Por Jose Luis JacoboDirector de Noticias y Protagonistas
De tanto en tanto un hecho de violencia criminal sacude el firmamento mediático. Esta semana, dos funcionarios policiales fueron baleados a las puertas de su hogar, uno de ellos en presencia de sus hijos.
En Mar del Plata, la ONG Familiares de víctimas del delito y el tránsito llevó adelante una radio abierta frente a la catedral. Otra vez, los rodeó la indiferencia social y de los dirigentes y autoridades políticas de la ciudad. No demasiado lejos, el pueblo de Cañuelas en su totalidad ganó la calle, tomó pacíficamente la municipalidad y clamó por justicia ante el aberrante crimen que terminó con la vida de dos hermanos comerciantes de dicha localidad.
La respuesta de la Gobernación no se hizo esperar: anuncios de creación de cuerpos policiales, aumento de patrulleros, etc. Nada nuevo, por supuesto, sólo otra vuelta de tuerca al clásico operativo de contención mediática que sólo busca correr del lugar a la prensa y su capacidad multiplicadora de los hechos.
El Estado sigue dando señales negativas en materia de seguridad. Opinantes de la cuestión jurídica aseveran que actuar en materia de seguridad es anti democrático, y atención con actuar conforme a derecho en materia de defensa de derechos constitucionales tales como libre tránsito o el derecho a comerciar.
Cada día suma un muerto, o dos, o quizá tres. Las armas de los criminales percuten una y otra vez, y transforman en un sitio común estúpido y sin vigencia aquello de que en Argentina no hay pena de muerte. Sí hay pena de muerte: la aplican impunemente los asesinos de todo color y pelaje en cualquier parte del territorio nacional frente a víctimas desvalidas en el momento del ataque, y después, todavía más. Y ocurre a vista y paciencia de una clase política que sólo se mira su ombligo y vive a expensas de una sociedad a la que no le resuelve sus problemas.
El viernes próximo pasado, entrevistado en la 99.9, Roberto Cipriano García sostenía desde el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que el policía Bruno Díaz asesinó a Mauricio Villarroel en una situación de “gatillo fácil”. Y lo sostuvo contra toda razonabilidad jurídica. Porque decir que la ferocidad de los criminales es fruto del maltrato en las prisiones bonaerenses es de una miopía y una irresponsabilidad absolutas. Es abrir la puerta a la culpabilidad de las víctimas, que pagan el pecado de no advertir que en las prisiones del Estado hay abusos, hay comercio de drogas manejado por las propias organizaciones penitenciarias, y obviamente un caldo de cultivo que, lejos de rescatar al individuo del accionar criminal que lo llevó a prisión, lo aliena para volverlo cada día más atroz. Pivoteando sobre esa clase de conceptos, es casi imposible lograr un cambio a favor de la sociedad.
En la semana, un texto comenzó a circular por las redacciones lugareñas: “Durante enero y febrero se registraron en Mar del Plata unas 329 detenciones por casos de flagrancia. Cuando los detenidos llegaron a las comisarías y se informó a la autoridad judicial, quedaron en libertad entre 90 y 100 delincuentes. En las siguientes 48 horas, otra cantidad similar de delincuentes recuperó su libertad”. Poco más para agregar sobre la soledad y el desamparo que estamos atravesando todos por aquí.
El Estado sigue dando señales negativas en materia de seguridad. Opinantes de la cuestión jurídica aseveran que actuar en materia de seguridad es anti democrático, y atención con actuar conforme a derecho en materia de defensa de derechos constitucionales tales como libre tránsito o el derecho a comerciar.
Cada día suma un muerto, o dos, o quizá tres. Las armas de los criminales percuten una y otra vez, y transforman en un sitio común estúpido y sin vigencia aquello de que en Argentina no hay pena de muerte. Sí hay pena de muerte: la aplican impunemente los asesinos de todo color y pelaje en cualquier parte del territorio nacional frente a víctimas desvalidas en el momento del ataque, y después, todavía más. Y ocurre a vista y paciencia de una clase política que sólo se mira su ombligo y vive a expensas de una sociedad a la que no le resuelve sus problemas.
El viernes próximo pasado, entrevistado en la 99.9, Roberto Cipriano García sostenía desde el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, que el policía Bruno Díaz asesinó a Mauricio Villarroel en una situación de “gatillo fácil”. Y lo sostuvo contra toda razonabilidad jurídica. Porque decir que la ferocidad de los criminales es fruto del maltrato en las prisiones bonaerenses es de una miopía y una irresponsabilidad absolutas. Es abrir la puerta a la culpabilidad de las víctimas, que pagan el pecado de no advertir que en las prisiones del Estado hay abusos, hay comercio de drogas manejado por las propias organizaciones penitenciarias, y obviamente un caldo de cultivo que, lejos de rescatar al individuo del accionar criminal que lo llevó a prisión, lo aliena para volverlo cada día más atroz. Pivoteando sobre esa clase de conceptos, es casi imposible lograr un cambio a favor de la sociedad.
En la semana, un texto comenzó a circular por las redacciones lugareñas: “Durante enero y febrero se registraron en Mar del Plata unas 329 detenciones por casos de flagrancia. Cuando los detenidos llegaron a las comisarías y se informó a la autoridad judicial, quedaron en libertad entre 90 y 100 delincuentes. En las siguientes 48 horas, otra cantidad similar de delincuentes recuperó su libertad”. Poco más para agregar sobre la soledad y el desamparo que estamos atravesando todos por aquí.
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