La Diputada Nacional por el Peronismo Federal presentó su propio proyecto de reforma del organismo que designa y destituye a los jueces. En el escrito se destacan el intento por reestablecer el equilibrio de los poderes dentro del cuerpo y la búsqueda de la excelencia.
Desde este martes 16 de marzo, la Cámara de Diputados comenzará a profundizar el debate alrededor de la reforma del Consejo de la Magistratura. Entre los proyectos a tratar se encuentra el de la Diputada Nacional Claudia Rucci, que hace eje en tres aspectos centrales: la búsqueda de la excelencia, el restablecimiento del equilibrio en la composición del cuerpo y la recuperación de la previsibilidad en la designación de sus integrantes.
El proyecto intenta reestablecer el balance entre los representantes de los distintos poderes del cuerpo, para dejar atrás la actual etapa a la que condujo la reforma que impuso el kirchnerismo en 2006. Desde esa época, el Consejo se ha caracterizado por el poder de bloqueo del oficialismo, ya que siempre hace falta uno de sus consejeros para acusar a un juez o para presentar una terna de aspirantes; por la extensión inusitada de los concursos; por las demoras en el tratamiento de algunas investigaciones; por las denuncias de manipulación de ternas y hasta por los fraudes detectados en los exámenes para ser juez.
Con el fin de reestablecer el balance adecuado entre los tres poderes, el proyecto de Claudia Rucci establece que de sus 29 integrantes, sólo 3 pertenecerán al Ejecutivo. También habrá 3 senadores y 3 diputados, correspondiendo 2 a la mayoría y 1 a la primera minoría. Se completará el cuerpo con 9 jueces, seleccionados por los propios magistrados en elecciones organizadas por la Corte Suprema; 9 abogados, escogidos por sus pares mediante una votación supervisada por el Colegio de Abogados; y 2 profesionales del ámbito académico y científico, seleccionados por los rectores de todas las universidades nacionales.
Por otro lado, el proyecto de ley de la legisladora también hace hincapié en el mejoramiento de los modos de selección de los postulantes, que deberán llevarse a cabo mediante procedimientos que garanticen una adecuada publicidad y criterios objetivos predeterminados de evaluación.
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