LA "JUSTICIA CORPORATIVA" SACO LA FACA

El mismo organismo de abogados que se reunía con Videla y Harguindeguy sin reclamar por sus colegas desaparecidos, impulsa una campaña para frenar  la democratización judicial. Por Roberto Caballero La estrategia opositora de minar la democratización del Poder Judicial decidida por el Parlamento con cautelares y pedidos de inconstitucionalidad avanza con tropiezos, pero esta semana sumó el combativo apoyo del ala más conservadora  de los abogados nucleados en la FACA (Federación Argentina de Colegios de Abogados). Su presidente, Ricardo de Felipe, reunió a su tropa confederada –son 80 colegios– el jueves 9 y, con algo de impostado dramatismo, les bajó  línea: "El mandato de nuestros estatutos es ser firmes defensores cuando  entendemos que se vulneran derechos de los ciudadanos y esta reforma afecta  la independencia del Poder Judicial. Consideramos que viola la Constitucional Nacional". Delegados de todos los colegios de abogados  del país aplaudieron el ardoroso llamado a militar la presentación de cientos de amparos en el Fuero Contencioso Administrativo Federal que será replicado, a título institucional o de manera personal, en decenas de juzgados  nacionales. Visiblemente emocionado, pero bajo estricto anonimato conspirativo, uno de los participantes del "Grito de la FACA" le confió al diario La Nación cuál es el primer paso del plan: "Con que un solo juez dicte una cautelar que frene las elecciones de consejeros estará cumplido el objetivo". Es decir, impedir que se elijan por el voto popular, en las próximas elecciones, los nuevos representantes del Consejo de la Magistratura  ampliado por ley, que todavía debe ser reglamentado y publicado en el  Boletín Oficial, periódico que es examinado con lupa cada día por los confederados de De Felipe para actuar sin perder un segundo. El instructivo que manejan en los 80 colegios de abogados llama a atacar dos artículos de la reforma democrática: el que establece la nueva composición del Consejo  y, sobre todo, el que prevé la elección por voto popular de los representantes de los jueces, abogados y académicos. La idea, además, es  que algún juez contencioso frene las elecciones con alguna medida cautelar. Claro que lo ven complicado: a la vez, deberían obtener la  inconstitucionalidad del nuevo régimen que limita las cautelares contra el Estado, porque el gobierno podría apelar y la suspensión quedaría sin efecto. La carta en la manga de los confederados sería,  entonces, un "per saltum" para que intervenga directamente la Corte Suprema de Justicia. "La gravedad institucional habilitaría un salto de instancia", explicó Maximiliano Toricelli, jefe jurídico  de la FACA. Detrás de la emboscada a la reforma democrática  de sus confederados, colaron opositores como Patricia Bullrich quien, así como se atribuyó la convocatoria del 18 de abril, ahora decidió ponerle hora a la operación del amparo masivo. Será a las 11, del día que  salga promulgada la ley. En el caso del PRO, ya anunció que se encargará  de ir al fuero Electoral y en la página web del partido de Mauricio Macri podrá bajarse un modelo de amparo para que cualquiera acuda al juzgado  que le quede cerca. El disidente del peronismo Enrique Thomas, el progresista Gerardo Milman y el radical Ricardo Gil Lavedra adoptaron idéntico temperamento. Todos con la misma finalidad: derrotar al kirchnerismo en los juzgados, porque en las urnas no pueden. El pretexto, en todos los casos, es la heroica defensa de la Carta Magna. De Felipe, el hombre que sacó la FACA a la calle, lo había anticipado en su discurso de asunción, el 16 de diciembre de 2011: "El eje de nuestro trabajo será la defensa  de la Constitución Nacional ahora que se pone en tela de juicio  su legitimidad". Para esa fecha, el kirchnerismo no había siquiera propuesto el paquete de leyes para democratizar el Poder Judicial y, tampoco, institucionalmente, impulsado cambios en la Constitución. Menos ahora. Pero se ve que De Felipe ya soñaba con verse retratado como el jefe imaginario de una fuerza que quiere manejar el país  desde la justicia cautelar. Hay gente que aspira a eso, increíblemente. Es una pena que trabaje para impedir con una emboscada leguleya lo resuelto por dos poderes del Estado democrático, el Ejecutivo y el  Legislativo. Si hubiera empezado disculpas por el rol que la FACA jugó durante el genocidio, donde realmente se suspendieron  las garantías constitucionales para todos, otro sería el cantar. Tal vez tenga floja memoria. Por suerte existe el archivo. Sirve para comprobar que los valientes confederados de ahora, cuando desaparecían a sus propios colegas  en los campos clandestinos de detención, se callaron la boca y andaban con la cola entra las patas o, directamente, aplaudiendo el plan de exterminio. En una brillante nota del Equipo de Investigación  de Tiempo Argentino, el periodista Fernando Pittaro, hace ya dos años, desnudó la hipocresía de los dirigentes de la FACA. Escribía Pittaro: “Además del acuerdo económico y político con los diarios Clarín y La Nación, la jerarquía eclesiástica y grupos empresarios, hubo otro sector cómplice sobre el que aún hace falta echar luz: las corporaciones de abogados que se negaron a denunciar las desapariciones de sus colegas, ya que aseguraban ‘que un estado de subversión ataca las bases del país, y que sus instituciones se  defienden con los hombres del derecho y con el aval de las  Fuerzas Armadas’. Ante este ‘ataque’, decidieron dar sustento ideológico y jurídico a los genocidas de turno. Así lo demuestran  los libros de actas de las asambleas de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que nuclea a 80 instituciones de todo el país, a los que Tiempo Argentino tuvo acceso en forma exclusiva. Son 600 folios que incluyen las deliberaciones  y testimonios que los hombres del derecho, enrolados en sus respectivos colegios profesionales, hicieron entre 1976 y 1979, el período más sangriento de la última gran tragedia nacional". Son los libros de la buena memoria. En esas actas de la FACA puede leerse al federado de Capital Federal, Manuel Ordoñez,  diciendo: "Agradecemos a este gobierno (NdR: el del Terrorismo de Estado) haber realizado la tarea de liberarnos de la abyección en que vivíamos antes del proceso, a pesar de que al hacerlo pueda haber incurrido en excesos". También al federado de San Francisco, Córdona, José María Piscitello: "Es evidente que en la presión de organismos internacionales contra nuestro país está la acción solapada de elementos vinculados a la guerrilla". Al federado  porteño Alejandro Lastra, llamando a la reflexión: "Es necesario pronunciarse en forma mesurada, sin excesos y con un profundo equilibrio. La palabra de la federación puede ser utilizada por grupos que conspiran contra la nación, las dificultades que sufre el país ya las conocemos pero tenemos que cuidar no llevar argumentos a la subversión. El país está en guerra, en medio de grandes sacrificios y penurias y es necesario ayudar a superar". El abogado Alberto Vázquez, rosarino  él, afirmaba, en sintonía con Lastra: "La defensa del orden jurídico está asegurada por la Fuerzas Armadas apoyadas por la ciudadanía sana del país contra la subversión asesina, que felizmente el país se encamina hacia una auténtica democracia que asegurará el debido proceso". Algunos representantes del interior eran además funcionarios de la maquinaria gubernamental del genocidio, como Alberto Domingo Tettamanti, intendente de La Plata; y  Luis Martínez Golletti, ministro de Gobierno de Córdoba. En su nota, Pittaro rescata al representante de Trenque Lauquen, Hugo Fernández Quintana, quien le contó que "era un loco suelto  al que querían callar porque a todas las reuniones iba y pedía la palabra para que nos pronunciáramos en contra de lo  que estaba sucediendo". Pero era la excepción: "El espíritu mayoritario que reinaba en la FACA aconsejaba cuidar el prestigio de la federación frente a los organismos internacionales, y hacer la declaración preferiblemente en forma privada como lo hicieron recientemente los obispos  argentinos", según se lee en la foja 214 del año 1977. Fernández Quintana recuerda que el único documento con alguna mención velada a la dictadura se hizo por presión de la OEA: "Lo inusitado, lo increíble es que se haya mantenido en secreto". Es decir, además de comprensiva hacia las autoridades ilegítimas, no fue pública. Por el aporte informativo de los familiares, la FACA manejaba en 1977 una lista confidencial de abogados víctimas de la represión: “82 abogados  afectados, de los cuales 34 son desaparecidos, 13 han sido recientemente puestos en libertad, 20 se hallan en estudio de la comisión especial del  Ministerio del Interior, tres se encuentran en libertad vigilada, uno optó por salir del país y de ocho se carece de información actualizada". El federado Oscar Eduardo Romero Giaccaglia llamó a desconfiar de esos datos, según las actas: "los informes que suministran familiares de  un detenido pueden no ser imparciales", se justificó. Desde 1975, fueron asesinados 23 abogados por motivos políticos y fueron secuestrados, y aún hoy siguen desaparecidos, no menos de  109. Escribió Pittaro en Tiempo Argentino: "La Federación recién se entrevistó con las autoridades nacionales para hablar del tema el 13 de abril de 1977. Faltaban sólo 17 días para que las Madres de Plaza de Mayo se dieran a conocer al mundo entero reclamando  por la aparición con vida de sus hijos. La marcha de los pañuelos blancos alrededor de la Pirámide de Mayo fue en vano: Videla no las recibió; la Federación de abogados, en cambio, corrió mejor suerte. La entrevista con el dictador en la Casa Rosada, que estaba prevista para las 10:30, se prolongó desde las 11 hasta las 11:55. El encuentro con el ‘Excelentísimo señor presidente de la nación se desarrolló en forma franca y amplia y él se mostró amable  y sincero’, según se lee en las actas a las que accedió este diario.  En representación de FACA asistieron Guillermo Oscar Nano,  Raúl Fosero, Oscar Eduardo Romero Giaccaglia, Ricardo D´Amico y Luis Coliqueo. Según el material inédito consultado "el presidente habló con total sinceridad, al punto que alguno de sus comentarios  actúan en lo estrictamente confidencial". Cuando los cinco representantes  de FACA le preguntaron acerca de la situación de los abogados detenidos,  Videla les respondió con calma y deslizó que ‘sus preocupaciones son las propias del gobierno". La FACA tuvo acceso durante los años de plomo a  los despachos, no solo del dictador Videla, también del general Albano Harguindeguy, ministro del Interior; del brigadier Julio Gómez, asesor  de asuntos institucionales del Ministerio de Justicia; y el comodoro Adolfo H. González Albarracín, subsecretario de asuntos institucionales del Ministerio del Interior. Allí articuló una estrategia para dejar bien parada a la dictadura en los foros internacionales. Mientras tanto, el país era un gran campo de concentración. No hubo un solo comunicado público de la federación denunciando la desaparición de los abogados  o la violación de derechos consagrados por la Constitución Nacional. El único pronunciamiento de la FACA en esos años "fue cuando se produjo el atentado que le costó la vida a la hija del vicealmirante Armando Lambruschini. Aquel 1 de agosto de 1978 no dudó en dar a conocer un comunicado ‘condenando la violencia absurda  y criminal’", finaliza la nota publicada en este diario. Con estos antecedentes funestos, que la FACA alce ahora la voz y  elabore una estrategia conspirativa para entorpecer la aplicación de leyes en juzgados conservadores amigables, confirma que el plan de democratización del Poder Judicial es indispensable y urgente. Dejar la supuesta "defensa de la Constitución" en manos de abogados que silenciaron la desaparición de sus colegas sería un retroceso gravísimo. De Felipe podría volver a leer las actas de la federación que preside y decir algo al respecto. Y el kircherismo, qué tanto, sentirse orgulloso por los enemigos que va recogiendo. Los que cualquier gobierno democrático debiera tener. El libro negro de la tercera tiranía, en tiempo real Tras derrocar por un golpe de Estado a Juan Perón en 1955, la derecha escribió El libro negro de la segunda tiranía, donde una fábula diseñada desde la mitología brutal sirvió para justificar la persecución, el  encarcelamiento y la muerte de los peronistas, durante 18 años. Aquel libro encargado por Aramburu, Rojas y Lonardi sirvió como  apoyatura de sentido del decreto 4161, que privó de derechos a la  mayoría política del país. Ahora, algo parecido ocurre todos los domingos pero ya no en formato de libro, sino de programa de  TV por Canal 13. El mito ahora es antikirchnerista. La secuencia de sentido sería la siguiente: Lázaro Baéz es un ladrón, Kirchner era su  socio, las coimas se pesaban, iban en bolsos, Kirchner hizo una bóveda  en su casa para guardar la plata robada, su viuda hizo otra en el  Mausoleo donde descansan sus restos. Es decir: son lo peor que hay: usan un muerto para esconder plata. Todo este relato fantástico abreva en el “miente, miente, que algo queda”. ¿Qué es lo que queda? En principio, la sensación de que estaríamos en manos de una  mafia que no tiene límites. Es el primer paso para eliminarla o  perseguirla. Lo mismo dijeron de Perón y su gobierno. La gente sensata hoy se ríe, pero la insensata contribuye a que todo  sea verosímil, sin pensar en las consecuencias. Veamos: 1) el abogado Juan Ricardo Mussa fue a Comodoro Py y denunció a  la presidenta y su hijo, Máximo, por “homicidio simple” de Néstor Kirchner. Basó su pedido en la denuncia de dos supuestos  testigos de identidad reservada que dicen que Néstor murió de un tiro en la nuca. Quiere que exhumen el cuerpo 2) El abogado  Alejandro Fargossi, ex director jurídico de Telefónica, pidió el allanamiento del domicilio de la presidenta para verificar la existencia  de una bóveda donde estaría la plata de los jubilados. 3) Eduardo Arnold, ex vicegobernador de Kirchner, pidió que algún juez allane el Mausoleo donde descansa el cuerpo de Néstor porque, debajo, habría una caja fuerte con la plata de la corrupción. Todo esto es amplificado por los  medios hegemónicos. El proceso de realimentación está en marcha.  El Libro negro de la tercera tiranía comenzó a escribirse. Esta vez, desde el formato audiovisual y en tiempo real. Comenzó con la denuncia por el supuesto lavado de dinero de Lázaro Báez que hizo Jorge Lanata desde Canal 13, canal del Grupo Clarín S.A., a quien Lanata denunció en 2009 por lavado de dinero. Lo que sigue a la estigmatización es la  discriminación y la persecución. Dijo la rue: "un aporte invalorable a la democratización de los medios" Cuando Gabriela Knaul, la titular de la Relatoría Especial de la ONU sobre asuntos de justicia, salió a criticar el paquete de leyes para democratizar el  Poder Judicial, Clarín y La Nación se hicieron un festival. Los dichos de la brasileña fueron divulgados hasta el cansancio por el sistema antikirchnerista de medios. La idea subyacente de que el país está aislado del mundo y sólo cosecha crítica de organismos y personalidades con algún relieve, adoptó un anclaje real en la intervención de Knaul, que fueron reprochadas de modo airado por la Cancillería argentina. Esa vez, tanto Clarín como La Nación sólo tuvieron que amplificar algo que una funcionaria extranjera dijo, y con eso contribuir a su campaña  en defensa de la "justicia corporativa" revestida de retórica republicanista, que es idéntica a la que usa la FACA de De Felipe y la oposición para plantear su "emboscada cautelar" contra leyes votadas en el Congreso de la  Nación. Hasta acá, nada demasiado novedoso en el análisis del discurso hegemónico habitual que busca satanizar al oficialismo gobernante. Tampoco es llamativo que esos mismos diarios y su sistema de replicación  hayan omitido que otro relator especial de la ONU, en este caso, el guatemalteco Frank La Rue, que trata asuntos de opinión y libertad de expresión, volviera a elogiar la Ley de Medios argentina y se refiriera por primera vez apoyando la acción de la Defensoría del Público, creada por ella. Fue el miércoles 8, en Montevideo, adonde La Rue llegó para participar de un foro organizado por la Coalición por una Comunicación Democrática oriental, que busca la sanción de una  Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual como la argentina, impulsada en estos mismos días por el gobierno del Pepe Mujica, noticia que es –por lógica– celosamente ignorada por Clarín y La Nación, y difundida en cuenta gotas por el periodismo contrahegemónico de nuestro país, desorientado por el aturdimiento  que produce la potencia del prime time dominical de Canal 13. Sobre la Defensoría creada por el Parlamento con participación ciudadana en aplicación de la Ley de Medios, promovida por la presidenta Cristina Kirchner, expresó La Rue: "Marca un antecedente en Latinoamérica. La idea de que una Ley de Servicios Audiovisuales  incorpore una Defensoría pensando en todos los oyentes y  televidentes me parece importante y novedosa (…) Es un aporte invalorable a la democratización de los medios en toda la región. Soy miembro de Naciones Unidas y conocía organismos similares,  pero administrados por cada medio en particular. Lo novedoso del caso argentino es la autonomía de ese espacio, y el hecho de trabajar  con la totalidad de medios audiovisuales del país (…) La creación de  la Defensoría del Público de Argentina marca un antecedente único en el mundo. Por mi tarea he conocido casos de ombudsman de periódicos escritos o canales de televisión como fenómeno de autorregulación de medios; pero la idea de que una ley de servicios audiovisuales incorpore una Defensoría pensando en  todos los oyentes y televidentes de un país me parece sumamente  importante y novedosa (…). La autonomía e independencia de la entidad argentina, a partir de su vinculación con un cuerpo bicameral integrado por diputados y senadores de todos los partidos políticos, sin depender del Poder Ejecutivo (…). Uno de los objetivos más grandes que tengo como relator de libertad de expresión en el mundo es defender la libertad de prensa, pero al mismo tiempo velar por los derechos que posee todo pueblo a recibir  información plural y diversa, para ejercer sin condicionamientos su libertad de pensamiento y de opinión. La sociedad debe tener pensamiento crítico, cuestionar y desafiar la información que recibe de cualquier medio (…). Para construir ese pensamiento propio, hay que enseñarle a la niñez de nuestros países a que sepan cómo  leer y escuchar una noticia. Sólo de esa manera podrán evaluar y sacar conclusiones propias. Estoy seguro que ese será el principal aporte de la Defensoría al pueblo argentino, y por eso felicito su aparición." Para los que quieran ver y escuchar la intervención de La Rue, está disponible en  <">http://www.youtube.com/watch?v=BcS34wsUyM8>, gracias a la cobertura periodística de la agencia Télam.