Finalmente, y pese al reclamo de organizaciones de derechos humanos, el juez federal Ariel Lijo dispuso el archivo de la causa del jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, por su actuación como agente civil de inteligencia durante la última dictadura, tal como se lo había recomendado el fiscal de la causa.
El juez firmó el archivo del expediente, tal como se lo había recomendado del fiscal Jorge Di Lello por faltas de pruebas, que en las últimas horas se especulaba con que iban a ser presentadas por los organismos de derechos humanos que iniciaron la demanda.
Organismos de derechos humanos, en tanto, anunciaron que apelarán la semana que viene el archivo de la causa contra Martínez, donde se investigaba si participó en la desaparición de trabajadores de ese gremio cuando fue agente civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército.
"Vamos a plantear que la causa se siga investigado, que seamos tomados como querellantes y en caso contrario vamos a ir a la Cámara Federal por denegación de justicia", dijo Enrique Fukman, de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), una de las 11 organizaciones que en julio del año pasado denunciaron a Martínez.
También solicitarán que se recabe pruebas sobre las actividades del sindicalista en la "Zona 4", perteneciente a Campo de Mayo, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
"En el legajo de Martínez aparece que estuvo en Zona 4, por lo que queremos saber cuáles fueron sus tareas, qué órdenes recibió, cuál fue su accionar en relación a la gente desaparecida en esa zona", explicó Fukman.
La causa número 8677/11 fue archivada por Lijo porque, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez tuvo en cuenta que ni siquiera en la medidas previas solicitadas antes de expedirse “pudieron incorporarse elementos que permitieran generar un cuadro de imputación mínimo que sea acorde a los presupuestos de la responsabilidad penal para iniciar una investigación penal”.
Es decir, luego de las medidas preliminares llevadas a cabo, “no se incorporaron pruebas que permitan describir una imputación a Gerardo Martínez en su participación en un hecho concreto dentro de esa estructura”.
Organismos de derechos humanos, en tanto, anunciaron que apelarán la semana que viene el archivo de la causa contra Martínez, donde se investigaba si participó en la desaparición de trabajadores de ese gremio cuando fue agente civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército.
"Vamos a plantear que la causa se siga investigado, que seamos tomados como querellantes y en caso contrario vamos a ir a la Cámara Federal por denegación de justicia", dijo Enrique Fukman, de la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), una de las 11 organizaciones que en julio del año pasado denunciaron a Martínez.
También solicitarán que se recabe pruebas sobre las actividades del sindicalista en la "Zona 4", perteneciente a Campo de Mayo, donde funcionaba un centro clandestino de detención.
"En el legajo de Martínez aparece que estuvo en Zona 4, por lo que queremos saber cuáles fueron sus tareas, qué órdenes recibió, cuál fue su accionar en relación a la gente desaparecida en esa zona", explicó Fukman.
La causa número 8677/11 fue archivada por Lijo porque, según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez tuvo en cuenta que ni siquiera en la medidas previas solicitadas antes de expedirse “pudieron incorporarse elementos que permitieran generar un cuadro de imputación mínimo que sea acorde a los presupuestos de la responsabilidad penal para iniciar una investigación penal”.
Es decir, luego de las medidas preliminares llevadas a cabo, “no se incorporaron pruebas que permitan describir una imputación a Gerardo Martínez en su participación en un hecho concreto dentro de esa estructura”.
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