Por Walter Goobar
Periodista de Miradas al Sur.
Ahora los jueces y fiscales argentinos deben avanzar en la red local compuesta por funcionarios, miembros de la Fuerza Aérea que intervinieron en el transporte, almacenamiento y carga de la droga.
Cuando el Challenger 604, con matrícula norteamericana N600AM posó su tren de aterrizaje en la pista del aeropuerto de Barcelona, tres de sus tripulantes, Matías Miret y los hermanos Gustavo y Eduardo Juliá, creyeron tocar el cielo con las manos. En teoría, el cuarto tripulante aseguraba que tenía resuelto el ingreso de los 944 kilos de cocaína que llevaban a bordo, pero ese misterioso pasajero −cuyo nombre se guarda en reserva− no era un narcotraficante sino un agente encubierto que formaba parte de una arriesgada operación para desbaratar el tráfico de estupefacientes por medio de una “entrega controlada”, que tenía a los hermanos Juliá en la mira desde hace mucho tiempo.
La operación que concluyó hace una semana con la detención de los tres hijos de brigadieres en Barcelona se remonta al mes de abril de 2010, cuando un falso camión del Rally Dakar fue embarcado en el puerto de Buenos Aires con destino a España. Cuando el vehículo llegó a Bilbao, previa escala en África, a bordo del buque República Argentina, la policía española ya lo estaba esperando. ¿El resultado? 814 kilogramos de cocaína. Esa operación puso en alerta a las autoridades españolas que ya estaban apuntando su mirada a Buenos Aires.
Siete meses después, una misión de la Aduana española llegó a Buenos Aires para reunirse con miembros de la Aduana y con jueces de primera instancia. Según confirmaron a Tiempo Argentino fuentes judiciales que participaron de esa reunión, los integrantes de la Aduana española propusieron elaborar un protocolo en común para trabajar las denominadas “entregas controladas”. Se llaman “entregas controladas” a los envíos de droga que la justicia y las fuerzas de seguridad ya tienen identificados y que, en lugar de desbaratarse en el punto de partida, se espera a que lleguen a su destino final.
El Challenger que los Juliá alquilaron a la compañía americana Jet Lease empezó a ser investigado desde que llegó al país, en noviembre del 2010. La nave fue guardada en un hangar de la Fuerza Aérea en Morón. Se trata de una base alejada del circuito tradicional de las empresas aeronáuticas, que prefieren tener sus aviones a disposición en Aeroparque, o en el aeropuerto de San Fernando. ¿Por qué una empresa de aviación sanitaria como Medical Jet usaba un avión de semejante envergadura? Ni en los Estados Unidos, ni en Canadá existen empresas de aviación médica que tengan en su flota un avión tan lujoso.
Los expertos en el tema explican que hay dos tipos de “entregas controladas”: una, propiciada por la DEA estadounidense, viola todos nuestros principios de derecho, es nula y por ende no le sirve ni al fiscal, ni al juez, ni a la investigación. La otra es la del sistema continental europeo y está protocolizada para no violar reglas que impidan luego avanzar en las investigaciones para llegar a los cabecillas de las organizaciones, que es el único motivo por el que se aceptan las entregas controladas. Así se procedió en el caso del cargamento decomisado a bordo del Challenger 604.
En primer término, había ya una investigación en curso en Europa por el cargamento camuflado en el camión del Dakar. En ella intervenían un juez y un fiscal. En esa causa, las autoridades españolas no sólo habían encontrado elementos de tráfico, sino de una organización con redes en Colombia, tránsito por la Argentina, paso por la isla africana de Cabo Verde, una de las puertas de ingreso a España como destino final de la droga. Para poder tenderle la trampa a los hermanos Juliá, los funcionarios españoles tuvieron que demostrar a sus colegas argentinos que en la causa europea ya existían procesamientos firmes de la primera cadena desbaratada.
A diferencia de lo que ocurre con las entregas controladas propiciadas por la DEA estadounidense, la variante europea permite que todo el procedimiento judicial sea revisado por las autoridades argentinas, porque si no, serían abiertamente inconstitucionales y permitirían el armado de causas.
Otra diferencia con las operaciones clandestinas auspiciadas por la DEA, es que toda la documentación se validó por medio de Interpol, como es de rutina, y no por las fuerzas de seguridad de los países involucrados. Tras cumplir con todos esos recaudos, las autoridades europeas advirtieron a su contraparte argentina que un cargamento de droga sería enviado para venderla en Europa. En este caso, se trataba de un cargamento proveniente de Colombia que estaba siendo vigilado por un agente encubierto.
El 1° de enero, a las 20:44, el Challenger despegó rumbo a Barcelona. Los Juliá informaron a las autoridades de Ezeiza que el vuelo era operado por la empresa Federal Insurance Company. En Ezeiza, subió al avión el piloto Matías Miret, el tercer detenido en España. Desde Morón, Juliá habló con Miret: “No te preocupes por Ezeiza, no hay que hacer nada. Está todo arreglado.”
Lo que no está claro es si la cocaína fue cargada en el Challenger en la Argentina o si partió en barco hacia Cabo Verde, donde fue transportada al avión durante el reabastecimiento de combustible. Lo único cierto es que el sábado 2 terminó la parte española de la paciente operación policial. Los narcotraficantes tenían montada en Europa una red compuesta por empresas, barcos, transportistas, funcionarios corruptos que participaban de la cadena ilegal.
Ahora los jueces y fiscales argentinos deben avanzar en la red local compuesta por funcionarios, miembros de la Fuerza Aérea que intervinieron en el transporte, almacenamiento y carga de la droga. Por lo pronto, ayer la Fuerza Aérea dispuso el pase a disponibilidad del comodoro Guillermo Juliá, hermano de los detenidos, quien se desempeñaba hasta ayer en dependencias del Estado Mayor Conjunto, en el Edificio Libertador.
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