|  2:08 (hace 14 horas) | | ||
Ya casi terminado el período ordinario de sesiones en el Concejo
Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredon, aparece un anteproyecto
de pliego de concesión de servicios redactado a las apuradas,
propiciando una nueva etapa privatizadora del Transporte Público de
Pasajeros.
Si bien este anteproyecto aparenta tener algunos avances, el
preproyecto poco explica cómo van a hacerlas cumplir, porque tampoco
pudieron hacer cumplir las condiciones del contrato ya a punto de
expirar.
Accesibilidad y trasbordo, que aparecen como profundos cambios, están
montados sobre fundamentos tan ambiguos que parecen formulados para no
ser cumplidos; sobre accesibilidad se plantea como “servicio especial”
garantizado con una base del 30% de las unidades, ofreciendo como
opción los fracasados elevadores ¿qué tiene de especial la
accesibilidad en un transporte público? ¿Por qué razón se sigue
insistiendo en los elevadores que se comprobó en forma inequívoca que
no sirven?. El sistema de trasbordo es un recurso estratégico de
integración territorial, sin embargo en el preproyecto de licitación
se cita el trasbordo a secas. Batán, Estación Camet, Chapadmalal,
Felix U. Camet, Sierra de los Padres, etc. ¿están incluidos en el
sistema de trasbordo?, ¿en qué áreas comerciales y productivas
prestarán servicios?.
También este preproyecto claramente facilita que el servicio de
transporte colectivo de pasajeros, caiga en un sistema monopólico
donde las empresas “están obligadas” a formar una UTE y administrar
recursos públicos.
Hay que ser claros, esto no es una concesión, es una privatización,
que se pretende entregar a los mismos empresarios que fracasaron a la
hora de satisfacer las necesidades de los usuarios y las necesidades
estratégicas de la ciudad.
Sorprende ver a Centrales de Trabajadores defender los subsidios que
garantizan la rentabilidad empresarial, los mismos subsidios que son
objeto en sendas causas judiciales por estafa al fisco. Los subsidios
son para beneficio de los usuarios y se pretende con fondos públicos
garantizar las ganancias al sector privado, si el Estado debe cubrir
el déficit de las empresas privadas ¿por qué razón se niega que el
Estado administre el servicio? Ya que el sector público pone el 100%
del financiamiento del sistema de transporte (subsidio estatal y
tarifa que paga el usuario) ¿por qué razón está en manos privadas?.
Los Defensores del Pueblo, en lugar de reclamar subsidios para
empresarios ¿por qué no reclaman la aplicación de la Ordenanza 6979/87
que indica la creación de una Empresa Sociedad de Estado que
administre el Transporte? para lograr de esta forma fomentar el
servicio en zonas de la ciudad, marginadas de las políticas públicas
¿porque razón se quiere entregar fondos del Estado a los empresarios
del Transporte?.
Los marplatenses y batanenses estamos frente a un claro conflicto de
intereses. Desde distintos sectores se está reclamando el Ómnibus de
Piso Bajo y una Red Integrada de Transporte, para garantizar la
accesibilidad universal y el desarrollo armónico de todo el Partido de
Gral. Pueyrredon y claramente la Ordenanza 6979/87, con la Empresa
Sociedad de Estado, es el cambio de modelo de gestión que pone como
eje principal, las necesidades requeridas. Una nueva licitación, tal
como está expuesta, que es una privatización encubierta, solo se va a
direccionar en función únicamente de los intereses económicos
empresariales.
Deliberante del Partido de Gral. Pueyrredon, aparece un anteproyecto
de pliego de concesión de servicios redactado a las apuradas,
propiciando una nueva etapa privatizadora del Transporte Público de
Pasajeros.
Si bien este anteproyecto aparenta tener algunos avances, el
preproyecto poco explica cómo van a hacerlas cumplir, porque tampoco
pudieron hacer cumplir las condiciones del contrato ya a punto de
expirar.
Accesibilidad y trasbordo, que aparecen como profundos cambios, están
montados sobre fundamentos tan ambiguos que parecen formulados para no
ser cumplidos; sobre accesibilidad se plantea como “servicio especial”
garantizado con una base del 30% de las unidades, ofreciendo como
opción los fracasados elevadores ¿qué tiene de especial la
accesibilidad en un transporte público? ¿Por qué razón se sigue
insistiendo en los elevadores que se comprobó en forma inequívoca que
no sirven?. El sistema de trasbordo es un recurso estratégico de
integración territorial, sin embargo en el preproyecto de licitación
se cita el trasbordo a secas. Batán, Estación Camet, Chapadmalal,
Felix U. Camet, Sierra de los Padres, etc. ¿están incluidos en el
sistema de trasbordo?, ¿en qué áreas comerciales y productivas
prestarán servicios?.
También este preproyecto claramente facilita que el servicio de
transporte colectivo de pasajeros, caiga en un sistema monopólico
donde las empresas “están obligadas” a formar una UTE y administrar
recursos públicos.
Hay que ser claros, esto no es una concesión, es una privatización,
que se pretende entregar a los mismos empresarios que fracasaron a la
hora de satisfacer las necesidades de los usuarios y las necesidades
estratégicas de la ciudad.
Sorprende ver a Centrales de Trabajadores defender los subsidios que
garantizan la rentabilidad empresarial, los mismos subsidios que son
objeto en sendas causas judiciales por estafa al fisco. Los subsidios
son para beneficio de los usuarios y se pretende con fondos públicos
garantizar las ganancias al sector privado, si el Estado debe cubrir
el déficit de las empresas privadas ¿por qué razón se niega que el
Estado administre el servicio? Ya que el sector público pone el 100%
del financiamiento del sistema de transporte (subsidio estatal y
tarifa que paga el usuario) ¿por qué razón está en manos privadas?.
Los Defensores del Pueblo, en lugar de reclamar subsidios para
empresarios ¿por qué no reclaman la aplicación de la Ordenanza 6979/87
que indica la creación de una Empresa Sociedad de Estado que
administre el Transporte? para lograr de esta forma fomentar el
servicio en zonas de la ciudad, marginadas de las políticas públicas
¿porque razón se quiere entregar fondos del Estado a los empresarios
del Transporte?.
Los marplatenses y batanenses estamos frente a un claro conflicto de
intereses. Desde distintos sectores se está reclamando el Ómnibus de
Piso Bajo y una Red Integrada de Transporte, para garantizar la
accesibilidad universal y el desarrollo armónico de todo el Partido de
Gral. Pueyrredon y claramente la Ordenanza 6979/87, con la Empresa
Sociedad de Estado, es el cambio de modelo de gestión que pone como
eje principal, las necesidades requeridas. Una nueva licitación, tal
como está expuesta, que es una privatización encubierta, solo se va a
direccionar en función únicamente de los intereses económicos
empresariales.
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