La Defensora del Pueblo adjunta, Mónica Felices, presentó una denuncia ante la Justicia por posibles irregularidades en el cálculo del costo del boleto del transporte público de pasajeros en Mar del Plata. Es la primera presentación judicial que hace la funcionaria que compromete al gobierno de Pulti. "Se hizo la presentación formal en la Fiscalía General que le dio intervención a la Fiscalía Nº 9 de Delitos Económicos, en la que se encuentra el Dr. Eduardo Amabet”, detalló Felices a Radio Nativa. Según explicó, la denuncia penal fue consecuencia del arribo de “una denuncia realizada por (el presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Villa Primera) Javier Salinas ante la falta de información respecto de los datos utilizados para calcular el costo del boleto de colectivos”. “El particular también expuso que entendía que había incumplimientos en la ordenanza 16.789 -que es el pliego de bases y condiciones para el transporte público de pasajeros- y, luego de que me lo delegaran, requerí documentación y profundicé en la cuestión con el propio Salinas. También solicité una reunión con los presidentes de bloque del Concejo Deliberante el día de la sesión extraordinaria que se había proyectado para tratar el tema de transporte y los puse en conocimiento de lo que habíamos visto en función del incumplimiento de la ordenanza y, a su vez, dí una recomendación al Intendente, el HCD y al Secretario de Gobierno, en la cual advertí que iríamos a la Justicia”, recapituló. Y recordó los cambios sospechosos de último momento que hubo en esa oportunidad: “La metodología ingresada por (el Jefe del Departamento Técnico de Transporte, Fernando) Bertucci fue llevada en mano a la Municipalidad, pero no estaba ingresada en el expediente que trataron los concejales. Había una metodología que habían presentado los empresarios solicitando un ajuste de $1, 92, y otra elevada por la Dirección General de Transporte en la que (el precio del boleto) daba un valor de $1, 89”, detalló; aunque remarcó que, “más allá de todo, notamos que había dos errores ortográficos y de carga de montos que nos daba a entender que la misma persona que había cargado una podría haber cargado la otra”. “En ninguna de las dos se había aplicado el descuento de la publicidad ni el descuento del 15%. Después de nuestra recomendación, agregaron una tercera metodología también hecha por Bertucci y Sandoval, y a la que también le varía el precio: daba $ 1,82; en consecuencia, también requerí toda esa información y el soporte con que se hacen los cálculos”, añadió. En tanto, al argumentar la decisión de acudir a los estrados judiciales, la funcionaria subrayó que es su “obligación denunciar si las cosas se hacen mal” y puntualizó: “Habría dos puntos que hablaban de un descuento del 15% a lo que era la tarifa plana y que está por ordenanza pero no se hizo; además del descuento que se tenía que hacer por la publicidad en los micros y que las empresas cobraron, pero tampoco se cumplió”. Finalmente, Felices consideró “muy potable” el hecho de que “esta nueva investigación esté en una Fiscalía en la que se tiene estudiado el tema ya que allí se encuentra desde hace muchos años la denuncia del señor Suárez que, si bien hacía otros planteos, también hablaba de una diferencia del costo del transporte”. “Podríamos llegar a pensar que con toda la documental proporcionada ahora se podrían resolver las dos cuestiones de una vez por todas”, destacó.
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