Detenidos alojados en cárceles y comisarías de la Provincia podrían ser excarcelados para cumplir sus condenas con medidas alternativas a la prisión, con el objetivo de descomprimir la alarmante superpoblación que se registra en Servicio Penitenciario Bonaerense, donde la cantidad de presos duplica largamente la cantidad de plazas.
La medida, que viene siendo planteada en resoluciones judiciales, forma parte de los temas que se abordarán en la mesa de diálogo con familiares de detenidos, sectores del Poder Judicial, organismos de Derechos Humanos y la Iglesia Católica creada por el gobierno de la Provincia. Y aunque todavía está en estudio, se adelantó que alcanzaría a sectores de la población carcelaria en condiciones de cumplir su condena fuera de las unidades, como enfermos, personas de avanzada edad y madres con hijos. Además, se avanzará con la descompresión de las comisarías, donde hay unos 4 mil detenidos en sólo mil plazas.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria dijeron esta mañana que el número de detenidos que podría ser excarcelados es de entre 10 mil y 15 mil. Fuentes del Ministerio de Justicia de la Provincia aclararon que no hay "ningún número sobre la mesa de discusión" y explicaron que si bien en la Mesa de Diálogo se discutirán propuestas "la decisión de excarcelar o disponer medidas alternativas como el monitoreo electrónico es de los jueces".
"Tenemos la superpoblación penitenciaria más alta en la historia de Argentina. Nunca hubo un servicio penitenciario de ningún otra provincia que haya tenido una superpoblación del 110 por ciento", dijo el jueves el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, cuando anunció la creación de la Mesa, que el próximo 6 de febrero se reunirá con familiares de detenidos dentro de alguna de las unidades carcelarias.
En la provincia de Buenos Aires hay 49.567 detenidos alojados en cárceles con una capacidad total de 24 mil plazas, según explicó el gobernador Axel Kicillof al momento de asumir. La superpoblación en comisarías es aún más grave, ya que llega al 160 por ciento. La situación derivó, en los últimos días del año pasado, en una huelga de hambre que se extendió por más de 30 de los 60 penales bonaerenses. Según los tribunales bonaerenses y los organismos de derechos humanos como el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria y la CIDH, en la Provincia hay una “crisis humanitaria” en esta materia.
La crisis por la superpoblación carcelaria fue la primera con la que debió lidiar Kicillof al asumir. Después de desembarcar en la Gobernación, ordenó crear una mesa de diálogo con distintos sectores para atender las condiciones de alojamiento, el cumplimiento de las penas y también las condiciones en que los detenidos salen en libertad una vez cumplida la pena.
La necesidad de excarcelar detenidos para descomprimir la superpoblación carcelaria de la Provincia fue planteada el año pasado en una resolución firmada por el Defensor de Casación Penal de la Provincia, Mario Coriolano, en la que exhortaba a buscar medidas alternativas de encierro.
También la Suprema Corte intervino con una resolución en la que pidió a los jueces bonaerenses que hagan un “uso razonable” de la prisión preventiva al considerar el “gravísimo panorama de las condiciones de detención". El Tribunal subrayó en ese marco “la absoluta prohibición de alojamiento de menores y enfermos en dependencias policiales, a lo que debe añadirse las mujeres embarazadas.
"Las medidas de libertad anticipada, como la condicional por ejemplo, son una de las propuestas en estudio" confirmó este mediodía Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria, que integra la Mesa de Diálogo creada por el gobierno bonaerense. "La otra es sacando a las personas que no deberían estar detenidas ni en cárceles ni en comisarías: enfermos graves, mujeres con hijos, personas con edad… hay una serie de colectivos dentro de las unidades carcelarias y de los destacamentos policiales que no deberían estar".
"Lo que se trata es de hacerlo de una manera razonable, no se trata de abrir la puerta y que salgan 10 mil o 15 mil personas, que es más o menos lo que se reconoce que estarían en condiciones de poder salir. Sino de generar progresivamente con medidas a corto, mediano y largo plazo, un sistema racional", afirmó Pomares. Y explicó: "El número de 10 mil o 15 mil personas lo está diciendo la Justicia, lo señaló un informe del Tribunal de Casación de la Provincia".
