La Justicia prohibió hoy la salida del país de funcionarios de la Secretaria de Transporte, encabezado por Juan Pablo Schiavi, y a directivos de la empresa Trenes de Buenos Aires, de los hermanos Claudio y Mario Cirigliano.
Así lo dispuso el juez federal Claudio Bonadío, a cargo de la causa por el accidente ocurrido el 22 de febrero pasado en la estación Once, informaron fuentes judiciales de la agencia DyN.
Además, la Cámara Federal revisará la decisión de Bonadío de aceptar al Gobierno como querellante en la causa en la que se investigan las 51 muertes y los 703 heridos que produjo el accidente ferroviario en la estación de Once.
Eso ocurrirá porque el abogado Gregorio Dalbón, quien actúa como querellante en representación de heridos del hecho, apeló hoy la decisión del magistrado de tener como parte al Gobierno.
Además, el letrado recusó al juez para que deje la causa y lo denunció por el delito de prevaricato, dictar resoluciones contrarias a la ley, informaron las fuentes.
Dalbón objetó la decisión de Bonadío porque funcionarios y personas del Gobierno "pueden resultar imputadas" en la causa y además le da "la chance de conocer, en forma anticipada, los elementos sobre los que se sustentará la imputación, abriéndose la posibilidad de que los manipule para eludir su responsabilidad, entorpeciendo la investigación".
El letrado consideró que Bonadío cometió una "flagrante violación" del Código Procesal Penal que reserva la figura de querellante "en forma exclusiva, a toda persona con capacidad civil particularmente ofendida por un delito de acción pública".
Bonadío aceptó el viernes al Gobierno como querellante al considerar que "es una persona jurídica del Derecho Público" y es quien debe garantizar el transporte público.
Por otra parte, el juez aclaró que su decisión "no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas"..
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