martes, 16 de septiembre de 2008

SIGUE USANDO EL GOBIERNO EL DINERO DE LOS JUBILADOS.AHORA LE SACO A LA ANSES 5950 MILLONES DE PESOS

Frente a la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales -debido a las turbulencias globales, pero sobre todo por los problemas domésticos-, el Gobierno echó mano este año como nunca antes de los fondos de organismos públicos para cerrar las cuentas fiscales. Lo hizo a través de colocaciones de letras del Tesoro, en forma directa, en la AFIP, la Lotería Nacional, el Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas (FFRE) y, sobre todo, en la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Precisamente se conoció, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la colocación de una nueva letra en la Anses. Fue la tercera operación de este tipo en el año. Fue, también, la de mayor envergadura: $ 1400 millones, que elevaron el pasivo del Tesoro con ese organismo hasta los $ 5950 millones, casi un 50% más que el que existía a fines de 2007.
Si se agregan las suscripciones con la AFIP, la Lotería y el FFRE -un fondo creado en 2002 para asistir a las empresas endeudadas en moneda extranjera, entre otros fines-, el stock de letras del Tesoro en organismos asciende ya a $ 8106 millones, un 31,7% más que el de fines del año anterior. Se trata de una deuda en pesos, de corto plazo, que el Tesoro suele utilizar para completar su superávit con los excedentes de los organismos descentralizados que gozan de cierta autonomía, pero que, de todos modos, forman parte del Estado. Una estrategia que el Gobierno profundizó este año, y que algunos economistas resumen en tres palabras: "Raspar la olla".
"No se puede usar el superávit de los organismos sin colocarles una letra. En el caso de la Anses, este año las colocaciones en parte tuvieron que ver con el uso del superávit previsional, y en parte con captar el ahorro que posee", explicó Marina Dal Poggetto, del Estudio Bein & Asociados. Se refería al fondo de reserva con el que cuenta el sistema jubilatorio de reparto, toda una novedad en la Argentina.
Las pautas sobre el destino que se le debe dar al llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto -que según el último dato conocido cuenta con $ 18.700 millones- fueron consensuadas en el Comité de Administración de Inversiones, creado por la reforma previsional del año pasado. Lo integran el director ejecutivo de la Anses, Amado Bodou; el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y el secretario de Finanzas, Hernán Lorenzino. Hasta el 65% de ese fondo, que sirve de garantía para el pago futuro de las jubilaciones, podrá utilizarse en "operaciones de crédito público".
Justificación
En junio último, Bodou justificó esta política con un argumento simple: señaló que no puede haber un sistema previsional superavitario y, a la vez, un Estado que se financia a un alto costo. Apuntó también que lo importante era que esas operaciones "se hicieran explícitas", ya que se trata, en definitiva, de fondos que pertenecen a los futuros jubilados. LA NACION consultó en la Anses el monto disponible en ese fondo, pero no obtuvo respuesta.
Cabe otra aclaración: una parte de la emisión de letras se hace sólo para cumplir con el vencimiento de otra. Una letra reemplaza a la otra. "El Gobierno emite letras a la Anses, pero muchas no son para captar recursos para otros fines, como pagar otra deuda, sino para renovar otra letra que vence en el año y que también está en manos de la Anses. Lo mismo pasa con los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro", apuntó Ramiro Castiñeira, de Econométrica.
De hecho, en abril de este año el Tesoro colocó una letra en la Anses por 2750 millones de pesos para cancelar el vencimiento de otra emitida en diciembre, por el mismo monto, que había recaído sobre la Anses. Claro que la primera fue por 120 días, mientras que la de abril tiene un plazo de un año. "Lo importante es el incremento neto, que sin duda crece en el tiempo", concluyó Castiñeira.
El costo para el Tesoro es bajo en relación con las otras fuentes disponibles, aunque crece: la tasa anual de interés promedio de las letras colocadas fue del 7,86% el año anterior. En 2008, las letras a un plazo de seis meses o inferior mantuvieron la tasa fija, aunque el costo promedió el 9,65%.
Para las colocaciones a un año se utilizó una tasa combinada: para sus primeros seis meses de vida, el título ofrece una tasa fija, que en el caso de la colocación anunciada ayer, ascendió al 11,05%, la más alta de, por lo menos, los últimos dos años. Para el segundo período, la letra rinde lo mismo que un depósito en pesos a 180 días del Banco Nación, más un spread , o una letra del Banco Central (Lebacs) para un plazo similar. En cualquier caso, la tasa de casi 15% del último bono en dólares vendido al gobierno de Venezuela se ubicó muy por encima de estos rendimientos, y en todos los casos representan rendimientos negativos, frente a la inflación real.

No es la primera vez que el gobierno nacional recurre a los fondos previsionales -ya sean del sistema de reparto o, en el pasado más reciente, de capitalización- para obtener fondos frescos que le permitan hacer frente a los gastos y las obligaciones de la deuda.
El caso más reciente data de la última crisis económica. En 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, apremiado por el abultado déficit financiero (el Estado tenía superávit primario, pero los pagos por intereses de la deuda eran mayores) forzó a las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) a aceptar bonos del gobierno nacional cuando los mercados internacionales le dieron la espalda a la Argentina. Luego del default , las AFJP negociaron, en 2004, la adquisición del bono Cuasipar, por el que canjearon sus títulos en cesación de pagos en 2005. No son pocos los economistas que creen que el Gobierno volverá a recurrir, en caso de que lo necesite, a los fondos de las AFJP, tal como está haciendo con los recursos del sistema de reparto.
Antes de la privatización del sistema previsional otros gobiernos no resistieron la tentación de usar los fondos reservados para el pago de jubilaciones futuras. Este fue, justamente, uno de los argumentos utilizados en la reforma previsional que el propio Cavallo impulsó.

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