El Ministerio de Economía sostuvo ayer que el juez neoyorquino Thomas Griesa le pidió, con su decisión, al Citibank y a sus directivos "que violen las leyes argentinas" y consideró que ese magistrado "se ha convertido una vez más en cómplice del intento de extorsión de los fondos buitre".
A través de un comunicado de prensa, el palacio de Hacienda sostuvo que Griesa "pretende con otra orden insólita que el Citibank de Argentina y sus directivos actúen en contra de las leyes argentinas".
Griesa rechazó el pedido de autorización para pagar los bonos reestructurados bajo legislación argentina, lo que motivó que la entidad apelara esa determinación.
El comunicado de Economía sostiene que "según Griesa, los bonos argentinos bajo ley argentina, denominados en dólares, que fueron emitidos en el marco de los canjes 2005 y 2010, deben considerarse pari passu con la deuda externa, por el solo hecho de haber sido emitidos para reestructurar la deuda".
"Claramente, estos bonos son deuda doméstica por lo que esta decisión es un despropósito a todas luces", agrega el comunicado, que añade que "esta nueva confusión se deriva una vez más de su lamentable fallo original sobre pari passu, que no responde a la lógica económica o financiera sino exclusivamente al interés de los fondos buitres".
El comunicado considera que "en un vergonzoso exceso de jurisdicción" la decisión de Griesa, quien "le ordenó a Citibank Argentina que cumpla una orden que no sólo es operativamente imposible sino que, más grave aún, expone a la sucursal argentina del Banco estadounidense a violar las leyes argentinas y perder su licencia bancaria en el país".
"En este sentido, el propio Citibank ha señalado que su sucursal en Argentina si no remite los fondos que recibe a sus clientes, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria de Argentina. La República podría revocar la licencia de Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados", menciona el comunicado.
Para Economía, "la orden del Juez Griesa vuelve a violar principios legales básicos, y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina".
"La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales" y recuerda que "aquellas entidades que operan en la República Argentina están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento".
Griesa rechazó el pedido de autorización para pagar los bonos reestructurados bajo legislación argentina, lo que motivó que la entidad apelara esa determinación.
El comunicado de Economía sostiene que "según Griesa, los bonos argentinos bajo ley argentina, denominados en dólares, que fueron emitidos en el marco de los canjes 2005 y 2010, deben considerarse pari passu con la deuda externa, por el solo hecho de haber sido emitidos para reestructurar la deuda".
"Claramente, estos bonos son deuda doméstica por lo que esta decisión es un despropósito a todas luces", agrega el comunicado, que añade que "esta nueva confusión se deriva una vez más de su lamentable fallo original sobre pari passu, que no responde a la lógica económica o financiera sino exclusivamente al interés de los fondos buitres".
El comunicado considera que "en un vergonzoso exceso de jurisdicción" la decisión de Griesa, quien "le ordenó a Citibank Argentina que cumpla una orden que no sólo es operativamente imposible sino que, más grave aún, expone a la sucursal argentina del Banco estadounidense a violar las leyes argentinas y perder su licencia bancaria en el país".
"En este sentido, el propio Citibank ha señalado que su sucursal en Argentina si no remite los fondos que recibe a sus clientes, tal como lo hará el resto de los custodios, incumplirá la ley bancaria de Argentina. La República podría revocar la licencia de Citibank Argentina e incluso imponer responsabilidad penal a sus empleados", menciona el comunicado.
Para Economía, "la orden del Juez Griesa vuelve a violar principios legales básicos, y deja en claro que sus decisiones no están basadas en derecho sino en su manifiesta parcialidad en contra de Argentina".
"La República reitera que continuará efectuando los pagos de toda su deuda normalmente, en cumplimiento de sus obligaciones legales" y recuerda que "aquellas entidades que operan en la República Argentina están obligadas a cumplir la legislación nacional, y que las autoridades locales serán inflexibles en asegurar su cumplimiento".
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