal. Ocho décadas después, la sucesión de gobiernos de facto con intervalos constitucionales cada vez más reducidos alejó la república, hasta 1983, del estricto modelo constitucional, lo cual quedó demostrado por la crisis del milenio. Hasta el punto de que casi todas las explicaciones oficiales sobre la variedad de conflictos que emergen de la decadencia del federalismo se basan y se fundamentan en normativas de gobiernos de facto o de transición. El punto central es el formal estado de emergencia que desde 2002 se viene prorrogando anualmente y que convirtió al poder representativo de la Nación, el Congreso, en un refrendatario de los actos del Poder Ejecutivo, y a este, en una oficina del Presidente, cuya hegemonía se instrumenta en la Jefatura de un Gabinete que nunca delibera. La emergencia permanente se establece mediante el presupuesto anual. Pero sus asignaciones son virtuales en la medida que el hegemónico presidencialismo puede modificarlas, facultad con amplitud superior a la de los presidentes de facto controlados por organismos militares. Lo que actualmente es considerado la caja presidencial, de la que el primer mandatario hace uso, le ha permitido inclusive subrogarse al régimen de coparticipación federal, cuya reforma fue dispuesta por la convención constituyente de 1994, pero sigue pendiente y virtualmente archivada por el Poder Ejecutivo y por el Congreso. Esa chequera sin control parlamentario por parte de la comisión bicameral ad hoc somete a gobiernos provinciales a la necesidad de peregrinar a la Plaza de Mayo e impone, a la vez, a los legisladores la docilidad de sus votos para el sostenimiento de la emergencia matriz del modelo centralista. A ello se agrega el régimen de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), cuyo número superó en 2007 el de proyectos de leyes remitidos por el Ejecutivo. El conflicto con el campo, planteado por motivos específicos de tributación -basados en el Código Aduanero, otro instrumento con origen de facto- ha devenido finalmente un fenómeno histórico y político que se proyecta sobre todas las consecuencias de ese ejercicio del poder centralista; es decir, la señal de una crisis de nuestro sistema constitucional. Sus manifestaciones tienen por ello un perfil inédito, en la medida que introducen la problemática agraria en las comunidades urbanas y provoca confrontaciones internas en el polémico modelo centralista. ¿Cómo se vuelve al imperio de la Constitución?, repetimos, es el interrogante que apremia a una sociedad con fuertes sentimientos democráticos, pero sometida a dispersiones partidarias que tuvieron también estimulantes en ese régimen hegemónico presuntamente trasversalista. Sin duda, no refirmando las motivaciones de la crisis; y, especialmente, impulsando un diálogo recíprocamente concesivo, que ponga fin a los anacronismos y que permita advertir que hay una sociedad muy diferente, despojada de ese discurso arcaico que tantas dificultades provocó al desarrollo político y social que, por sus potencialidades, el país merece.

Editorial publicado en el Diario La Gaceta de Tucuman