La intención es dar celeridad al expediente de expropiación del exprostíbulo Casita Azul, que busca convertirse en una casa memoria de lucha contra la trata y la explotación de personas.
A través de dos notas dirigidas a Santiago Cantón, secretario de Derechos Humanos provincial, y Juan Ignacio Pérez Cursi, subsecretario de Acceso a la Justicia, quienes integran la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Mar del Plata manifestaron su intención de reunirse con la gobernadora María Eugenia Vidal en su próxima visita a Mar del Plata, con la intención de manifestarle la preocupación por la demora en el expediente de expropiación del inmueble donde funcionó durante años el prostíbulo Casita Azul, y que busca convertirse en una Casa Memoria de lucha contra la trata y la explotación de personas.
La ley de expropiación fue sancionada por la Legislatura provincial en el mes de abril del año 2014 –ley 14.592- y desde entonces se encuentra recorriendo las distintas instancias previstas para la concreción del trámite de expropiación.
Desde la Mesa dejaron evidenciada la preocupación no sólo por el tiempo transcurrido, sino además al deteriorado estado en que se encuentra el inmueble, el cual ha sufrido reiteradas usurpaciones.
A su vez, dieron cuenta de la nueva función que el espacio tendrá. Allí funcionará la “Casa Arza”, en homenaje a Beatriz Arza, fallecida en 2013, quien fuera defensora del Pueblo en la ciudad y una incansable batalladora por los derechos de las mujeres además de ser una de las promotoras de esta Mesa.
Tal como fue plasmado en la letra de la ley provincial Nº 14.592, la intención es que funcione como Casa Memoria, para mantener presentes a las mujeres asesinadas y desaparecidas en la década del 90 en Mar del Plata, visibilizar el delito de trata de personas y explotación sexual en un punto clave como lo es la ubicación de la vivienda. En ese sentido, el inmueble podrá ser utilizado como punto de referencia para la realización de talleres de género y prevención de la trata, recepción de denuncias, la posibilidad de que funcionen oficinas municipales y/o provinciales de asistencia a las víctimas, etc.
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