SOBERBIA DESCARADA

Escribe Jose Luis Jacobo Director del
Semanario Noticias y Protagonistas

Al asumir la presidencia del Consejo Escolar, María Alejandra Martínez (AM), acompañada por María Eugenia Prada (AM), señaló que la situación que llevó a las renuncias de José López y de la tesorera Silvana Perrera fue el hecho de hallarse “en un año electoral”, al tiempo que anunció una auditoría integral de lo actuado por los consejeros salientes.
A este insólito pronunciamiento le siguieron las tibias declaraciones del consejero escolar por la UCR Orlando Calabrese, quien no parece hacer otra cosa que disculparse con López por haber presentado la denuncia respecto de la contratación irregular de la empresa Gotama (ver N&P 702). También las de Vilma Baragiola, presidenta de la bancada radical, quien señaló que no toman esta situación como un hecho político sino como un problema que roza la corrupción.
No termino de entender, porque la corrupción no se roza, es un hecho: una acción es o no corrupta, integra una figura penal o no. ¿Roce? Por favor, ¿qué hay detrás de tanta tibieza?
Retornando a Martínez, una auténtica representante de la ausencia de gestión de la administración Pulti, abundó en el uso desvariado del verbo. Manifestó: “En AM, cuando hay un funcionario cuestionado, renuncia” y cargó con munición gruesa contra la pasada intendencia de Víctor Daniel Katz Jora. “Llegó a tener hasta 17 funcionarios cuestionados y ninguno se corrió de su cargo”. Lo notable del asunto es la precisión de la cuenta de los muertos ajenos y la falta de memoria para los propios: habría que citar que, salvo que el juez federal Rodolfo Pradas haya dejado caer la causa por inacción, llevándola a su prescripción, un conjunto de integrantes de AM, incluida la actual directora de Tránsito, están encartados por apropiarse de documentos personales violando leyes federales.
María Alejandra Martínez obvia decir que esos 17 funcionarios cuestionados en la pasada gestión, en su inmensa mayoría fueron sobreseídos por la justicia. Tan sobreseídos, que alguno de ellos cumple funciones en la Delegación Municipal del Puerto, fincando de hombre de confianza del actual delegado Mariano Retrivi; es el notorio caso de Gustavo Larrieu.
Aquí lo que cuenta son los hechos, por más que el concejal peronista Mario Lucchesi recorra los pasillos diciendo “yo de esto no sabía nada”, en alusión a la participación de su empleada de bloque Silvia Sproat en la empresa cuestionada. En un ámbito ya demasiado desgastado, el de la política local, este esquema de reparto de oportunidades económicas crea un escenario poco feliz para la sociedad.
La tapa del diario La Capital del pasado viernes 11, con foco sobre el estado de salud de las cuentas públicas locales, puso en alerta máxima al intendente Gustavo Pulti, que demandó en alto tono que el secretario de Hacienda diera explicaciones para terminar con la crítica que en particular expresa su antecesor hoy concejal del GEN José Reynaldo Cano.
Es un hecho que el cruce entre Pérez Rojas y Cano ha dejado a ambos satisfechos: los dos se adjudican haber demolido al otro con sus cometarios. No obstante, creo que hay elementos que son claros. En la conversación que mantuve con el actual secretario de Hacienda, este aceptó que recién el 15 de marzo, el día de la entrevista, estaba firmando cheques para pagar cuentas de diciembre, es decir, con algo más de 75 días de retraso. Algo que, por otra parte, le pareció absolutamente normal, y reconocía entonces que la variable de precio más compleja hoy en el contrato de la basura es el salario de camioneros, un efector que no estaba en la ecuación original y que complica absolutamente todo.