niñas y adolescentes realizaban tareas laborales en
condiciones “inhumanas”. Intervino el fiscal federal
Pablo Larriera.
A partir de una denuncia formulada en enero pasado por
la organización no gubernamental “La Alameda”, la
fiscalía federal N° 1, en ese entonces a cargo de Pablo
Larriera, comenzó a intervenir en la causa por las
posibles condiciones laborales calificadas como
“inhumanas” de unas 410 personas en el “viejo predio
de disposición de residuos”, perteneciente a la
Municipalidad. Esto se debió a que esas conductas
podrían resultar presuntos casos del delito de
trata de personas.
Gracias a la investigación realizada, en principio se
pudo constatar que entre las personas se encontraban
una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes
en condiciones de extrema vulnerabilidad en el
lugar, “desarrollando algunos de ellos tareas
de separación, acopio y/o recolección de los
residuos que allí llegan, en su mayoría
acompañando a sus familias, y con problemáticas
diversas tales como adicciones, desempleo familiar,
deserción laboral y/o carencia de beneficios sociales”.
De esta manera, el fiscal Larriera solicitó al Intendente
Gustavo Pulti, que “arbitre en forma urgente
[…] todos los medios institucionales bajo su órbita
y a través de las áreas correspondientes, para impedir
el acceso de niños, niñas y adolescentes al predio
denominado ex basural a cielo abierto o predio IMEPHO”.
El objetivo del pedido fue “impedir cualquier práctica
que conlleve a las situaciones de explotación del trabajo
infantil y/o trata de personas con fines de explotación
laboral, teniendo en especial consideración las actuales
condiciones de vuelco de residuos en este predio, así
como de cualquier situación de riesgo a dicho colectivo
que allí se suscite”.
Asimismo, el representante del Ministerio Público
Fiscal consideró necesario “no sólo la adopción de
pautas de vigilancia o restricción de ingreso, sino
también la aplicación efectiva de medidas alternativas
de cuidado y/o contención de los niños que acompañan
a sus progenitores en el predio, en otros ámbitos estatales
(educacionales, sanitarios, etc.), así como la implementación
simultánea de políticas de restitución de derechos a personas
o familias en situación de vulnerabilidad que allí viven,
pernoctan y/o concurren”.
Para esto, Larriera le comunicó al intendente Pulti que
podría requerir el auxilio de fuerzas de seguridad para
llevar adelante la tarea. A la vez, le solicitó que informe
la próxima semana “el detalle y resultado de las medidas
adoptadas en el marco de este requerimiento”.
Fondos del BID
Una de las personas que aportó su testimonio a la causa
fue Silvia Adriana Martínez, de la Parroquia San Francisco
de Asis y perteneciente al grupo que se denomina “Pastoral
del Basural”.
Martínez realiza trabajos de voluntariado en el lugar y a raíz
de ello, pudo otorgar datos concretos tanto de la realidad
social imperante como de las posibles o presuntas causas
que generan la vulneración de derechos de niños, jóvenes
y adultos en el lugar. Entre otras cosas, señaló que cuando
se hizo el predio nuevo de tratamiento de residuos, su
capacidad quedó chica para la cantidad de residuos de
Mar del Plata y para las cincuenta personas que allí trabajan.
Lo anterior, señaló la mujer, llevó a que los propios camiones
de recolección de residuos comenzaran a volcar el contenido
en la planta estatal y en el predio contiguo, donde se situaba
el ex basural. Esto último generó que “toda esta gente con
problemática social y pobreza”, entre los que hay “familias,
niños, jóvenes, señoras grandes”, fuera “a recolectar basura”.
Asimismo, Martínez señaló que el Banco Interamericano
de Desarrollo, al aportar fondos a la Municipalidad para
realizar la nueva planta de tratamiento de la basura,
“entregó también fondos para solucionar el problema
social, esto es la gente desempleada que allí junta
residuos”. Sin embargo, agregó que eso “por los hechos
no ocurrió, [ya que] sigue habiendo gente recolectando
basura […]. Es decir, es una problemática social que no
es solucionada”.
Por todo ello, Larriera, en su escrito, consideró que no era
posible “abordar una gestión penal de un conflicto de
tamaña envergadura sin articular, cuanto menos, la
intervención estatal con los otros estamentos, en este
caso gubernamentales, que deben velar por la prevención
y/o cesación en la vulneración de derechos humanos esenciales”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario