Un bar ubicado en 11 de setiembre al 3000 de Mar del Plata que funcionaba como prostíbulo y que fuera denunciado por una ONG fue clausurado por el subsecretario de Control, Adrián Alveolite, el director de Inspección General, Eduardo Bruzzeta, y la directora del área de la Mujer, Alejandra Patuto.
El operativo, del cual también tomaron parte efectivos policiales, tuvo lugar esta madrugada en el local de 11 de Septiembre entre Catamarca y La Rioja y se realizó en el marco de la ordenanza 19.789 que reglamentó el gobierno municipal y tiene como objetivo prevenir la trata de personas.
En el lugar había 20 mujeres, todas mayores de edad y de origen extranjero que fueron entrevistadas por el personal del municipio y declararon que estaban allí esperando clientes y que en ese lugar se acordaba el servicio sexual a cambio de dinero. Por eso, procedieron a clausurar el local.
Los funcionarios de la comuna pusieron estas actuaciones en conocimiento de la justicia federal y provincial.
Una nueva cámara oculta brindo datos del funcionamiento del lugar. Horas luego, en la madrugada de este miércoles, fue oficialmente clausurado, con incidentes de por medio
“Este símbolo de la explotación humana y monumento a la impunidad es Clausurado por voluntad de todos aquellos que luchamos por un mundo sin esclavos”. Así reza la faja de clausura que quedó pegada sobre los vidrios espejados del bar nocturno La Posada, donde se ofertan tragos y cuerpos de mujer.
Una movilización -con representantes de distintas agrupaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos- se acercó hasta las puertas del lugar, este martes.
Durante el acto se informó que una fundación, que se dedica a luchar contra el trabajo esclavo, realizó una ampliación de la denuncia que interpuso el año pasado en la ciudad, que dio cuenta particularmente de la situación de La Posada. “El pub es el lugar donde se hacen los encuentros, y se arregla el pase que se ejecuta en el hotel”, relató el abogado de la ONG Mario Ganora.
Así queda revelado en una cámara oculta que se giró a la Justicia y se hizo pública. Según se supo, en el video, una adolescente paraguaya de 18 años relata que cerca de 25 mujeres traídas desde distintas ciudades de este país limítrofe “conviven en una casa ubicada sobre 20 de Septiembre y que son trasladadas en taxi hasta el prostíbulo cada noche”.
También se puntualizó que “el lugar funciona en verano de 21.30 a 6 y si bien los tragos se ofertan en la puerta entre 20 y 50 pesos, dentro cobran 70 pesos una cerveza. Los pases, que se realizan en el hotel lindero que sería del mismo dueño, cuestan 120 pesos la media hora y 240 los 60 minutos. Además, se abona el cuarto 60 pesos”.
“Cada minuto que estamos hablando acá, están disponiendo de la libertad y de los cuerpos de esas mujeres”, exclamó Gustavo Vera en ronda de prensa.
Ganora, por su parte, relató los periplos judiciales que se atravesaron, sin resultados positivos porque ninguno de los dos jueces que tomaron contacto con la causa avanzaron con el allanamiento del lugar.
“Hubo una actitud reacia de parte del juez federal interviniente, que motivó una apelación que fue denegada, y esto obligó al Ministerio Público Fiscal a que recurriera a la Procuración General de la Nación, que determinó que interviniera el fiscal especial, el doctor Marcelo Colombo (titular de la Ufase). Eso está en estos momentos en Cámara”, adelantó el abogado.
“La movilización tiene por finalidad poner de manifiesto esta situación, denunciarlo ante la sociedad civil y conmover a la gente para que tenga en cuenta que esto no puede continuar. Lo que está sucediendo es contrario a las convenciones contra la violencia hacia la mujer y a la legislación anti trata. ¿Qué es lo que tenemos qué hacer? Ya no sabemos. La situación es escandalosa”, aseveró Ganora.
El letrado explicó que “en los casos del delito de privación ilegal de la libertad, donde hay riesgo para la vida y la integridad física de las personas, no hace falta la orden de allanamiento dispuesta por el juez, sino que basta con la orden dispuesta por el Ministerio Fiscal”.
Por eso, indicó que “es indispensable que el Ministerio Público Fiscal, en la persona del Procurador General de la Nación, adopte las medidas para dar cumplimiento a la legislación nacional, la Constitución y los tratados internacionales. Es indispensable que el doctor Righi, en ejercicio de sus facultades de ordenamiento del Ministerio Público, adopte las medidas del caso”.
Irene, en representación de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, señaló que “estos lugares hacen que se profundice la trata de personas” y comprendió que “no es suficiente venir y clausurarlo simbólicamente”. En ese sentido, planteó que es importante que se actúe desde el Estado y añadió: “Tiene que ser integral: el poder político, judicial y los propios protagonistas”. “Las autoridades tendrían que tomar cartas en el asunto, aunque sabemos de la complicidad que existe”, cuestionó.
Además, contempló que la necesidad, la ignorancia y el miedo se conjugan en la dificultad de terminar con este delito. “Pero también se mantiene porque hay consumidores, que socialmente son hombres respetables, jóvenes, que acuden a este tipo de lugares”, apuntó
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