Por Alberto Castagnoli
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) puso en marcha un plan de facilidades de pago para deudas contraídas hasta el 28 de febrero último en materia impositiva, aduanera y de seguridad social.Para adherirse por ejemplo un kioquero de barrio que debe cuotas del monotributo puede adherirse por intermedio de la pagina web de la Afip hasta el 31 julio.
En tanto mañana aquellos que se llevaron dinero al exterior, podrán ingresarlo a la Argentina.No tendrán ninguna sanción penal y además no se le cobrará impuesto alguno.-
En lo que se refiere a los empresarios que tienen su dinero en el país y sus actividades el organismo regenteado por Etcheragay le ofrece la posibilidad de regularizar esas obligaciones en 10 años, con una tasa de interés de 1,35 por ciento mensual. Técnicamente no se trata de una moratoria, pues no incluye quitas en el capital adeudado ni en los intereses por mora.La financiación es a 120 meses
Esta medida permitirá a algunos sectores continuar con su actividad y mantener sus planteles de personal.
En tanto mañana aquellos que se llevaron dinero al exterior, podrán ingresarlo a la Argentina.No tendrán ninguna sanción penal y además no se le cobrará impuesto alguno.-
En lo que se refiere a los empresarios que tienen su dinero en el país y sus actividades el organismo regenteado por Etcheragay le ofrece la posibilidad de regularizar esas obligaciones en 10 años, con una tasa de interés de 1,35 por ciento mensual. Técnicamente no se trata de una moratoria, pues no incluye quitas en el capital adeudado ni en los intereses por mora.La financiación es a 120 meses
Esta medida permitirá a algunos sectores continuar con su actividad y mantener sus planteles de personal.
| PIEDRA LIBRE!!!!! | ||
En tanto la ley de Exteriorización de Capitales, conocida como "blanqueo de capitales", comenzará a regir a partir de mañana y por 90 días, con el objetivo de que ahorristas puedan, ingresando dinero o inversiones en el exterior, declararlo y regularizar su situación frente al Fisco.
La ley 26.860 habilita el ingreso al país de dinero no declarado sin tener que precisar el origen de los fondos y con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos.
A cambio, se deberá optar por la suscripción de dos bonos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), que también cuenta con una versión denominada Pagaré.
Los CEDIN tienen como objetivo resucitar la construcción y el sector inmobiliario luego del efecto que provocó en ambos segmentos el cepo cambiario, mientras que los BAADE buscan captar fondos para obras de infraestructura en el sector energético, principal factor de desequilibrio de las finanzas públicas.
Los CEDIN serán transformados en dólares ante su sola presentación en una entidad bancaria, luego de que fueran aplicados a una operación de construcción o inmobiliaria.
La garantía de cobro está dada por el Banco Central que administra un fideicomiso integrado por el cien por ciento de los fondos exteriorizados.
Pero además para potenciar su utilidad el Gobierno estableció que los CEDIN podrán utilizarse como medio de pago para cualquier operación dentro de la economía, como, por ejemplo, adquirir una bicicleta, comprar un auto o un electrodoméstico.
De esta forma los CEDIN circularán libremente por la economía (mediante un sistema de endosos) y quedarán habilitados para ser transformados en divisa extranjera sólo después de que sean aplicados a una operación inmobiliaria.
Los CEDIN tendrán cotización en el mercado secundario, con lo cual el Gobierno aspira a que su rotación tenga efecto sobre el tipo de cambio y limite los movimientos del dólar blue.
La ley estará vigente hasta el 30 de septiembre pero el Poder Ejecutivo tiene la facultad de prorrogar su vencimiento sin necesidad de pasar por el Congreso de la Nación.
La norma fue cuestionada por la oposición desde el temor que los dineros a ingresar provengan de actividades ilícitas.
Ante la parálisis que sufre, el sector inmobiliario apoyó la norma, pero todas las voces coinciden en que el éxito del plan radica en la cantidad de dinero que sea blanqueado.
El Gobierno tiene como expectativa conseguir al menos 4 mil millones de dólares, monto que ingreso al blanqueo que se realizó en 2009.
La ley 26.860 habilita el ingreso al país de dinero no declarado sin tener que precisar el origen de los fondos y con el beneficio adicional de no sufrir penalidades ni tener que actualizar el pago de impuestos.
A cambio, se deberá optar por la suscripción de dos bonos nominados en dólares: el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) y el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Energético (BAADE), que también cuenta con una versión denominada Pagaré.
Los CEDIN tienen como objetivo resucitar la construcción y el sector inmobiliario luego del efecto que provocó en ambos segmentos el cepo cambiario, mientras que los BAADE buscan captar fondos para obras de infraestructura en el sector energético, principal factor de desequilibrio de las finanzas públicas.
Los CEDIN serán transformados en dólares ante su sola presentación en una entidad bancaria, luego de que fueran aplicados a una operación de construcción o inmobiliaria.
La garantía de cobro está dada por el Banco Central que administra un fideicomiso integrado por el cien por ciento de los fondos exteriorizados.
Pero además para potenciar su utilidad el Gobierno estableció que los CEDIN podrán utilizarse como medio de pago para cualquier operación dentro de la economía, como, por ejemplo, adquirir una bicicleta, comprar un auto o un electrodoméstico.
De esta forma los CEDIN circularán libremente por la economía (mediante un sistema de endosos) y quedarán habilitados para ser transformados en divisa extranjera sólo después de que sean aplicados a una operación inmobiliaria.
Los CEDIN tendrán cotización en el mercado secundario, con lo cual el Gobierno aspira a que su rotación tenga efecto sobre el tipo de cambio y limite los movimientos del dólar blue.
La ley estará vigente hasta el 30 de septiembre pero el Poder Ejecutivo tiene la facultad de prorrogar su vencimiento sin necesidad de pasar por el Congreso de la Nación.
La norma fue cuestionada por la oposición desde el temor que los dineros a ingresar provengan de actividades ilícitas.
Ante la parálisis que sufre, el sector inmobiliario apoyó la norma, pero todas las voces coinciden en que el éxito del plan radica en la cantidad de dinero que sea blanqueado.
El Gobierno tiene como expectativa conseguir al menos 4 mil millones de dólares, monto que ingreso al blanqueo que se realizó en 2009.
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