¿ QUIEN CUIDA DE LA VIDA DE LOS ARGENTINOS?

Por Roberto C. Neira




Hoy recibimos la peor de las noticias: después de nueve largos y dolorosos días de búsqueda se encontró el cuerpo de Candela, salvajemente asesinada, dentro de una bolsa y en un lugar transitado por cartoneros junto a una colectora en la localidad de Hurlingham, a cuarenta cuadras del lugar de su desaparición.
Todo concluyó abruptamente y el terrible saldo, sobre todo para la familia de la víctima, nos deja una huella dolorosa e imborrable en nuestros corazones.
La primera reacción fue de asombro, luego de dolor y después de indignación, porque, una vez más, los argentinos nos encontramos desamparados, desprotegidos e impotentes y el caso de Candela, divulgado, con razón, hasta el cansancio por los medios informativos y las redes sociales de Internet, tomó estado público rápidamente porque todos estábamos pendientes de una esperanza: la de encontrar a la pequeña sana y salva.
La búsqueda de la chiquita de once años, rastrillada por cientos de policías que se movilizaron por distintas áreas de la provincia de Buenos Aires, con el apoyo explícito de la presidente, del gobierno nacional y provincial, naufragó en un santiamén y sólo sirvió para que en tiempo de elecciones, los argentinos (los crédulos, por supuesto), interpreten el gesto de la presidente como sumamente positivo al recibir a la mamá de la víctima para comprometerse públicamente en la búsqueda de Candela con toda la infraestructura de seguridad que posee el Estado Nacional. No debemos olvidar, que, desde hace bastante tiempo, ante la persistencia del problema de la inseguridad señalado por las encuestas como el ítem más grave que aqueja a los argentinos, este mismo gobierno lo ha soslayado y minimizado, para evitar que sea utilizado como bandera política por la oposición.
Esta es la fría verdad, le duela a quien le duela. Y esta misma verdad, nos indica que el caso de Candela, es apenas, uno más, de los casi 3.000 casos de desapariciones, muchas de ellas forzadas, que se registraron en nuestro país en los últimos ocho años.
Hoy, se sabe que todos los días desaparecen, (en promedio), tres niños, por distintas razones; muchos de ellos aparecen, pero ese éxito momentáneo no puede ocultar que estamos hablando de más de mil casos por año.
Digno es aclarar, que tampoco se trata de endilgarle todos los males a este gobierno, pues antes de 2003 también había desapariciones, porque siempre las hubo en tiempos de democracia, pero minimizar la cuestión al extremo de ignorarlas es el más grave pecado que puede cometer un gobernante y aquí está el resultado: el FRACASO.
Una policía inoperante que por inexperiencia, ineptitud o torpeza, destruye pruebas en los más resonantes casos y está impedida de actuar de oficio si no participa un juez, lo que lleva a un trámite burocrático donde se pierden minutos preciosos, es la otra parte del ovillo. Por eso la mayoría de las veces llegan tarde, cuando no son, precisamente, miembros de esas mismas fuerzas los que están involucrados en crímenes aberrantes, en secuestros o en casos de "gatillo fácil".
No hace falta recurrir a las estadísticas porque no las hay o si las hay se ocultan. Al gobierno, la verdad sea dicha, no le conviene publicar los números del crimen, casi por las mismas razones porque no publica la verdad de la economía que padecemos los argentinos a diario, recurriendo a estadísticas truchas para demostrar que el país crece, que baja la pobreza y la indigencia, que se pagan los salarios más altos de América Latina y que tenemos los dígitos más bajos de desocupación.
Esta semana, el cardenal Jorge Bergoglio, se expresó sobre el caso de Candela, desde mi punto de vista, en forma desafortunada. Lamentó, que "haya tantos chicos que engrosen las redes de trata" en el país, y consideró que "el de Candela es sólo un caso de cientos de niños desaparecidos, pero como todos hay que atenderlo y con urgencia". No obstante, para el primado argentino, "Un pueblo que no cuida a niños y ancianos es decadente". Debo corregir al arzobispo, no es el pueblo el que debe cuidar la vida de los niños y ancianos, (en todo caso habrá que educar al soberano para respetar las leyes de convivencia dentro de la sociedad), sino que es el mismísimo estado, el que hoy nos gobierna a través de la presidente Cristina F. de Kirchner, el que tiene la obligación de proteger a los argentinos, tal cual lo demanda la Constitución Nacional. No hacerlo, significa un crimen, tan espantoso, como el cometido con Candela.
Que "la Patria o Dios" les demande a los gobernantes, son palabras vanas que suenan huecas e insuficientes. Los funcionarios y jueces responsables de que estas cosas nos sucedan, sea por falta de prevención, por incapacidad, por desatención o abandono, deben ser sancionados con juicio político y separados de inmediato de sus cargos, porque es el único modo de limpiar un sistema político-judicial que está impregnado de corrupción hasta la médula.