ALGO MAS QUE UNA FABRICA DE PAPEL

Alejandro Horowicz para Tiempo Argentino

Cuando se discute Papel Prensa, no sólo se discute Papel Prensa. Toda una leyenda corre el riesgo de derrumbarse. La de los civiles demócratas y los militares autoritarios.
–Maldita esta tierra que no tiene héroes. –No; maldita es la tierra que necesita héroes. Galileo Galilei, de Bertolt Brecht. Qué se debate cuando se exhuma la historia de Papel Prensa? En principio, la relación entre el Estado Nacional y la construcción de una fábrica de papel para diarios: un programa de autoabastecimiento de pulpa de celulosa. Sin duda; pero además, el vínculo del poder con un grupo empresario. Como ese es siempre un vínculo fechado, basta modificar el año para comprobar la entidad de los cambios.Avancemos con cierto orden. Bajo el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse se licita la construcción de una fábrica para producir pasta de celulosa. El alma del proyecto era el ingeniero César Civita, empresario de históricas relaciones con el desarrollismo. Tanto que el staff de redacción de su revista insignia, Panorama, estuvo dirigida por Pedro Larralde y contó entre sus secretarios de redacción a Marcos Merchensky, connotados desarrollistas. Todo marchaba viento en popa, hasta que el 15 de agosto de 1972 se produce una masiva fuga de guerrilleros de la cárcel de Trelew, bajo la conducción de Mario Roberto Santucho. Sólo un puñado logró su objetivo, el resto fue recapturado y conducido a la Base Naval Almirante Zar. El 22 de agosto a la madrugada, 16 de los 19 prisioneros fueron muertos, y los tres sobrevivientes hicieron saber lo que todos sospechaban: los habían asesinado a sangre fría. Esa no fue por cierto la historia oficial, pero una cosa es palpitar la falsedad y otra denunciarla. Bajo la conducción de Tomas Eloy Martínez, Panorama informa la verdad en tapa, y la respuesta del gobierno resulta fulminante. No sólo exige y obtiene la cabeza del director, además, sus relaciones con Civita quedan definitivamente afectadas. Por eso el empresario, dueño de Editorial Abril, vende todo y se marcha a Brasil, donde los aires siempre fueron menos malignos. Así concluye el primer capítulo de Papel Prensa. David Graiver era un joven y promisorio banquero que manejaba los dinerillos de la curia platense; y no sólo fue funcionario del gobierno de facto del general Lanusse, sino que también era amigo y socio de José Gelbard, quien luego sería ministro de Economía de Cámpora, Lastiri y Perón. Graiver lo asesoraría en el ministerio. El financista, además, sería el principal accionista del diario La Opinión, de Jacobo Timerman, para finalmente transformarse en banquero de Montoneros. Un cursus honorum completo. Entre las decenas de negocios que Graiver enhebró, uno lo llenaba de particular orgullo: las acciones de Papel Prensa. El hombre que no hablaba inglés logró que Sol Linowitz, uno de los más importantes abogados demócratas, representante de los EE UU en la OEA, fuera su asesor letrado y facilitara la compra de dos bancos en Nueva York. Todo esto mientras le levantaba el ánimo a Gelbard, por ese entonces un apátrida exiliado en los Estados Unidos luego del golpe militar, y viajaba en una avioneta alquilada a México. Corría el año 1976. Por cierto, Dudi Graiver no ignoraba los riesgos que enfrentaba; su trágica muerte a finales del año ’76 –¿accidente o asesinato?– nunca fue esclarecida. En alguna oportunidad dijo: “Soy un intocable, tengo las acciones de Papel Prensa.” Se equivocó, esa fue la causal de su muerte, y no su bill de indemnidad. Y la disputa por su herencia abre el tercer capítulo de las relaciones entre el poder y los propietarios de Papel Prensa. Lidia Papaleo, la viuda, y su pequeña hija de dos años, heredaban su conflictiva fortuna. Al igual que Dudi, ella creía que el paquete accionario de Papel Prensa era su escudo y por eso, contra la opinión de sus amigos, volvió a la Argentina. Miremos los hechos. Papaleo recibe una seña de 7000 dólares para vender su propiedad. Nadie ignora que para incumplir un contrato de compra-venta basta con devolver el doble del monto señado. En general, la seña suele ser, por tanto, lo suficientemente abultada para impedir que el vendedor cambie de opinión, en caso de recibir una oferta más atractiva. Salvo, claro está, que el monto ofertado sea tan elevado que resulte impensable una oferta superior. Cuando leemos la cifra final de la venta de Papel Prensa (algo inferior al millón de dólares), nos sorprendemos; un departamento en Avenida del Libertador, y no una empresa estratégica, costaba esa suma. Entonces, pese a que la suma no es de ningún modo elevada, la seña resulta claramente simbólica. La pregunta es simple: ¿Por qué la viuda de Graiver acepta eso? ¿Qué le impide cambiar de opinión? En primer lugar, el comprador –como obra en la documentación– debía contar con el aval de la Junta Militar, y el acuerdo del ministro de Economía. De lo contrario, no podía hacer la oferta. Por tanto, en este caso el aval es más importante que el precio. Nadie que no resultara aceptable para el poder podía ser titular de ese paquete accionario. De modo que la coacción a la vendedora está en la naturaleza misma de esta operación “comercial”. Más allá de lo que hoy declame cada uno. Una mirada lateral permite constatar qué le pasaba a un burgués común y corriente, si no integraba el escogido pelotón de José Alfredo Martínez. Los hermanos Greco adquirieron el Banco de Los Andes, que transformaron en la entidad financiera privada con mayor volumen de depósitos, durante la gestión del súper ministro del año 1976. Eso les permitió comprar 43 empresas de gran envergadura. La crisis financiera del año 1979 los puso en problemas, absolutamente superables, pero Albano Harguindeguy, el general a cargo del Ministerio del Interior, en consonancia con Martínez de Hoz, les dio un ultimátum: o aceptaban vender en condiciones de remate o iban presos. No vendieron y fueron presos, torturados y sentenciados. La competencia entre capitales se resolvía con la picana eléctrica en mano. La arbitrariedad brutal del poder queda sobredemostrada, incluso al interior del campo empresarial, conformando parte de las complicidades entre el gobierno y el bloque de clases dominantes. Cuando se discute Papel Prensa, no sólo se discute Papel Prensa. Toda una leyenda corre el riesgo de derrumbarse. La de los civiles demócratas, y los militares autoritarios. Una mirada menos capturada por la historia del horror permite entender que el comportamiento del cuadro de oficiales fue pergeñado o inducido por civiles. A saber, el programa económico que pone en ejecución Celestino Rodrigo, bajo la presidencia de María Estela Martínez de Perón, contó con el beneplácito de todo el arco empresarial. Los hombres de negocios que habían apoyado el Plan Gelbard volvían sobre sus pasos. Una fórmula de Martínez de Hoz sintetizaría el aserto: el desarrollismo fracasó. Y el ministro llevaría el fracaso hasta las últimas consecuencias.Hay más. Cuando el gobierno de Raúl Alfonsín constituye la CONADEP, fija una fecha intraspasable: el 24 de marzo de 1976, antes no se debía investigar. Por eso, René Favoloro, invitado a integrarla, renuncia. Era preciso ocluir algunas verdades incómodas. A saber, la derrota militar de la guerrilla es el resultado de la represión anterior al año 1976; después, continuó la caza de los militantes. Tanto la derrota en Tucumán, en el Operativo Independencia, como la última operación de envergadura, el ataque a Monte Chingolo, sucedieron durante el año 1975. Hay mucho más. Las órdenes para la represión impartidas por María Estela Martínez de Perón e Ítalo Argentino Luder, presidente provisional del Senado a cargo del Ejecutivo, no son legales. Sin embargo, en el juicio a las juntas, tanto la defensa como la fiscalía actuaron como si lo fueran. Basta mirar el Artículo 67 de la Constitución (atribuciones del Congreso) en su inciso 24, para comprobar la ilegalidad. Esas “órdenes” atropellaron las atribuciones indelegables del Congreso y, sin embargo, nadie las puso en tela de juicio, porque el golpe del ’76 fue el resultado de una coalición integrada por todos los partidos del arco parlamentario. Una muestra: la composición del cuadro de intendentes cuenta con integrantes de todas las fuerzas parlamentarias, incluso con miembros del Partido Intransigente.Entonces, el gobierno del ’76 no se reduce a “los militares”. La madeja de la impunidad no se teje con una sola aguja. Recién cuando el Congreso anula las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, durante el año 2003, los juicios del comisario Etchecolatz y del curita Von Wernich se vuelven posibles; en ese momento queda roto el pacto muro de impunidad, y se restablece la relación entre los delitos y las penas. Con Papel Prensa se inicia una nueva etapa: el debate sobre la complicidad empresarial. Por eso, la resistencia es y seguirá siendo feroz. El desafío bien vale la pena.