ALGUNAS PRECISIONES TECNICAS SOBRE LA IMPUTABILIDAD DE LOS MENORES

Escribe Ramiro Rech

Mucho se ha dicho éstos días sobre la imputabilidad de los menores y como la información no siempre es exacta, me permito hacer algunas aclaraciones para compartir al final algunas reflexiones personales con ustedes.
Para empezar hay que aclarar que la “imputabilidad” es, a grandes rasgos, la capacidad de “comprender la criminalidad de un acto”, es decir, de saber que lo que se está haciendo está mal.
En relación a la actual legislación que regula el régimen penal de menores, el primer dato interesante es que no es una ley sino un decreto-ley de…Videla!
Empezó a regir en agosto de 1980 y al inicio la edad de imputabilidad comenzaba a los 14 años hasta que en mayo de 1983 otro presidente de facto, Bignone, la modificó y le dio la redacción vigente hasta la actualidad.
¿Y qué dice esa redacción?
Que los menores son completamente inimputables hasta los 16 años y completamente imputables desde los 18 años.
En la franja que va desde los 16 a los 18 años son imputables por delitos que puedan tener pena superior a los dos años (en teoría, la minoría de los delitos del Código Penal pero en la práctica, la mayoría de los delitos que suelen cometer los menores –homicidio, robo con armas, etc.-).
Para ser bien claritos, con la ley actual si un menor de 16 años comete un delito ningún juez puede hacer nada y está obligado a dictar el sobreseimiento del menor (en muchas cuestiones fui y soy crítico de los jueces penales, pero en éste tema tienen razón: debajo de esa edad no pueden hacer nada).
Un reclamo que suele escucharse con frecuencia en este tema es la responsabilidad de los padres (“Manden presos a los padres!” es un clamor habitual), sobre lo cual vale hacer un par de aclaraciones.
Hay que diferenciar entre la responsabilidad penal, que implica privación de la libertad (ir a la cárcel), de la responsabilidad civil, que implica una sanción económica (indemnizar con dinero a determinadas personas).
Respecto a la responsabilidad penal, en todos los países democráticos del mundo está claro que nadie puede ir preso por un hecho cometido por otra persona, aún cuando esa persona sea el propio hijo. Esto es absolutamente lógico y explica por qué no hay posibilidad de que un padre vaya preso por un delito cometido por su hijo.
Al contrario, los padres sí pueden ser responsables civilmente, es decir, la víctima de un delito cometido por su hijo les puede reclamar judicialmente el pago de una suma de dinero en concepto de indemnización.
Simplificando: los padres no pueden ser privados de su libertad pero sí de sus bienes.
Aprovecho para comentar brevemente algunos puntos del proyecto de ley que dirigentes políticos de diversos sectores se comprometieron a tratar.
Se dice que baja la edad de imputabilidad a 14 años, lo cual es una verdad a medias.
En primer lugar, según el proyecto los menores serán imputables por los delitos que tengan un pena mínima de 3 años, lo cual deja afuera gran parte de los delitos, aunque –nobleza obliga- incluye los más graves.
Sin embargo, el proyecto le ordena al juez mantener al menor dentro de su grupo familiar (el mismo que generó el contexto para que delinca) y de resultar ello inconveniente, se lo pone al cuidado de otra familia o persona.
Sólo en casos absolutamente excepcionales se lo puede privar de su libertad, y aún en ese caso, por un plazo no superior a los tres años, sin importar el delito de que se trate.
En otras palabras, aún cuando se apruebe el proyecto en danza, la cuestión no va a cambiar demasiado.
Por mi parte, creo que las leyes permisivas con los menores que delinquen (a los que eufemísticamente se los llama “menores en conflicto con la ley”) tienen como principales víctimas a los propios menores.
Dicho de otro modo, se pueden intentar mil soluciones de tipo “tutelar” y darle al menor que delinque contención, tratamiento, asesoramiento, educación, instrucción, etc., pero si simultáneamente no se lo impone una sanción que enseñe que delinquir está mal, lamentablemente seguirá delinquiendo porque es mucho más fácil y porque es lo que sabe hacer.
Esto lo convierte en la principal víctima, ya que el mensaje que le envía el Estado a través de sus leyes es “cometé todos los delitos que quieras que mientras seas menor no pasa nada”.
De esa manera el menor no se preocupa por ganarse la vida por medios honestos y se acostumbra a delinquir porque no percibe que ello esté mal (“si no hay sanciones no debe estar mal”)… hasta que cumple 16 años.
Y de repente, lo que antes no estaba mal ahora parece estarlo. Y mucho.
Es previsible suponer que un menor piense “si yo maté a los 13, a los 14 y los 15 y nadie me dijo nada y nunca me castigaron, ¿por qué ahora que mato a los 16 me quieren meter 10 años preso?…¿qué cambió?, ¿por qué no me avisaron?”
La flojedad de las leyes penales de menores son una ofensa para con el propio menor delincuente, respecto al cual el Estado muestra una total despreocupación en lugar de corregirlo lo más temprano posible.
De la misma manera que los padres que no ponen límites a sus hijos les muestran así su desamor.
La realidad muestra crudamente que la mayoría de los menores delincuentes no llega vivo a, digamos, los 30 años. Los mata la policía, un cómplice mayor, una víctima o incluso un cómplice menor.
Por el contrario, si a un menor que delinque a los 13 años se le impone una sanción efectiva es muchísimo más probable que la próxima vez haga mayores esfuerzos por vivir dentro de la ley y que la delincuencia sea la última opción, y no la primera como sucede en muchos casos.
No quisiera dejar de hacer otra reflexión para refutar un absurdo sostenido por muchos intelectuales supuestamente garantistas, que casi siempre explican la delincuencia infantil por la situación familiar, económica, social, etc.
Lo cierto es que existe una gran cantidad de chicos pobres, desamparados, abusados o golpeados y afortunadamente el 99 % no delinque. De una u otra manera se las arreglan para vivir sin violar la ley ni perjudicar a terceros.
Es el otro 1 %, o quizás menos, el que hace los desastres que hace y el que nos obliga a discutir todo esto.
Por eso creo que es hora que nos apartemos del discurso fascista de los garantistas que asimilan la pobreza a la delincuencia y, en consideración a los propios menores, les impongamos sanciones que los ayuden a discernir sin lugar a dudas que es lo correcto y que no.
Hasta la próxima…