El Colectivo “Juana Azurduy” Mar del Plata aseguró mediante un comunicado que “no existen políticas nacionales de prevención de la trata y que el Programa de asistencia a las victimas sobrevive con un magro presupuesto, deficiente para cubrir las necesidades de las personas rescatadas de la explotación”. Además criticaron la gestión de Gustavo Pulti en este tema. “La inexistencia de políticas públicas y la connivencia que existe entre el poder político y policial que impide el desmantelamiento real de estas redes, denota claramente la falta de compromiso por parte del Estado municipal”.
“Asistimos la semana pasada al anuncio del decreto 936, que prohíbe los avisos de oferta sexual en medios gráficos, anuncio que consideramos importante como corolario de la lucha del movimiento de mujeres”, comienza diciendo el comunicado del Colectivo “Juana Azurduy”.
“Esta iniciativa, que esperaba ser tratada en el Congreso de la Nación, constituye una medida aislada teniendo en cuenta que no existen políticas nacionales de prevención de la trata y que el Programa de asistencia a las victimas sobrevive con un magro presupuesto, deficiente para cubrir las necesidades de las personas rescatadas de la explotación”, agrega.
Sobre la eminente modificación de la Ley de prevención y sanción de la Trata de personas (sancionada en 2008 y aun sin reglamentación), dijeron que “consideramos necesario que se modifique lo relacionado a la atención de las victimas, a los fines de que se realice un seguimiento real y comprometido, que deberá entenderse como una política de Estado y comprender no sólo cuestiones asistenciales, sino también atender a la inserción social de las mismas, posibilitándoles el acceso a la salud, la educación, la vivienda, el trabajo y la capacitación laboral”.
Posteriormente criticaron el accionar del gobierno municipal en esta problemática. “En los últimos meses del año pasado y los primeros de éste, vimos en distintos medios locales noticias acerca de los allanamientos y clausuras en distintas "wiskerias" de la ciudad, siendo una de las más resonadas la clausura de la famosa " Posadita". Sin embargo, pese a la proliferación de estas clausuras, poco y nada se sabe acerca de lo que ocurre con las víctimas rescatadas que habían sido obligadas a ejercer la prostitución en estos lugares o de las medidas tomadas con los prostituyentes. Una rimbombante visibilización de lo realizado por Inspección General y la Policía, que no se correlaciona ni de cerca con las políticas asistenciales y de prevención. Así, en general, el resultado de estos operativos es la victimización de las mujeres “rescatadas”, quienes son enviadas generalmente a sus países de origen, sin alternativas laborales ni abordaje psicológico y los dueños de los privados siguen libres, abriendo mas lugares de esclavitud”.
Las críticas al gobierno de Gustavo Pulti continuaron. “La inexistencia de políticas públicas y la connivencia que existe entre el poder político y policial que impide el desmantelamiento real de estas redes, denota claramente la falta de compromiso por parte del Estado nacional y municipal con esta compleja problemática. Así, un Estado que mira para otro lado o que toma medidas aisladas “para las cámaras”, se convierte en cómplice de la más grande violación a los derechos humanos de nuestros días”.
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