PULTI Y CIANO EN LA MIRA: EN UNA CONTRATACION DIRECTA, GASTARAN CASI $ 1,7 MILLONES EN GPS

Por Carlos Walker
para 0223.com.ar


El intendente Pulti y el Secretario de Gobierno, Ariel Ciano, pretenden contratar por cinco años más de 2 mil GPS para que sean instalados en taxis de la ciudad, por una cifra que ronda los 1,7 millones de pesos. Lo harán a través del cuestionado proceso de “contratación directa”, que evita controles y le resta transparencia a la operatoria.
En materia de contrataciones y usos de los recursos públicos, el Estado promueve prácticas que favorecen la corrupción y causan perjuicios que deben ser soportados por el conjunto de la sociedad.
Mediante un proyecto de ordenanza elevado por el intendente Pulti y el Secretario de Gobierno, Ariel Ciano, ante el Concejo Deliberante, se pretende autorizar al Ejecutivo Comunal a contratar en forma directa a la empresa Taxi Puerto SRL el servicio de instalación en 2147 unidades de un sistema de posicionamiento satelital en taxis por un monto que supera la suma de casi $ 1.700.000.
La abultada cifra no hace más que aumentar las sospechas sobre la posibilidad de un pago de sobreprecios o el presunto favorecimiento a algún empresario amigo. Este modo de contratación por parte del Estado es fuertemente cuestionado, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, debido a que reduce la transparencia de cualquier gestión.
Por su parte, el titular de la licencia tendrá que pagar un abono mensual el equivalente a 195 fichas durante el plazo de vigencia de la contratación que está estipulado en cinco años
Pero esta contratación directa no es más que un ejemplo de una práctica estatal que muestra el predominio de la excepcionalidad por encima de los procedimientos normales.
Por ley, las contrataciones estatales deben ajustarse a un trámite licitatorio, el cual debe ser público, respetar de un modo igualitario a los oferentes y defender el interés colectivo.
Lo cierto es que ampararse en algunas excepciones que la ley de Contrataciones permite para realizar compras directas, en lugar de la licitación pública, despierta más dudas que certezas. Estos mecanismos de disposición de los recursos públicos logran persistir por la debilidad de los organismos de control y la falta de transparencia en el funcionamiento de los resortes del Estado.