Por Luciana Acosta
para 0223.com.ar
Así lo manifestó este lunes el ex titular de la Distrital Centro de la policía bonaerense en esta ciudad, Gustavo Salvá. En ese sentido, denunció “corrupción” en el destino de fondos que otorgó el gobierno nacional al Ejecutivo Comunal para mejorar la seguridad de Mar del Plata y cuestionó a la Justicia por el “lento” accionar para resolver la causa. “Ya tendría que haber procesados. Es la causa más importante de corrupción en los últimos años”, recalcó. Además, afirmó que el intendente Pulti “va preso” si adjudica la licitación de las cámaras de seguridad.
A mediados del año pasado, en base a un artículo periodístico publicado en 0223.com.ar, el Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, actuó de oficio y denunció presuntas irregularidades en el destino de los casi $ 14 millones que envió el Gobierno Nacional al Municipio de General Pueyrredon.
En la denuncia, a la cual este vespertino digital tuvo acceso, el Fiscal Federal hizo hincapié, entre otras, a manifestaciones del entonces Jefe de la Policía Distrital Centro, Comisario Inspector Gustavo Salvá.
En la oportunidad, el funcionario de la Justicia indicó que los dichos de la ex autoridad policial “resultan de suma gravedad, no sólo porque quien las vierte es un funcionario público en actividad que forma parte del sistema penal, lo que permite inferir que en conocimiento de la responsabilidad que le compete por la calidad que inviste sus dichos están sustentados en elementos de convicción suficientes para abrir el debate público, sino también, porque de las mismas se desprende la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial contra la administración Pública Nacional, dado que se pone en tela de juicio el manejo que el Poder Ejecutivo de esta ciudad ha efectuado en relación a los fondos que le fuesen girados por el Estado Nacional para combatir la inseguridad en el marco de un plan integral”.
También el Fiscal entendió que “las sospechas sembradas por el Comisario Inspector Salvá permiten presumir que de constatarse a partir de la apertura y profundización de la investigación que se incoa la comisión de un hecho ilícito, el mismo se subsumiría entre otros, en el tipo penal previsto y reprimido por el artículo 174 inc. 5 del Código Penal, calificado como ‘Defraudación contra la Administración Pública'”.
“SE ROBARON LOS 14 MILLONES DE PESOS”
A varios meses de aquellas declaraciones que desataron la polémica y dieron inicio a una investigación que actualmente lleva adelante el fiscal Claudio Kishimoto, Salvá insistió este lunes en que “no cabe ninguna de duda de que se robaron los $ 13,8 millones”.
“Yo fui una de las personas que se lo dijo al Intendente cara a cara cuando le manifesté que estaban comprando 40 baterías para un vehículo; que se compraron 100 cubiertas para la misma cantidad de vehículos y 20 filtros de aire para Polo cuando en Mar del Plata había 2 polos de Prefectura. Las cuentas no me cierran porque además puedo asegurar que conseguíamos el alojamiento gratis en el GADA 601”, explicó en declaraciones a FM Ciudad 99.1.
Inclusive, en relación al gasto que generó la estadía de los efectivos de Prefectura Naval Argentina en la ciudad, la ex autoridad policial remarcó que “el contrato de concesión de los $ 13,8 millones decía que se alquilaba vajilla cuando, a cualquier persona que ha tenido alguna formación policial o militar, decirle que estamos alquilando vasitos y platitos para los de Prefectura es tomarle el pelo”.
Además, reflejó que “se gastaron $ 115 mil para trasladar a los prefectos desde Mar del Plata a no se qué otro lugar y les estaban dando 1500 litros de combustible a 10 vehículos de Prefectura cuando a nosotros (por la Policía) nos daban, con suerte, 1000 litros para 90 vehículos”. “O lo robaron o somos todos pelotudos”, aseveró.
Por otra parte, no dudó en calificar de “gran negociado” la contratación a la firma Global View de 65 videocámaras de seguridad por un monto cercano a los $ 6 millones.
“En su momento me sentí orgulloso cuando ví al señor Intendente Municipal en un conferencia de prensa diciendo que lo estaban extorsionando. En aquella oportunidad pensé que teníamos un Intendente con coraje pero, a los pocos días, el Concejo Deliberante -y muchos que hoy dicen que no aprobaron las cámaras pero se escondieron y se abstuvieron- terminó consintiendo que el Ejecutivo municipal pudiera contratar unas cámaras de seguridad por $ 90 mil”, recordó.
En ese marco, aclaró que si a la fecha “la municipalidad no concede las cámaras de seguridad a esa plata es porque van presos”. “Sino, ¿cómo puede ser que desde el punto de vista administrativo haya una concesión otorgada y el Estado municipal no las adjudique?”, razonó.
Tras señalar que en la adquisición de los dispositivos de monitoreo “hay un sobreprecio descomunal”, Salvá consideró que “acá se tienen que hacer cargo todos”. “Cuando yo salí a hablar las cosas que estaban pasando con Prefectura, muchos se subieron al caballo a hablar sobre lo que estaba pasando con el tema de la seguridad pero, sin embargo, cuando hubo que aprobar una comisión investigadora o investigar responsabilidades políticas, se hicieron todos los sotas, silbaron bajito y miraron para otro lado”, criticó.
A su vez, indicó que la causa judicial iniciada para esclarecer el destino que se le dio a los casi $ 14 millones enviados por la Nación y la Provincia para invertir en seguridad “está planchada”. “Lo digo para que escuchen las autoridades judiciales que hacen política barata, que están archivando causas -no es este caso- y las están haciendo dormir el sueño de los justos cuando en este caso debería haber por lo menos personas procesadas”, arremetió.
Y puntualizó: “No pueden tomarse 6 meses para saber si es verdad o mentira que compraron 100 cubiertas para 10 vehículos y que se gastaron 1500 litros de combustible que no pueden justificar”.
A su entender, “hoy ya debería haber gente procesada y con los dedos pintados”. No obstante, advirtió que, “como se jactan muchos operadores políticos de tener todo el poder para manejar las cosas, tenemos un Fiscal sobresaturado -no digo que sea mala voluntad o culpa de él- porque tiene poco personal, está hasta las manos de trabajo y no tiene tiempo de investigar la causa más importante de corrupción que ha habido en Mar del Plata en los últimos tiempos”.
“La causa comenzó en marzo o abril del año pasado y todavía dormimos el sueño de los justos cuando en ese momento todos se desgarraban las vestiduras porque un efectivo policial decía lo que dije. Lo dije y lo vuelvo a decir, por más que me hayan llamado 3 ó 4 veces desde el Ministerio de Seguridad para que me calle la boca”, remarcó.
Asimismo subrayó: “Acá se murió (el taxista, Luis) Severians, le tiraron un cajón de muerto al Intendente en la municipalidad y nosotros los salvamos de que los taxistas lo fajaran; después vinieron los fondos de seguridad y con esos dineros podríamos haber salvado muchas vidas. Les dijimos que esto estaba mal, que había que corregirlo o buscar otra manera pero me cansé de escuchar a la más alta autoridad municipal decir que se estaba trabajando bien con Prefectura”.
En otro párrafo, Salvá hizo hincapié en que “también denunciamos públicamente que Prefectura hacía contravenciones a las madres que iban a dejar a sus hijos al colegio, mientras algunos concejales a los que les queda poco de mandato preguntaban si yo lo decía en nombre mío o de la Policía”.
Para el ex Comisario, el comportamiento de los ediles respondía a sus intenciones de “esconder los contubernios políticos que tienen”.
“Ahora, cuando yo le lleve al ex socio del señor Montoto, que es uno de los que tiene la adjudicación y el control de la seguridad en Puerto Madero y que dice que las cámaras que acá pagamos $ 90 mil no valen más de $ 30 mil, ¿de qué se van a disfrazar?”, cuestionó por último.
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