En la comisión del delito de "trata de personas", el consentimiento de la víctima para ejercer la prostitución no siempre exime al imputado de su culpabilidad. Para eso, hay que considerar si la persona al aceptarlo se hallaba en estado de vulnerabilidad. Es decir, padecía restricciones a su libertad, precarias condiciones de vida o era sometida a un sistema de explotación.
Así quedó expuesto en un fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, en que se confirmó el procesamiento -sin prisión preventiva- de los encargados de tres prostíbulos ubicados, respectivamente, en Sierra de los Padres, Miramar y Santa Clara del Mar.
Los jueces Alejandro Tazza y Jorge Ferro consideraron que Edgar Nelson Roldán, Ramón Celestino Suárez Miranda y Adela Serna de Espínola eran responsables en principio de los delitos de "trata de personas" y de "promoción y facilitación de la prostitución", en grado de "partícipes secundarios". Además, le fijó a cada uno como garantía de eventuales responsabilidades pecuniarias la suma de 10 mil pesos.
Los tres nombrados tenían a su cargo un grupo de jóvenes paraguayas, las que ejercían la prostitución para ellos o un tercero que no aparece en la causa. Las víctimas se quedaban con la mitad del dinero recaudado, pero con su parte debían abonar los gastos de manutención que le exigían los mismo encausados.
Roldán estaba a cargo del bar "El León Tragos", ubicado en el paraje La Peregrina, sobre la ruta 226. Entretanto, Suárez Miranda, lo era de otro inmueble: "El Torreón", de Miramar y Serna de Espínola, se encargaba de la barra y la caja de "1 y 30", en Santa Clara del Mar.
Los testimonios de las víctimas
Una de las damnificadas por esta situación expuso ante la Oficina de Rescate y Acompañamiento, que fue el ente que investigó previamente estos casos, que "en el boliche 'El León Tragos' hay más chicas menores que yo (se trata de una joven de 19 años); que "las pasean de un lugar a otro" y que "están encerradas bajo llave, sin poder comunicarse con sus familias".
Y otra de ellas, agregó que "ingresé a la Argentina a fines de octubre de 2007"; que "tenía una conocida llamada 'Dalia', que me ofreció venir a trabajar sin mencionarme qué tipo de tarea tenía que hacer (...) cuando llegué a Balcarce me entero que el trabajo era brindar sexo a cambio de dinero" y que "hace tres meses que no tengo contacto con mis familiares, porque no me pude comunicar con ellos, que no saben de qué trabajo en la Argentina".
Después, sostuvo que "no cuento con dinero y no tengo mi documento. A mí los clientes no me pagan, sino que lo recibe Dalia, Luis o Juan Carlos. Si el cliente paga, no tengo otra opción y necesariamente tengo que brindar el servicio"; que "cobro el 60 por ciento de lo que se recauda por mi trabajo y de allí me van descontando la deuda" y que puedo salir, pero no sola, sino con otras chicas, pero no por mucho tiempo y si me demoraba mucho, me cobraban una multa".
Una de las víctimas de "El Torreón" también dio su testimonio: "presto servicios sexuales todos los días de la semana, excepto los jueves. Ese día me dejaban encerrada con candado en una pieza. La tarifa era 15 minutos, 50 pesos; 30, 70 pesos y una hora, 120 pesos. También, señaló que Suárez Miranda "nos dejaba salir, nos seguía y si nos veía con alguien, nos multaba". Y que "una vez le pedí a Tito salir de franco. Pero como no volví por unos días y porque me escapaba por un ventiluz del baño, enrejaron todo el lugar y nunca pude escaparme más".
Asimismo, sostuvo que "nos pasábamos el día encerradas en unas piezas con candados por el lado de afuera, sin ventanas, por lo que no sabíamos si amanecía. Sólo podíamos salir rápido y para estirar las piernas". Y que "escuché una vez que si las mujeres que salían a comprar las cosas para comer, no volvían, perdían todo: el dinero, la ropa y los documentos".
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