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Una jueza de familia permitió que una nena de 5 años pasara los fines de 
semana con un hombre que dijo ser su padre, antes de que ninguna prueba
 lo confirmara. La nena terminó abusada, y ahora institucionalizada. No se
 cansan de hacer daño.
La historia de A es tristísima. Tanto como puede ser la trayectoria de vida de
 una pequeñita que vivió los primeros cuatro años de su vida con una mamá
 adicta a las drogas que no podía cuidar de ella, y prácticamente en situación
 de calle. No tuvo quien cuidara de su integridad, de su salud física y psíquica,
 ni de su alimentación. Hace poco más de un año, esa mamá fue internada en
 la Posada del Inti para un tratamiento de recuperación de las adicciones que 
la tenían diezmada. La pequeñita fue entregada en custodia a unos papás: la 
medida de abrigo era de carácter provisorio.
Claro que el tiempo fue pasando, y la pequeña fue desarrollando un vínculo 
afectivo con esta familia del corazón: una pareja trabajadora que ya había
 adoptado a dos hermanitos, con los que lleva una convivencia absolutamente
 normal desde hace varios años. Ahora la pequeña A tenía los cuidados de una
 familia, y concurría a un jardín de infantes de gestión privada.
La causa cursaba en el Tribunal de Familia n°2 de esta ciudad, a cargo de la 
jueza Andrea García Marcote, que no es la primera vez que demuestra no sólo 
falta de empatía con el dolor ajeno, sino hasta cierta despreocupación por las
 consecuencias de las decisiones arbitrarias que asume. La familia del corazón
ató la representación legal de Julio Razona.
Pero pasado un tiempo, apareció en el tribunal un hombre, Juan Gerardo
Luna, que dijo ser el padre biológico de A, sin más pruebas que la de
haber sido novio de su madre biológica. Para sorpresa de todos,
la jueza García Marcote lo declaró padre de la nena, y le otorgó visitas
todos los fines de semana.
Todo era falso: Luna había dejado unos datos en el tribunal que rápidamente
 se pudieron investigar. Ya no vivía en un departamento de calle Brown al 
2600 que había declarado, pero la encargada del edificio refirió haber
 presenciado que Luna era parte de algún episodio violento en la vereda 
del lugar. Tampoco trabajaba en New Bar, como había declarado: nadie lo 
conocía allí.
Inmediatamente, tanto la familia del corazón como la Asesoría de Incapaces 
se opusieron a que este hombre sin ningún vínculo comprobado, que ni 
siquiera representaba un afecto para A porque la pequeña lo había visto 
algunas veces, pudiera pasar los fines de semana a asolas con la ella. El 
abogado propuso alternativas, y dijo que si le tribunal consideraba que el 
requerimiento de visitas merecía ser escuchado, tales encuentros debían
darse en un ámbito protegido, bajo la mirada de una de las profesionales
 del poder judicial. Pero no fue atendido.

El horror

Por supuesto que las cosas sucedieron como era de esperarse. La pequeña A
no quería concurrir a tales visitas, lloraba y se enfermaba para no concurrir.
La familia del corazón no podía más que entregarla, porque no estaba en sus 
manos desoír las órdenes de la jueza. No obstante, el representante legal
continuaba presentando sus objeciones a estas visitas que a la vista de todos,
 no tenían explicación posible. Ni siquiera se sabía a dónde la llevaba esos 
fines de semana. Cuando el análisis de ADN llegó, su resultado fue
 obviamente negativo, y Juan Luna desapareció.
Hace poco más de un mes, en el jardín donde concurre la pequeña creyeron 
detectar ciertos rasgos que permitían pensar que la pequeña A podría haber 
vivido alguna situación vinculada al abuso sexual, pero el procedimiento 
implementado tampoco fue el adecuado.
Para comenzar, la denuncia pertinente no se efectuó en la Comisaría de
 la Mujer, ya que las órdenes se dieron vía telefónica. La pequeña fue
retirada de la institución, y sin mediar palabra fue internada en un hogar,
 incomunicada. No puede recibir visitas de nadie: ha perdido a su familia
 del corazón, no tiene a su madre biológica y fue retirada de su jardín de 
infantes.
Recientemente, la Cámara Gesell confirmó lo que todos temían. La pequeña
 había sido abusada por quien ella llamó Juan. Dijo que en esas visitas el 
hombre la desnudaba, la tocaba u hasta la golpeaba. Dijo además que su 
madre biológica lo sabía, porque ella se lo había contado. ¿Y ahora?
¿Por qué razón García Marcote ordenó que fuera internada sin comunicación
 alguna?¿Puede acaso la jueza comprender el peso de sus actos? ¿Puede saber
 que la decisión caprichosa de haber enviado a la pequeña con un desconocido
 sin domicilio fijo —semana tras semana— hizo que terminara siendo
abusada? ¿Se da cuenta de que no oyó las advertencias de ningún profesional? ¿Está bien García Marcote?
No es posible asegurarlo, pero la Cámara de Apelaciones deberá examinar 
exhaustivamente cada una de las decisiones que tomó la jueza. Pero ella no
 parece cuestionarse nada de lo que ha hecho. Un canal de televisión logró 
que presentara testimonio, y la jueza se encoge de hombros en un gesto de
“hago lo que quiero”.
Dijo ante las cámaras: “Para mí es un caso muy claro y lo resolví de esa 
manera. Por ahí mi manera de resolver no beneficia a todas las partes.
Pero siempre priorizo el interés del niño. Se la ha escuchado, es muy
inteligente y ella confía mucho en el juzgado. Es una relación directa con 
los chicos”.La jueza es un adulto, que explicó que la pequeña de 5 años
confía en el tribunal. Sí, debe de ser la única.
Una mujer con escasas palabras para defender su indefendible conducta 
dice que todo queda en manos de la Cámara, y que ella no puede conformar 
a todo el mundo. Pero su aspecto, su lenguaje no verbal, su desempeño 
general despiertan más sospechas que seguridades a la hora de evaluar que
 es ella quien tiene en sus manos la vida de los menores de edad. Una mujer
que le da visitas privadas a un novio de la madre que había sido denunciado 
por violencia, y encima cree que tiene razón. No pide disculpas. No dice que se equivocó. Dice que no puede conformar a todas las partes.

Su prosapia

No sabemos si este espanto se debe a falta de criterio, de conocimientos, de
 sentido común o lo que fuere, pero nadie en el departamento judicial se
 puede dar por sorprendido. Ya en 2016, este semanario publicó la nota 
anterior de esta saga bajo el título “Incompetentes”, y advertíamos que la
 jueza García Marcote tomaba decisiones insostenibles, que no cabían 
en ninguna cabeza y, lo que es peor, que iban en contra de la seguridad de 
los pequeños. Precisamente el espíritu de la ley, el “Interés superior del niño”, 
es lo que se le escapa.
En esa investigación contábamos que en 2015, el papá de Sabrina la había 
retirado del colegio en Santa Clara del Mar, y desde entonces no se sabían 
nada de ella. El hombre no tenía vínculo con su hija desde hacía dos años, y 
ni siquiera vivía en Mar del Plata. La abogada denunciaba que el tribunal de
 García Marcote se había demorado tanto en tomar medidas que había 
permitido la fuga.
Decía: “Creemos y suponemos que está en José C. Paz, pero los 
allanamientos que se ordenaron fueron 3 meses después de su 
desaparición y no dieron resultado positivo. El papá se presentó en un 
momento con letrados y denunciaron un domicilio donde supuestamente 
estaba Sabrina; fueron al domicilio y no se pudo encontrar a la menor”. 
La justicia demoró demasiado en pedir pasos sencillos que podrían haber 
ayudado a dar con el paradero de la nena. Recién el 18 de diciembre de 2015 
se solicitó el reintegro de la menor: tres meses después.
Es decir que, ante la desaparición, la jueza no tomó medidas inmediatas, 
sino que le dio al padre todo el tiempo del mundo para arbitrar los medios 
necesarios para no ser encontrado. Desde ese momento, la madre la busca
 desesperadamente y recurre a quien pueda ayudarla: “la búsqueda de 
Sabrina está también en Missing Children y llega en las facturas a los
 domicilios. Se tardó demasiado tiempo y hasta hemos tenido audiencias
 para que Sabrina pueda ser escuchada y saber lo que estaba sucediendo.
 Su progenitor nunca la trajo y no se la podía ubicar en los allanamientos,
 pero no se ordenaron medidas mayores”.
Ahora Razona se dirige al fiscal con todas las pruebas del incumplimiento 
de los deberes de funcionario público. La jueza y su mala praxis son responsables de que una niña de cinco años haya sufrido más aun de lo que ya había sufrido cuando ella tuvo acceso a dictar la medida cautelar sobre su abrigo.
Pero esta misma jueza aún continúa haciendo su voluntad. Continúa
 levantando los hombros ante la cámara que hace foco en sus gestos extraños.
 Sigue diciendo que ella no puede conformar a todas las partes. No muestra
 remordimiento ni culpa. Sigue dejando afuera a la familia del corazón, que 
son quienes, ya encariñados con la nena, advertían su temor de que esto 
sucediera. Si antes no los oía, no los atendía, y los consideraba intrusos
 en la vida de la pequeña A, ahora dice que aquí no hay padres adoptivos:
 “Se dictó la declaración de adoptabilidad, que es una resolución por medio 
de la cual se define la situación del niño. Es decir, si tiene que volver con la
familia de origen o de adopción. Ahora la cámara de Apelaciones va a rever 
si mi resolución es correcta o no y, si no, resolverá en consecuencia”.
 La jueza habla como si A fuera un expediente. Tremendos incompetentes.
Fuente Noticiasyprotagonistas.com