El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció ayer que el gobierno se presentará a la justicia federal para que determine si el pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitaron organizaciones civiles argentinas, violó la veda electoral en vigencia.
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El gobierno, a través de los ministros Julio Alak (Justicia) y Héctor Timerman (Relaciones Exteriores), denunció ayer una operación político-mediática para interferir en el proceso electoral argentino orquestada por sectores vinculados a la oposición y al Grupo Clarín, al referirse a una nota publicada ayer en el portal web del matutino sobre la audiencia pública que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la "Situación de la independencia judicial en la Argentina".
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció ayer que el gobierno se presentará a la justicia federal para que determine si el pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitaron organizaciones civiles argentinas, violó la veda electoral en vigencia.
El pedido de Alak involucra a las organizaciones Poder Ciudadano, Cippec, Asociación por los Derechos Civiles y Unidos por la Justicia, que solicitaron a la CIDH una audiencia para que se investigue la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial.
"El gobierno considera que es una forma encubierta de violar el código electoral, en tiempos de veda, y que el pedido fue pensado como una manera de impactar negativamente al gobierno en la opinión pública", explicó el ministro.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, anunció ayer que el gobierno se presentará a la justicia federal para que determine si el pedido de audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitaron organizaciones civiles argentinas, violó la veda electoral en vigencia.
El pedido de Alak involucra a las organizaciones Poder Ciudadano, Cippec, Asociación por los Derechos Civiles y Unidos por la Justicia, que solicitaron a la CIDH una audiencia para que se investigue la supuesta injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial.
"El gobierno considera que es una forma encubierta de violar el código electoral, en tiempos de veda, y que el pedido fue pensado como una manera de impactar negativamente al gobierno en la opinión pública", explicó el ministro.
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